La cuestión de
las lenguas regionales en Francia vuelve a estar sobre la mesa. Y, como siempre
que se aborda este asunto, el debate promete ser vivo y acalorado. La Asamblea
Nacional francesa aprobó la noche del martes, por una abundante mayoría de 361
contra 149 votos, una iniciativa para modificar la Constitución con el fin de
ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales, redactada en 1992, que
Francia nunca ha convalidado por el veto del Consejo Constitucional.
El objetivo de esta iniciativa, respaldada por el Gobierno
socialista, es abrir el camino para reforzar la protección y promover el uso de
las lenguas regionales. Según un recuento realizado en 1999 –lo único parecido
a un censo oficial que existe–, en Francia se hablan un total de 75 lenguas
minoritarias, incluyendo aquí las diversas lenguas regionales históricas
–occitano, bretón, corso, alsaciano, catalán, vasco, flamenco...–, el créole,
los múltiples dialectos polinesios y las lenguas de la población de origen
inmigrante que no son oficiales en sus países de origen: del árabe dialectal al
bereber, pasando por el romaní, el armenio occidental, el yiddish o el
júdeo-español.
“Durante demasiado tiempo, Francia ha luchado contra las
lenguas regionales, hoy estimamos que contribuyen a nuestra riqueza cultural”,
ha declarado la ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, al semanario L’Express, donde apunta algunas de las ideas sobre las
que trabaja el Gobierno. Entre ellas, reforzar la enseñanza de las lenguas
regionales en la escuela pública y promover –aunque no obligar, ni mucho menos
exigir– su uso en la administración, además de facilitar la rotulación bilingüe
en las señales de tráfico o aumentar las competencias de las regiones en esta
materia... En mayor o menor medida, todo esto se hace ya en algunas zonas de
Francia, pero sin ninguna cobertura legal. De lo que se trata es de blindarlo y
potenciarlo, con el fin de evitar que las lenguas regionales se pierdan.
A diferencia de España, en Francia los esfuerzos
uniformadores –de los Borbones primero y de la República después– tuvieron
éxito y las lenguas regionales tienen hoy una presencia extremadamente
minoritaria. Y su presencia recula año tras año. Un informe elaborado en julio
del 2013 por el Consejo consultivo para la promoción de las lenguas regionales
y de la pluralidad lingüística interna –aún sin hacer un censo exhaustivo–
constataba que la proporción de ciudadanos que utilizan exclusivamente el
francés en su vida diaria alcanza el 87%, cuando esta proporción era del 74% en
su infancia, lo que indica que las nuevas generaciones van abandonando
progresivamente las otras lenguas.
El Gobierno es enormemente cauto en sus planes. En ningún
caso la Constitución o las leyes reconocerán ningún “derecho colectivo” a los
hablantes de una determinada lengua, y los ciudadanos no podrán tampoco en
ningún caso exigir a la administración el uso de otra lengua que la francesa.
En francés deberán seguir siendo redactados todos los documentos oficiales
–aunque en algunos casos podrán hacerse duplicados en otra lengua– y el
bilingüismo estará excluido de la administración de justicia.
A pesar de todo, como siempre que se aborda este asunto,
empiezan a alzarse voces alertando que esta iniciativa amenaza nada menos que
la unidad de Francia. “Pronto el francés ya no será la lengua de la República”,
escribía ayer en tono apocalíptico el escritor Gérard de Cortanze en Le Figaro. Muchos lo han hecho antes que él y muchos
otros lo harán después. Hace seis años, la Academia Francesa ya se llevó las
manos a la cabeza por una iniciativa similar, que consideró “un atentado contra
la identidad nacional”.
La iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional debe pasar
ahora el cedazo del Senado. Un trámite delicado, porque los socialistas –que
han votado mayoritariamente por el texto– no tienen mayoría, el resto de la
izquierda está fracturada y la derecha es mayoritariamente contraria. Hacer
previsiones es tanto más difícil cuanto que las opiniones están divididas en
todos los partidos y puede haber –como ya ha habido– votos disidentes. En el
2008, el veto de la Cámara Alta ya forzó un reconocimiento de rango menor de
las lenguas regionales en la Constitución.
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