Burdeos,
Nantes, Tours, Orléans, Biarritz, Toulouse... Una detrás de otra,
diversas ciudades francesas han decidido ya prohibir –o han anunciado su
intención de hacerlo– el nuevo espectáculo del controvertido humorista
Dieudonné, Le Mur (El Muro), por sus contenidos
antisemitas. En el punto de mira del Gobierno francés, el cómico tenía previsto
iniciar el jueves en Nantes una gira que debería llevarle a una treintena de
localidades de aquí a finales de abril. Pero las autoridades están determinadas
a impedirlo. “Frente al antisemitismo, frente a las alteraciones del orden
público que suscitan las provocaciones indignas, frente a las humillaciones que
representan las discriminaciones, pido a los representantes del Estado y en
particular a los prefectos que estén vigilantes y sean inflexibles”, declaró
ayer a este respecto –aunque sin mencionar directamente al humorista– el
presidente de la República, François Hollande.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Manuel
Valls, envió el lunes una circular a los prefectos en la que les detallaba las
posibilidades legales de prohibir un espectáculo de forma preventiva –algo que
choca a priori con el derecho a la libertad de expresión y a la libertad
artística–, particularmente al asociar al concepto de riesgo de alteración del
orden público todo atentado contra “el respeto debido a la dignidad de la
persona humana”. Una interpretación de la ley un tanto arriesgada y que los
tribunales –que ya habían anulado alguna prohibición municipal en el pasado, en
Perpiñán, por ejemplo– podrían acabar tumbando.
La primera aplicación práctica de la circular la decidió
ayer el prefecto del Loira Atlántico, Christian de Lavernée, que decretó la
prohibición del espectáculo de Dieudonné programado para mañana jueves en el
teatro Zénith de Nantes y para el que se habían vendido ya 5.000 entradas.
Algunos alcaldes se han pronunciado también por seguir este
mismo camino. El primero en anunciarlo fue el alcalde de Burdeos, el ex primer
ministro Alain Juppé, una de las figuras de la derecha –junto al presidente de
la Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean-françois Copé– que se ha
alineado de forma firme e inmediata con el Gobierno. No es el caso de todo el mundo. El exministro del Interior
Brice Hortefeux, fiel entre los fieles del ex presidente Nicolas Sarkozy,
censuró naturalmente el comportamiento de Dieudonné, pero puso asimismo en tela
de juicio la legalidad de la prohibición preventiva de su espectáculo. Lo mismo
que hizo, por otra parte, la presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le
Pen, cuyo padre, Jean-Marie, es padrino de uno de los vástagos del cómico.
Los cierto es que la cuestión no está nada clara y las
opiniones están bastante divididas. Tampoco comulgan con la prohibición
preventiva los ecologistas, los comunistas y los izquierdistas radicales. Ni la
Liga de Derechos del Hombre. Para todos ellos, la justicia debe actuar a
posteriori. El problema es que ya lo ha hecho y ha condenado a Dieudonné más de
media docena de veces con decenas de miles de euros de multas, pero el
humorista ha conseguido hasta ahora presentarse como insolvente y eludir el
pago.
La presión sobre el cómico ha aumentado hasta tal punto que
incluso los propietarios del Théâtre de la Main d’Or, que Diudonné tiene
alquilado desde el año 1999 y donde representa de forma regular –sin que el
alcalde de París, Bertrand Delanoë, favorable ahora a la prohibición, haya
tomado ninguna decisión administrativa para impedirlo–, se plantean
rescindirle el contrato.
Los abogados del humorista han anunciado que su cliente
presentará recurso administrativo contra todas y cada una de las prohibiciones.
Y que presentará asimismo ocho demandas por difamación contra diversos medios
de comunicación, el Consejo de instituciones judías (Crif) y contra Manuel
Valls. En este último caso, los letrados han decidido dirigirse al Tribunal de
Justicia de la República, única instancia habilitada para enjuiciar a un
ministro del Gobierno en ejercicio.
Investigación por blanqueamiento y fraude fiscal
Dieudonné, que se presenta como insolvente para no pagar las
multas que le impone la justicia, debe 887.135 euros al tesoro público. Según
el diario Le Monde, una investigación judicial abierta
en Orléans ha permitido constatar que el humorista –a través de las sociedades
controladas por su esposa– habría enviado desde el 2009 unos 400.000 euros a Camerún,
país de nacimiento de su padre.
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