El magistrado
Gilbert Azibert, salpicado en un presunto caso de tráfico de influencias que
implicaría al ex presidente francés Nicolas Sarkozy, fue hospitalizado ayer en
el hospital de Burdeos por motivos poco claros. La versión oficial alude a una
caída accidental en su domicilio, que le habría dejado “sonado” y habría
precisado –al margen de algunas pruebas complementarias– únicamente unos puntos
de sutura... Otras fuentes, en cambio, citadas por la edición digital de Le Point, sostienen que el juez habría intentado
suicidarse, tras haber dicho a su mujer que “no era capaz de soportar las
sospechas y acusaciones que pesan contra él”.
Todo viene de las escuchas telefónicas a las que Sarkozy fue
sometido, a partir de abril del 2013, por los jueces que investigan el caso
Gadafi, una supuesta financiación ilegal de la campaña electoral presidencial
de Sarkozy en el 2007 por parte del antiguo régimen libio. Buscando un asunto,
se dieron de bruces con otro. A saber, un presunto intercambio de favores entre
el juez Gilbert Azibert, abogado general en el Tribunal de Casación, y el
abogado de Sarkozy, Thierry Herzog: el primero habría pasado al segundo
información confidencial sobre el caso Bettencourt, a cambio de recibir ayuda para
colocarse, una vez jubilado, como consejero de Estado en el Principado de
Mónaco. El Tribunal de Casación tiene previsto pronunciarse hoy mismo sobre la
validez de la incautación, en el marco del caso Bettencourt, de las agendas
oficiales y personales de Sarkozy.
Sea cual sea la decisión del tribunal, ello no tendrá
ninguna consecuencia directa sobre el caso Bettencourt en sí mismo, puesto que
en este asunto el ex presidente –inicialmente imputado por un supuesto abuso de
debilidad en la persona de la heredera del grupo L’Oréal, Liliane Bettencourt,
de 91 años– ya fue exculpado. Pero sí puede tenerla, y muy importante, en otros
casos que afectan a Nicolas Sarkozy. Principalmente el caso Tapie, por un
presunto trato de favor al empresario Bernard Tapie en la indemnización –de 403
millones de euros– que le fue acordada en el 2008 para poner fin al largo
litigio que le enfrentaba al Estado francés por la venta de la empresa Adidas
en los años noventa. Las agendas, de constituir una prueba válida, permitirían demostrar
que Sarkozy se reunió con Tapie en una veintena de ocasiones entre el 2007 y el
2010...
Aunque no implicado directamente en el caso, el magistrado
Azibert habría tenido acceso a información confidencial sobre los debates que
se tenían a este respecto en el Tribunal de Casación. El juez, además de amigo
personal del abogado Thierry Herzog, ocupó un alto cargo en la Administración
bajo la presidencia de Sarkozy: en el 2008 fue nombrado secretario general del
Ministerio de Justicia a propuesta de Patrick Ouart, el consejero del
presidente en materia judicial.
Todo este asunto de las escuchas telefónicas ha causado una
conmoción entre los abogados, que consideran vulnerado el secreto profesional
y, en consecuencia, el derecho de la defensa. El decano (bâtonnier)
de los abogados de París, Pierre-Olivier Sur, y el presidente del Consejo
Nacional de los Abogados (Conseil National des
Barreaux), Jean-Marie Burguburu, han protestado por la decisión de
los jueces de someter también a escucha al abogado de Sarkozy y han pedido el
amparo del presidente François Hollande, que en tanto que jefe del Estado
preside el Consejo Superior de la Magistratura.
Los abogados sostienen que no había ninguna sospecha previa
de que Thierry Herzog hubiera cometido una infracción –los pinchazos
telefónicos en principio afectaban a Sarkozy por un tema diferente–, por lo que
las conversaciones privadas con su cliente no deberían haber sido escuchadas.
Si hoy existe una investigación preliminar por tráfico de influencias es
consecuencia directa de estas escuchas, que algunos abogados no dudan en
calificar de “ilegales” o “ilícitas”.
Grabaciones piratas
El Tribunal de Gran Instancia de París decidirá el viernes
sobre la petición de Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, de retirar de la
difusión las grabaciones piratas realizadas por su ex consejero Patrick Buisson.
La pareja reclamó ayer 1 euro simbólico de indemnización al diario digital
Atlantico y 30.000 euros al ex consejero traidor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario