Siete años después del seísmo provocado por el no francés al proyecto de Constitución europea, en el referédum del 29 de mayo de 2005, Francia se dispone a zarandear de nuevo a Europa. A partir del próximo 6 de mayo, el nuevo presidente electo, tanto si es Nicolas Sarkozy como François Hollande, llamará a la puerta de Bruselas para plantear una revisión drástica de las políticas comunes en materia económica, comercial o de inmigración.
El magma inestable de 2005 sigue activo en la sociedad francesa y ha emergido de nuevo con fuerza en esta campaña electoral, donde los dos favoritos están fuertemente presionados, cada uno en su campo, por el discurso abiertamente antieuropeísta de los dos candidatos minoritarios más pujantes: Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional (FN), y Jean-Luc Mélenchon, de la coalición Frente de Izquierda.
Con los sondeos en la mano, es muy probable que sea el socialista François Hollande –que aventaja a su rival por diez puntos cara a la segunda vuelta– el encargado de llamar a la puerta. Sería la peor noticia para la canciller alemana, Angela Merkel, que había logrado en este terreno una sólida entente con Nicolas Sarkozy.
Hollande, con el apoyo de los principales partidos socialistas europeos, condiciona la ratificación por Francia del tratado presupuestario europeo –obra de la alianza franco-alemana Merkozy como respuesta a la crisis– a la adopción de un nuevo pacto por el crecimiento económico que complemente y vaya más allá de la política de disciplina. La austeridad como único horizonte, argumenta Hollande, conducirá a Europa al “fracaso y la impotencia”, y acabará por enajenar el apoyo de los pueblos a la causa de la construcción europea.
El equipo del candidato socialista trabaja ya en la redacción de un memorándum que, en caso de resultar elegido, será enviado a todos los socios de la UE al día siguiente de su toma de posesión –hacia el 16 de mayo–, con el fin de poder abordar el asunto en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio. Antes, siguiendo una arraigada tradición, Hollande hará su primer viaje oficial a Berlín.
Los socialistas franceses creen no estar solos. Y no únicamente por la coincidencia de puntos de vista con los socialdemócratas alemanes del SPD. Las dificultades de algunos países como España u Holanda para cumplir con las previsiones de déficit, a causa de la política de austeridad, les hace confiar, según valora un consejero de Hollande, en ganar nuevos aliados para su causa.
Las propuestas del candidato socialista al Elíseo son keynesianismo puro: se trata de poner en marcha planes de inversión europeos en infraestructuras, proyectos en materia de energía, investigación e innovación, con el fin de relanzar la actividad económica. Para financiar estos programas, Hollande plantea ampliar el papel del Banco Europeo de Inversiones, crear euro-bonos –para financiar proyectos, no para mutualizar deuda–, establecer una tasa sobre las transacciones financieras y reorientar los fondos estructurales, hoy infrautilizados.
Hollande pretende también, para horror de Berlín, ampliar las misiones del Banco Central Europeo (BCE), hasta ahora estrictamente limitadas, y aprobar medidas comerciales proteccionistas en aras de la reciprocidad.
Lo mismo plantea, en este último terreno, Nicolas Sarkozy, determinado a cambiar radicalmente la orientación de la política comercial europea. “Europa debía protegernos, pero ha agravado nuestra exposición a la mundialización”, considera el presidente francés, quien reclama la aplicación del principio de reciprocidad en los intercambios comerciales con países terceros y la adopción de una Buy European Act que, a semejanza de lo que hace Estados Unidos, prime los productos europeos en las adjudicaciones públicas –algo en lo que ya está trabajando el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Michel Barnier–, así como la reserva de una parte de los mercados públicos a las pequeñas y medianas empresas.
Sarkozy da un año a sus socios para llegar a un acuerdo en el terreno comercial, bajo la amenaza de aplicar unilateralmente tales medidas. También da el plazo de un año para reforzar el control de las fronteras exteriores frente a la inmigración clandestina y crear una suerte de gobierno europeo ad hoc, bajo la amenaza –una vez más– de suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación.
La última estocada –por el momento– infligida por Sarkozy a sus socios europeos y a Bruselas es su decisión de congelar durante cinco años la aportación económica de Francia a la Unión Europea. Una decisión que permitiría al Estado francés ahorrar en el próximo quinquenio 3.000 millones de euros. A costa naturalmente de las arcas comunitarias.
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