La Unión Europea movilizará alrededor de 120.000 millones de euros –cifra equivalente al 1% del PIB europeo– para financiar inversiones que contribuyan a relanzar la actividad económica. Los representantes de los 27 acordaron anoche dar su luz verde al contenido del llamado Pacto por el Crecimiento propuesto conjuntamente por Alemania. Francia, Italia y España con el aval de la presidencia de la UE y la Comisión Europea. El primer ministro italiano, Mario Monti, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, condicionaron su apoyo al plan -cuyo contenido han compartido desde el primer momento- a que se adoptaran medidas urgentes para estabilizar el problema de la deuda en sus dos países. El acuerdo se cerró ya de madrugada
El Pacto por el Crecimiento es la condición que el presidente francés, François Hollande, había impuesto a sus socios para ratificar el Tratado de Disciplina Presupuestaria impulsado por su antecesor, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, aprobado por el Consejo Europeo el pasado mes de noviembre. El nuevo presidente francés, que no cuestiona la necesidad de una consolidación fiscal, entiende que la mera austeridad no sólo no resolverá la crisis, sino que la agravará, si no está complementada con una política que contribuya a relanzar la débil actividad económica en el continente. “Yo quería una cifra, no una mera declaración”, subrayó ayer a su llegada a Bruselas. La cifra, de hecho, la ató ya en la cumbre a cuatro bandas celebrada la semana pasada en Roma con Merkel, Monti y Rajoy. Pero si Hollande ha sido el catalizador del Pacto por el Crecimiento, el contenido del plan recoge en la práctica casi punto por punto una serie de propuestas en las que había trabajado previamente la Comisión Europea.
Los 120.000 millones de euros previstos procederán de tres fuentes: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya recapitalización –a la altura de 10.000 millones– debería permitir obtener en los mercados 60.000 millones para financiar proyectos; los Fondos Estructurales Europeos, de los que se reatribuirán 55.000 millones ahora no utilizados, y una emisión por valor de 4.500 millones de lo que se ha venido en llamar project bonds, una suerte de euro-bonos, garantizados por el presupuesto comunitario, para financiar proyectos de inversión. No confundir, pues, con las euro-obligaciones planteadas para mutualizar la deuda de los Estados.
Francia considera que la mayor parte de estos 120.000 millones debería poder movilizarse rápidamente, aprovechando proyectos ya identificados por Bruselas. Otra cosa es que el volumen de este plan a lo Roosevelt vaya a ser suficiente para revitalizar una economía en estado catatónico. Algo que diversos analistas han puesto en duda. El profesor Paul De Grauwe, de la London School of Economics, aunque favorable al plan, consideró en declaraciones de France Presse que su montante es “bastante limitado” y que la ejecución de los proyectos “llevará tiempo”.
Más allá de sus efectos económicos, para François Hollande, la aprobación del Pacto por el Crecimiento tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de la política interior. El presidente francés, en efecto, había hecho de este asunto una prioridad ineludible durante la campaña de las elecciones presidenciales, hasta el punto de amenazar con la no ratificación por parte de Francia del Tratado de disciplina presupuestaria y tensar las relaciones con Angela Merkel.
Uno de sus principales objetivos, público y confeso, era reconstruir con Alemania una relación más equilibrada de lo que fue durante la era Merkozy y ofrecer a la opinión pública francesa la imagen de un presidente firme y determinado. Merkel ha cedido aquí, pero para mejor consolidar su férrea política de austeridad.
Si la eficacia del Pacto por el Crecimiento es dudosa, también lo es que Hollande haya conseguido –o vaya a conseguir– recuperar el peso perdido en la relación bilateral. Mientras Alemania siga siendo el garante financiero último de Europa y Francia –lastrada por su deuda y sus déficits– tenga un pie al borde del mismo abismo en el que se debaten España o Italia, Berlín seguirá imponiendo su ley. Por más que, en aras de la construcción europea, acepte algunos compromisos con su socio preferencial.
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