François Hollande empezó dando ejemplo y rebajando un 30% su propio sueldo y el de todos los miembros del Gobierno francés. Ahora les va a tocar rascarse el bolsillo a los patrones de las grandes empresas públicas. Para algunos de ellos, que presentan unas hojas de salario exorbitantes, la cura de austeridad promete ser radical. El presidente francés se dispone ahora, tal como había anunciado en la campaña electoral, a limitar la remuneración de los presidentes de las sociedades estatales a 20 veces el salario más bajo de sus respectivas empresas.
El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha aclarado esta semana que la medida no sólo afectará a los nuevos contratados –como se pensaba–, sino también a los directivos en ejercicio. La reforma, que se pretende ejemplarizante, será adoptada por el Consejo de Ministros rápidamente, la semana que viene o la siguiente, antes en cualquier caso de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, prevista para el 17 de junio.
En cabeza de los futuros damnificados, fuertemente destacado, figura el presidente del grupo eléctrico público EDF, Henri Proglio –un hombre próximo a Nicolas Sarkozy, por lo demás–, que con un salario bruto de 1,6 millones de euros anuales, tiene una remuneración 65 veces superior a la del empleado más modesto de la compañía. Proglio podría perder el 68% de su retribución.
No será el único. Le siguen, por orden de cantidad, los presidentes de Areva, Luc Oursel, que puede perder el 35% de sus 679.000 euros anuales; el de La Poste (Correos), Jean-Paul Bailly, que podría ver amputados sus 636.000 euros en un 31%, y el de Aeropuertos de París, Pierre Graff, que se arriesga a ver rebajado en un 12% sus 553.000 euros. El patrón de la SNCF, Guillaume Pepy, en cambio, se ajusta ya a la norma y no resultará afectado.
La proporción exacta de la rebaja no podrá concretarse hasta ver la letra pequeña del decreto gubernamental. ¿La relación de 20 a 1 se establecerá realmente con el salario más bajo de la empresa, aunque se trate del de un joven aprendiz? ¿o se buscará una relación más comparable en términos de edad o de antigüedad como apuntan algunas fuentes? De que se escoja una u otra opción pueden depender miles de euros al cabo del año.
La otra gran incógnita es qué pasara en todas aquellas sociedades participadas por el Estado en las que sin embargo es un accionista minoritario, como Air France, Renault, GDF-Suez o EADS.
Para balizar el camino y calentar el ambiente, el Estado francés ha forzado esta semana sendas votaciones en Air France-KLM y el grupo aeroespacial y de defensa Safran contra remuneraciones acordadas por la dirección. En el caso de la compañía aérea, donde el Estado controla el 15% del capital, los representantes gubernamentales consiguieron que la asamblea general de accionistas rechazara, por el 79% de los votos, la indemnización de 400.000 euros en concepto de una cláusula de no-competencia atribuida a finales de 2011 al ex director general Pierre-Henri Gourgeon.
Nada obliga legalmente a Gourgeon a devolver esta cantidad y no parece que el ex directivo vaya a ser sensible a la petición del nuevo ministro de Economía, Pierre Moscovici, de reembolsar esta indemnización por una cuestión de “moral”. Pero lo importante para el Gobierno no es tanto eso como haber lanzado un mensaje diáfano sobre lo que no está dispuesto a tolerar a partir de ahora. El presidente de Air France-KLM, Jean-Cyril Spinetta, debió tomar buena nota, porque cuando defendió la concesión de la indemnización a Gourgeon fue abucheado por la sala.
Los representantes del Estado en la asamblea de accionistas de Safran –donde cuenta con el 30% de las acciones– aprovecharon también la ocasión el jueves para forzar el rechazo, por el 55% de los votos, de la pensión extraordinaria de dos años de salario –a sumar a la indemnización legal– pre-otorgada al presidente, Jean-Paul Herteman, en caso de ser relevado en la presidencia.
La rebaja salarial de los patrones de las empresas públicas, que Moscovici justifica en nombre de la “moralización de los directivos empresariales”, cuenta con un amplio respaldo social: según un sondeo de TNS-Sofres difundido el viernes la medida es apoyada por el 80% de los franceses.
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