Tres semanas ha tardado solamente François Hollande desde que asumió la presidencia de la República para atacar una de las reformas más importantes y simbólicas de Nicolas Sarkozy: la de las pensiones, con el retraso progresivo de la edad legal de jubilación de 60 a 62 años. La contrarreforma impulsada por el nuevo presidente francés es parcial y limitada, y sólo afectará a una pequeña parte de los trabajadores: unos 120.000 el año que viene, que podrán jubilarse a los 60 años si empezaron a trabajar con 18 o 19 años y tienen todas las cotizaciones requeridas –41,5 anualidades– satisfechas. La medida, traducción práctica de una de las principales promesas electorales de Hollande, está lejos pues de representar una marcha atrás total: con Sarkozy esta excepción ya se aplicaba a quienes empezaron su vida laboral a los 17 años.
La contrarreforma entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, después de que el Gobierno –previa consulta del Consejo de Estado y de la Caja de Pensiones– publique formalmente el decreto, lo que se producirá probablemente a principios de julio. Pero Hollande tenía prisa y el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a las condiciones de la medida: justo a tres días de la primera vuelta de las elecciones legislativas, en la que el presidente francés se juega tener una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional para poder gobernar con comodidad.
Si la contrerreforma de Hollande no será radical, tampoco será económicamente inocua. En un momento en que diversos organismos nacionales y extranjeros –desde al Tribunal de Cuentas hasta la Comisión Europea– han alertado al nuevo Gobierno francés del riesgo de descontrol del déficit público, Hollande empieza por gastar más. De entrada, serán 1.200 millones de euros al año, para llegar al final del mandato a alrededor de 3.000 millones anuales. Menos de lo calculado por el propio Partido Socialista en su programa electoral –que preveía unos 5.000 millones–, pero un sobrecoste en cualquiera de los casos. Para compensar esta parcial marcha atrás y no agravar la situación deficitaria de la Seguridad Social –que de acuerdo con la reforma Sarkozy debería recobrar el equilibrio en 2020–, se aumentarán progresivamente las cotizaciones patronales y salariales hasta 0,25 puntos.
El margen superior hallado por el Gobierno ha sido aprovechado para aumentar los beneficiarios de la medida. Así, las mujeres con tres o más hijos podrán contabilizar como cotizados seis trimestres por baja maternal –en lugar de los cuatro reconocidos por maternidad– y los parados, por su parte, dos trimestres.
La derecha, como era de esperar, ha puesto el grito en el cielo. Para empezar, por el método empleado –el decreto gubernamental–, que hurta el debate del Parlamento, actualmente con mayoría absoluta de la UMP. Y a continuación, por poner en peligro la lucha por la reducción del déficit.El ex primer ministro François Fillon advirtió que la política de no reducir el gasto y aumentar las tasas y los impuestos “no es sostenible”. “El Gobierno no mide la gavedad de la situación”, añadió. Lo que no hará de todos modos el nuevo Ejecutivo socialista es empezar a pasar las tijeras antes de las elecciones legislativas. Eso vendrá después.
La ministra y los ‘petardos’
Audacia para unos, bisoñez para otros, la ministra de Vivienda del nuevo Gobierno francés, Cécile Duflot, ha agitado las aguas políticas al defender a título personal la despenalización del cannabis. A juicio de la ministra, la secretaria nacional de Los Verdes, esta sería la única manera de combatir eficazmente el narcotráfico. La salida de Duflot, fuertemente criticada desde la derecha, ha hecho maldita la gracia el Ejecutivo, cuya posición oficial es contraria a la despenalización. El presidente francés, François Hollande, lo dejó claro durante la campaña electoral para zanjar tambien entonces un principio de polémica. Hollande se pronunció por no perseguir a los consumidores, pero en absoluto por legalizar el comercio de esta droga supuestamebte blanda. Para Duflot, que la comparó con el tabaco y el alcohol, lo es. Pero cada vez hay más médicos y especialistas que advierten de los elevados riesgos para la salud del consumo de cannabis. En Francia se calcula que hay 1,2 millones de fumadores habituales de petardos, según el Observatorio Nacional de las Drogas. Para Henri Guaino, ex consejero de Nicolas Sarkozy, la propuesta es “un desastre moral”.
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