Liliane Bettencourt, de 88 años, heredera y principal accionista del grupo de cosmética francés L’Oréal, no podrá a partir de ahora ejercer el derecho de voto en el consejo de administración de la empresa ni disponer libremente de sus bienes personales. La juez de tutelas de Courbevoie -alrededores de París-, Stéphanie Kass-Danno, decidió ayer colocar bajo tutela de su familia a la anciana multimillonaria, después de que un informe médico elaborado por cinco expertos judiciales concluyera que no está en plena posesión de sus facultades mentales.
La decisión supone una decisiva victoria de la hija de Liliane Bettencourt, Françoisse Bettencourt-Meyers, de 58 años, en la guerra de familia que la enfrenta desde finales de 2007 a su madre. Pero todavía no es definitiva. Los abogados de la heredera de L’Oréal, que hace unos días amenazó con abandonar el país si su hija conseguía colocarla bajo tutela, han anunciado que presentarán un recurso de apelación. Ello no impediará, sin embargo, la aplicación inmediata de la tutela.
La decisión de la juez coloca en manos de la hija de Liliane Bettencourt y de sus dos nietos la responsabilidad de velar por la admninistración de los bienes de la anciana, que posee la tercera fortuna de Francia, valorada en 17.500 millones de euros, según las últimas estimaciones. Ello incluye el 30% de las acciones de L’Oréal y los derechos de voto que van asociados en el consejo de administración del grupo. La multimillonaria ya había cedido hace años la propiedad de las acciones a su hija, pero conservaba todavía para sí los derechos de voto. La juez ha encargado asimismo al nieto primogénito, Jean-Victor Meyers, velar por la persona y la salud de su abuela.
Françoise Bettencourt-Mayeres envió un mensaje tranquilizador al asegurar que la puesta bajo tutela de su madre no tendrá ninguna repercusión ni sobre la gestión de L’Oréal –los derechos de voto seguirán siendo ejercidos a través del holding familiar Téthys- ni sobre el acuerdo accionarial de 2004 firmado con el grupo suizo Nestlé, segundo accionista de L’Oréal con cerca de otro 30% del capital.
La decisión judicial ha sido tomada a partir de las conclusiones de un informe realizado por un equipo de expertos judiciales –dos médicos. dos neurólogos y un psicólogo- a petición del juez de Burdeos Jean-Michel Gentil, encargado de la instrucción de las diversas ramificaciones del complejo caso Bettencourt.
El informe, cuyos detalles fueron desvelados ayer por el vespertino <CF21>Le Monde</CF>, concluye que Liliane Bettencourt padece de demencia mixta –fruto de la combinación de la enfermedad de Alzheimer y de una demencia vascular-, así como de anosognosia, término médico que designa la incapacidad del paciente de reconocer su propia enfermedad. Esto último se le diagnosticó también al ex presidente francés Jacques Chirac, lo que le permitió ausentarse del juicio en su contra por el caso de los empleos ficticios de la alcaldía de París.
El enfrentamiento entre Liliane Bettencourt y su hija surgió a finales de 2007, inmediatamente después de la muerte del padre, André Betencourt. Françoise Bettencourt-Meyers inició entonces un procedimiento por abuso de debilidad contra un amigo íntimo de la multimillonaria, el fotógrafo François-Marie Banier, con quien había sido enormemente pródiga -le hizo regalos por cerca de 1.000 millones de euros-, y contra su administrador personal, Patrice de Maistre.
Después de muchas escaramuzas judiciales, ambas partes firmaron la paz en diciembre de 2010. A cambio de retirar sus demandas, Françoise Bettencourt-Meyers consiguió que Banier y De Maistre fueran apartados, y que el fotógrafo renunciara a algunos de sus más caros regalos: dos millonarios seguros de vida de los que era beneficiario.
La paz en casa de los Bettencourt, sin embargo, duró poco. Y el pasado mes de junio la hija atacó de nuevo y pidió que se retiraran los poderes al nuevo abogado de su madre, Pascal Wilhem, al que acusó de haber convencido a la anciana de invertir una 143 millones en el holding empresarial de otro de sus clientes.
El caso Bettencourt, investigado ahora por los tribunales de Burdeos, tiene también una vertiente política, después de que se destapara que la multimillonaria habría podido financiar ilegalmente la campaña electoral de Nicolas Sarkozy en 2007.
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