Francia cuenta con una
nueva y extraña heroína. Florence Cassez, de 38 años –de los que los
últimos siete los ha pasado en una prisión mexicana por un delito que ella
siempre ha negado–, fue recibida ayer en París con todos los honores y
convertida en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Su liberación,
decretada la víspera por el Tribunal Supremo mexicano, ha provocado
sentimientos fuertemente contrapuestos: alivio y alegría en Francia,
incredulidad e indignación en México, donde su puesta en libertad es percibida
más bien como un ejemplo de impunidad.
Detenida el 8 de diciembre del 2005 acusada de integrar una
banda criminal especializada en los secuestros –de la que su ex novio, Israel
Vallarta, era el cabecilla–, Florence Cassez fue condenada en el 2008 en
primera instancia a 96 años de cárcel, pena que le fue levemente rebajada en el
2009 a
60 años. Presentada en México como una mujer “diabólica”, su familia y sus
amigos lograron sin embargo que fuera percibida en Francia como la víctima de
un poder político y judicial corrupto. El descarado montaje de la policía
mexicana –que llegó a difundir por televisión una falsa puesta en escena de su
detención–, las lagunas del sumario y las contradicciones de algunos de los
testigos de la causa avalaron su condición de víctima. Y el miércoles llevaron
al Tribunal Supremo de México a decretar su “libertad absoluta e inmediata” por
juzgar que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados. El abogado de la
francesa, Frank Berton, da por probada la inocencia de su defendida... pero el tribunal
no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, como recordó ayer una de los
cinco magistrados, Olga Sánchez Cordero.
¿Por qué habiendo, como todavía hay, zonas de sombra en este
caso Florence Cassez fue recibida ayer en el aeropuerto de Charles de Gaulle
como una alta personalidad, casi como lo fue Ingrid Betancourt en el 2008 tras
su secuestro por las FARC colombianas? ¿Por qué la francesa tuvo derecho a ser
recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, quien además se
permitió subrayar que finalmente “hoy” –y por tanto no antes– México ha
demostrado que “es una gran democracia”? ¿Por qué tanta expectación con Cassez
y tanta indiferencia con los otros 2.000 franceses que purgan penas de cárcel
en todo el mundo?
Para entenderlo, hay que retrotraerse al año 2011, cuando el
entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, asumió personalmente la defensa
política de Florence Cassez y convirtió su liberación un asunto de Estado.
Hasta el punto de mantener un pulso con el entonces presidente de México,
Felipe Calderón, provocando la suspensión del año de México en Francia y
abriendo una seria crisis en las relaciones bilaterales entre ambos países. La
elección de Enrique Peña Nieto, más que la de François Hollande, ha cambiado la
situación.
En sus primeras palabras tras aterrizar en Roissy, Cassez
expresó su profundo agradecimiento al anterior presidente de la República:
“Nicolas Sarkozy me salvó la vida”, afirmó sin medias tintas la joven, quien
recordó que la intervención del jefe del Estado llegó en un momento
especialmente bajo para ella y le insufló nuevas fuerzas. Y, aunque de forma
más sucinta, también tuvo un gesto de reconocimiento para François Hollande
–“Les debo mucho”, dijo en plural–, cuya compañera, Valérie Trierweiler, se ha puesto
estos últimos meses decididamente al lado de la familia. El presidente de la
República hoy la recibirá hoy en el Elíseo.
Florence Cassez se mostró radiante y sonriente a su llegada
a París. Atrás quedó el sufrimiento de estos últimos siete años, que ha vivido
como una “víctima”. Atrás los sentimientos de “rabia, de odio, de cólera”, que
han dado paso a una voluntad de “perdón”. Su única voluntad, ahora, es “vivir,
ser feliz, disfrutar”.
Malestar en México
La gran mayoría de los mexicanos –un 83% según un sondeo
publicado del diario La Reforma– siguen convencidos de
la culpabilidad de Florence Cassez, cuya liberación ha sido mal recibida en el
país, especialmente entre las víctimas. Amnistía Internacional subrayó la
necesidad de garantizar los derechos procesales de los detenidos y evitar la impunidad.
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