Decididamente,
Nicolas Sarkozy es el hombre más escuchado del planeta. En el peor sentido.
Después de la agencia de seguridad norteamericana NSA –que espió a todos los
líderes europeos– y su principal consejero en el Elíseo, Patrick Buisson –que
grababa sus conversaciones con un dictáfono disimulado en la chaqueta–, ahora
son la justicia y la policía quienes escuchan también las llamadas telefónicas
del ex presidente francés... Los pinchazos, iniciados en abril del año pasado
según desveló ayer el diario Le Monde, han revelado un
posible caso de tráfico de influencias en el que estaría implicado un alto
magistrado del Tribunal de Casación. Se trata de la primera vez que un
ex presidente de la República es puesto bajo escucha judicial. Una decisión de
calado político pero en absoluto ilegal, puesto que Sarkozy no tiene ya ninguna
impunidad y, a ojos de la justicia, vuelve a ser un ciudadano ordinario.
El escándalo ha saltado por una carambola. Los jueces que
investigan la presunta financiación irregular de la campaña de Sarkozy en las
elecciones presidenciales del 2007 con dinero del régimen del coronel libio
Muamar el Gadafi, Serge Tournaire y René Grouman, decidieron en abril del año
pasado intervenir los teléfonos del ex presidente y de dos de sus antiguos
ministros del Interior, Brice Hortefeux y Claude Guéant. A lo largo de meses y
meses de escuchas no encontraron nada. Ni de Gadafi ni de ningún otro caso.
Hasta que pillaron al director de la Policía Judicial de París, Christian
Flaesch, alertando a Hortefeux de que iba a ser convocado en relación con el
caso de la financiación libia. El desliz le costó el cargo al alto mando de la
policía, pero en sí mismo no tuvo mayores consecuencias.
Salvo que... una vez que esta información fue hecha pública
por Le Monde, en diciembre pasado, Sarkozy empezó a
mostrarse extrañamente prudente y lacónico al teléfono. Los jueces, con la
mosca detrás de la oreja, no tardaron en descubrir que el ex presidente
utilizaba otro teléfono móvil, contratado con otra identidad, para sus
conversaciones sensibles. Pinchado este a su vez, descubrieron entonces el
pastel.
A partir de varias conversaciones entre Nicolas Sarkozy y su
abogado, Thierry Herzog –quien utilizaba otro móvil enmascarado–, los
investigadores llegaron a la conclusión de que un alto magistrado del Tribunal
de Casación, el abogado general Gilbert Azibert, les pasaba información sobre
el caso Bettencourt. A cambio de la cual, habría pedido al parecer una ayudita
para, tras su próxima jubilación, encontrar acomodo como consejero de Estado en
el Principado de Mónaco.
Archivada la causa contra Sarkozy en el caso Bettencourt
–donde había sido imputado por presunto abuso de debilidad en la persona de la
heredera del grupo L’Oréal, Liliane Bettencourt–, el interés del ex presidente
en este asunto radica en que el Tribunal de Casación debe decidir el próximo
día 11 si la incautación de las agendas oficiales y privadas de Sarkozy en este
caso fue lícita o no. Si no lo fue, nadie las puede utilizar. Para nada. Ahora
bien, la información contenida en estas agendas puede resultar fundamental para
otro asunto que le concierne directamente: el presunto caso de favoritismo
hacia el empresario Bernard Tapie en la indemnización acordada por la venta de
la empresa Adidas...
Los jueces del caso Gadafi decidieron el pasado día 26 poner
su descubrimiento en conocimiento del nuevo fiscal de delitos financieros, que
enseguida abrió una investigación preliminar por un presunto caso de violación
del secreto de instrucción y tráfico de influencias. El día 4 de marzo, agentes
de la policía judicial registraron los domicilios y los despachos profesionales
de Thierry Herzog y de Gilbert Azibert.
El abogado de Sarkozy protestó ayer amargamente por la
actuación de los jueces y de la fiscalía, que consideró escandalosa. “Es
monstruoso, es una violación monumental de los derechos de la defensa”, afirmó.
Herzog negó todas las acusaciones y aseguró que se trata de un “montaje”, de un
“asunto político”, que busca perjudicar a Nicolas Sarkozy.
Este era ayer también el sentimiento de la derecha, que a
sólo dos semanas de las elecciones municipales no para de recibir golpes: desde
las sospechas de desvío de fondos de Jean-François Copé hasta las grabaciones
de Buisson. Mientras los socialistas hablaban de un eventual “escándalo de
Estado”, los conservadores denunciaban un “encarnizamiento”. La exministra
Nadine Morano llegó a aludir a un “gabinete negro del
Elíseo”.
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