La llegada de
François Hollande al Elíseo y la marcha de Nicolas Sarkozy puso fin a muchos hábitos,
entre ellos –al menos en teoría– a la política de objetivos cifrados en materia
de seguridad e inmigración. El cambio, sin embargo, no ha tenido ningún
resultado apreciable, como no sea el inverso. Así, durante el año 2013, las
autoridades francesas expulsaron del país a cerca de 20.000 gitanos procedentes
del Este de Europa –los llamados roms, rumanos y
búlgaros–, el doble que el año anterior y que el precedente. “Estas
evacuaciones forzadas son la expresión de una política de rechazo que ha
empeorado con la izquierda”, ha denunciado la Liga de Derechos del Hombre,
autora de un informe al respecto.
En el 2013, el Gobierno francés desmanteló un total de 165
campamentos gitanos ilegales –sobre los alrededor de 400 que hay censados en el
conjunto de Francia– y repatrió a 19.380 personas a sus países de origen. La
cifra duplica la de las expulsiones del 2012 –9.404– y del 2011 –8.455–, año en
que gobernaba la derecha. Según la Liga, que se muestra muy crítica con el
ministro del Interior, Manuel Valls, la voluntad de represión se nota en el
hecho de que más de la mitad de las expulsiones –5.408– se produjeron en el
último trimestre del año, una época –el otoño e inicio del invierno– en el que
habitualmente se aplicaba una cierta tolerancia.
El número de expulsados es superior a la cifra de roms que, según cálculos oficiales, hay en Francia –una
población flotante de unas 17.000 personas–. Eso se explica porque muchos de
ellos regresan al cabo de poco tiempo, aprovechando el hecho de que son
ciudadanos europeos y gozan por tanto del derecho a la libre circulación en la
Unión Europea. La expulsión es legal en el caso de que el afectado no pueda
demostrar medios de subsistencia. Pero eso no impide su retorno también en toda
legalidad. “Esta política es injustificable, costosa e inútil”, ha remarcado la
Liga.
El presidente francés, François Hollande, justificó el
pasado martes en su conferencia de prensa en el Elíseo la política de
desmantelamiento de los campamentos ilegales y las expulsiones, y respaldó
explícitamente a su ministro del Interior diciendo que “Francia no tiene de qué
sonrojarse”. “No hay otra regla que la aplicación de la ley”, remachó. La proximidad de las elecciones municipales, el mes de
marzo, no hace prever que la administración socialista vaya a relajar
precisamente esta política.
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