En los últimos diez años, no ha habido en Francia ningún suceso o hecho luctuoso grave que haya conmocionado al país –ya sean grandes disturbios, asesinatos o crímenes sexuales– que no haya generado, cual una respuesta pavloviana, la aprobación de una nueva ley en materia de seguridad o la reforma de una norma ya existente para endurecer la lucha contra la delincuencia.
Los recientes atentados de Toulouse son la más reciente muestra de esta política: cuatro días después de la matanza de la escuela judía Ozar Hatorah, el presidente Nicolas Sarkozy anunció nuevas medidas contra el islamismo radical –entre ellas la de penalizar la consulta de sitios web de contenido yihadista–.
Desde que Nicolas Sarkozy, abanderado de la tolerancia cero, tomó las riendas de la política de represión en 2002, al ser nombrado ministro del Interior, se han tramitado y aprobado une veintena larga de proposiciones o proyectos de ley sobre seguridad. Su elección como presidente de la República en 2007 no cambió nada al respecto, si acaso reforzó esta práctica, en la que algunos expertos críticos no ven más que una hábil política de comunicación. “Globalmente, la llegada de Sarkozy no marca ninguna mejora decisiva en la lucha contra la violencia”, declaró tiempo atrás el sociólogo Sébastien Roché, especialista en materia de seguridad y autor de un libro de referencia sobre la revuelta de las banlieues del otoño de 2005.
Los datos oficiales del Observatorio Nacional de la Delincuencia no son muy halagüeños para el presidente francés. Porque si es verdad que el número global de delitos ha bajado en el último decenio, los actos de violencia contra las personas han aumentado en cambio del orden el 20%. Un dato que cuestiona la efectividad de la mera respuesta penal y que pone sobre le mesa el problema –real– de la progresiva merma de efectivos de la policía.
Lo mismo vale para la denominada “violencia urbana”, que en Francia es perpetrada menos por grupos antisistema que por bandas de jóvenes de los suburbios, que acostumbran a actuar básicamente en los propios barrios de las banlieues –por lo general, para proteger sus tráficos ilegales de la actuación de la policía– y más raramente en el centro de las ciudades, donde aprovechan movimientos de protesta juveniles para infiltrarse, provocar destrozos, pillar comercios y hostigar a las fuerzas de seguridad.
Este tipo de violencia, pese a las medidas adoptadas en los últimos años –comparecencias inmediatas ante el juez, endurecimiento de las penas mínimas por violencias agravadas–, reaparece de forma regular en Francia. Tras los graves disturbios de 2005, erupciones de violencia semejantes –aunque no tan extendidas– ha habido, por citar sólo algunas, en Villiers-le-Bel (2007), Lyon (2010) o Grenoble (2011). Después de los disturbios en esta última ciudad, Sarkozy anunció un endurecimiento de las sanciones penales para los menores de edad entre 16 y 18 años. Pero el Consejo Constitucional tumbó la mayoría de las medidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario