La jornada de protesta nacional convocada para ayer por la mayoría de los sindicatos franceses en contra del plan de austeridad del Gobierno fue, en este sentido, una demostración de la desmovilización que existe. Apenas unas cuantas decenas de miles de franceses -270.000, según el cálculo más generoso, de la CGT-, diseminados en cerca de 200 manifestaciones en todo el país, salieron a la calle para expresar su indignación. El líder de la CFDT, François Chérèque, se sintió obligado a definir la jornada de “simbólica”, a modo de advertencia contra nuevos recortes.
Los paros en el sector público, organizados fundamentalmente para permitir la afluencia de los trabajadores a las manifestaciones, tuvieron una incidencia muy desigual, pero en ningún caso causaron perturbaciones importantes. El mayor seguimiento, de un 20% según datos de la compañía ferroviaria, se produjo en la SNCF, lo que obligó a anular trenes. Pese a ello, ayer circularon más de la mitad de los TGV y casi la mitad de los cercanías de la región de París (Transilien). No fue el caso del tren-hotel Talgo Madrid-París, que tuvo que detenerse en Irún y sus pasajeros, seguir por carretera. El metro, el tranvía y los autobuses de la capital funcionaron con plena normalidad.
Algunos expertos, como el presidente del Instituto Superior del Trabajo, Bernard Vivier, próximo a la patronal, atribuían ayer el fracaso de la movilización sindical a la proximidad de las elecciones presidenciales de 2012. “Los descontentos con la política de Nicolas Sarkozy esperan a abril y mayo del año que viene para expresarse en las urnas”, declaró a Le Figaro.
El descontento, efectivamente, existe y a tenor de los sondeos está ampliamente instalado en la sociedad francesa. Se trata, sin embargo, de una irritación añeja, que no viene de ahora. El plan de austeridad del Gobierno en sí no ha provocado una gran contestación social, más allá de los sectores económicos más afectados. Más que por recortes del gasto –centrados en la supresión en 2012 de 30.000 empleos públicos, a base de reemplazar sólo a la mitad de los funcionarios que se jubilen-, el Ejecutivo ha apostado por aumentar la presión fiscal: creando un impuesto extraordinario del 3% sobre las rentas superiores a 500.000 euros anuales y aumentando los impuestos sobre el tabaco, el alcohol, las sodas azucaradas y las mutuas de salud. Es en este último capítulo donde los franceses de a pie van a sufrir más en su bolsillo.
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