Veinte personas,
entre ellas el ex ministro francés del Interior Charles Pasqua; el actual
presidente de la petrolera Total, Christophe de Margerie, y varios ex altos
diplomáticos franceses, se sientan desde el lunes en el banquillo de los
acusados por el fraude del programa de la ONU Petróleo por Alimentos, que entre
1996 y 2002 permitió al régimen iraquí de Saddam Hussein vender parte de su
petróleo –hasta entonces sometido a un embargo total por su invasión de Kuwait–
con el fin de adquirir medicamentos y alimentos de primera necesidad para la
población.
El fraude, descubierto tras la caída de Saddam Hussein en el
2003 tras la guerra de Iraq, fue evaluado por una comisión de las Naciones
Unidas en entre 10.000 y 40.000 millones de dólares (entre 7.500 y 30.000
millones de euros) y salpicó a numerosos países. El Gobierno de Iraq, por una
parte, otorgaba a personalidades extranjeras amigas del régimen millones de
barriles de petróleo –que luego eran revendidos a terceros– en pago a su
tráfico de influencias en favor de la anulación del embargo. Y, por otra,
exigía el pago, por el petróleo, de un sobreprecio en negro, por encima de las
tarifas fijadas por la ONU, que iba a engrosar los bolsillos de lo notables del
régimen.
El Tribunal de París trata de determinar ahora, más de dos
décadas después de los hechos, las responsabilidades francesas en este fraude.
La vista se inició el lunes con una suspensión cautelar del juicio, debido a la
presentación de dos cuestiones previas de constitucionalidad presentadas por
una parte de la defensa. El tribunal debe decidir ahora si las considera
fundadas, a lo que la fiscalía se opone, o no. Si es que sí, deberá entonces
trasladarlas al Tribunal de Casación, lo que podría retrasar la reanudación del
juicio varios meses.
Contra el ex ministro Charles Pasqua, una de las figuras
históricas del gaullismo, hay únicamente un documento rescatado por los
norteamericanos en los archivos de Saddam Hussein, cuya autenticidad es
contestada por el acusado, que parecería implicarle en el fraude. Pero no hay
pruebas de que hubiera recibido el petróleo supuestamente asignado –dos
millones de barriles– ni que hubiera ingresado dinero alguno.
No es el caso de su ex consejero diplomático, Bernard
Guillet, a quien la acusación señala como beneficiario de 200.000 dólares
(150.000 euros). O de Serge Boidevaix, ex secretario general del Quai d’Orsay,
y Jean-Bernard Mérimée, ex representante de Francia en la ONU, que han admitido
haberse beneficiado del sistema. El primero podría haber ingresado 400.000
dólares (300.000 euros) y el segundo, 165.000 dólares (124.000 euros). El presidente de Total, Christophe de Margerie, que en la
época era director de Explotación-Producción del grupo, alega una total
ignorancia del asunto.
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