Jueves 12 de abril, diez de la noche. Karim Anani está dentro de su coche, aparcado frente a la playa, donde tiene una cita. Otro vehículo se acerca puntualmente y se detiene junto al suyo. Antes de que se dé cuenta, dos hombres descienden y le acribillan a tiros. La escena no se produce en el Chicago de los años veinte, sino en Marsella. Los asesinos no llevan sombrero y disparan con fusiles de asalto Kalashnikov. Karim Anani es –hasta el momento– la séptima víctima mortal en lo que va de año de la guerra de bandas por el control del mercado de la droga que asuela la capital mediterránea. El año pasado cayeron muertas, abatidas, otras 13 personas...
Lo que sucede en ciudades como Marsella o Grenoble, o en la banlieue de París, es sólo la traducción más visible y espectacular del aumento de los actos de violencia estos últimos años en Francia. Curiosamente, sin embargo, el impacto social y político de esta violencia es mucho menor que el que se produjo en 2002 y que la derecha explotó hábilmente en contra del entonces primer ministro, el socialista Lionel Jospin, eliminado por el candidato del Frente Nacional de la época, Jean-Marie Le Pen, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hoy, diez años después, el problema de la inseguridad está relegado en la lista de preocupaciones de los franceses –que según un sondeo de BVA sólo es citado por el 8% de los encuestados– y casi desaparecido de la campaña electoral.
No es necesariamente una mala noticia para Nicolas Sarkozy, pese a que, ya desde sus épocas como ministro del Interior (2002-2004 y 2005-2007), ha jugado como una baza en su favor su imagen de firmeza contra la delincuencia y su política de mano dura. Esta vez, sin embargo, el presidente francés no puede ofrecer un expediente a la altura de sus promesas y expectativas.
Los datos del Observatorio Nacional de la Delincuencia y las Respuestas Penales (ONDPR) constatan, año tras año, el sostenido descenso de los robos y otros atentados contra los bienes –un total de 2,1 millones de este tipo de delitos el año pasado, un 15,3% menos que en 2006–, mientras que las violencias contra las personas no han parado de crecer: los 486.000 atentados contra la integridad física de las personas registrado en 2011 representa un incremento de casi el 8% respecto a cinco años atrás. Esta progresión se confirma si se analiza la relación con la población: los robos han pasado del 51,3 por mil en 2002 al 34 por mil en 2011, mientras que los actos de violencia lo han hecho del 6,4 por mil al 7,4 por mil en el mismo periodo.
El último boletín mensual del ONDPR, hecho público el pasado mes de marzo, constata un acusado aumento de los homicidios por motivos diferentes del robo –585, un 7,3% más– y de las tentitivas de homicidio de esta categoría –1.206, un 17,2% más–, así como de los asesinatos por ajustes de cuentas –56, un 30% más–. Los homicidios y tentativas vinculados al robo, que tanto contribuyen a la sensación de inseguridad, van en cambio a la baja –32 y 45, un 15,8% y un 19,2% menos–, lo que constribuye a explicar la relativa tranquilidad social.
Naturalmente, la inseguridad no es vivida de la misma forma según donde se viva. En los barrios difíciles de la banlieue, pese a las promesas de Sarkozy de imponer el orden y la ley de la República, las bandas de delincuentes y los traficantes campan a sus anchas. Y cuando la presión policial aumenta en algún punto –la policía no está en los barrios, donde realiza operaciones y redadas puntuales–, siempre hay alguien dispuesto a organizar una buena algarada juvenil para aligerarla.
Carentes de medios –la plantilla de la Policía Nacional y la Gendarmería se ha reducido en más de 3.000 efectivos durante estos cinco años, fruto de la política de adelgazamiento de la Función Pública–, obligados a cumplir los objetivos cifrados marcados por el Ministerio del Interior, los agentes han alimentado estos últimos años un creciente descontento.
No menor es el de los jueces, a quien Nicolas Sarkozy acostumbra a culpar de excesiva benevolencia hacia los delincuentes. En estos cinco años, y como reacción a sucesos que han conmocionado a la opinión pública, el presidente francés ha impulsado una veintena larga de reformas legales con el fin de endurecer la represión penal de determinados criminales y en particular de los multirreincidentes –hasta el punto de imponer a los jueces la aplicación de penas mínimas–. Esta escalada fue interrumpida hace un año por el Consejo Constitucional, que enmendó severamente la última reforma.
ENTREVISTA a Sebastian Roché, criminólogo, director de investigación en el CNRS y profesor de Sciences Po
“En materia de seguridad hay dos Francias”
Ministro del Interior antes que presidente, Nicolas Sarkozy ha hecho siempre de la seguridad un tema central de su política. Sus resultados, sin embargo, son más bien magros. Así lo piensa el criminólogo Sebastian Roché.
- ¿Como juzga su balance?
- Nicolas Sarkozy tenia un crédito muy importante ante la opinión pública en materia de seguridad. Pero cinco años después no es convincente. No puede presentar un balance positivo. Ni siquiera trata de hacerlo.
- El Gobierno sostiene que el número de delitos ha bajado.
- Sus resultados en la lucha contra la delincuencia son discutidos. Los robos han bajado, pero eso es debido sobre todo a que hay menos robos de coches y en los coches. Los vehículos son más seguros y ya no hay radio que robar... Es algo que se ha producido también en otros países europeos en los últimos cinco años. En cambio, han aumentado las violencias físicas de todo tipo: domésticas, vecinales, las ligadas a la delincuencia, los homicidios. Esto es más acusado en la región de París, en Marsella o Grenoble, a causa de los enfrentamientos entre bandas.
- ¿Es la sociedad francesa cada vez más violenta?
- La sociedad en su conjunto, no. Hay un aumento de la agresividad, pero se da sobre todo en las banlieues y en las barrios pobres. En algunos lugares, la violencia se ha estabilizado o reducido, mientras que en otros ha aumentado. En materia de seguridad, hay dos Francias.
- ¿Qué es lo que no funciona?
- Hay un problema de falta de visión y de coherencia. Y también de doctrina. En este terreno se ha regresado 20 o 30 años atrás: frente a una policía preventiva, Sarkozy ha optado por el modelo tradicional, de policía reactiva y ofensiva. Es un modelo superado, abocado al fracaso, basado en la hipótesis ingenua de que el nivel de delincuencia depende de la actuación de la policía y de la respuesta penal.
- En estos años se han aprobado justamente numerosas reformas para endurecer la ley...
- El endurecimiento de la justicia no baja el nivel de delincuencia. Hay estudios desde los años 70 que demuestran que el aumento de la severidad con los menores violentos aumenta la reincidencia.
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