Los homosexuales seguirán sin poder contraer matrimonio en Francia. Al menos, por un tiempo. El Consejo Constitucional francés, en una sentencia emitida el pasado mes de enero, se había lavado las manos al respecto, dejando toda la potestad al criterio del Parlamento. Y el Parlamento se ha pronunciado. La Asamblea Nacional –cámara baja– rechazó el martes, por 293 votos contra 222, una proposición de ley socialista para legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo.
La derecha, como estaba previsto, votó masivamente en contra. Pero no de forma unánime: una treintena larga de miembros de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) –el partido de Nicolas Sarkozy– se abstuvieron directa o indirectamente en la votación y una decena de insignes diputados decidieron apoyar la propuesta de la izquierda. Entre ellos estaba el presidente del Partido Radical, el ex ministro Jean-Louis Borloo, en pleno proceso de despegue de la mayoría presidencial con vistas a las elecciones presidenciales de 2012.
“¡Atrévanse!”, espetó en el hemiciclo el socialista Patrick Bloche –ponente de la proposición– dirigiéndose a los bancos de la derecha, a quienes recordó que “incluso la católica España ” había reconocido este derecho a los homosexuales. Pocos se atrevieron. La derecha francesa, pese a estar dividida, sigue mayoritariamente anclada en una oposición feroz a igualar ante la ley a las parejas heterosexuales y homosexuales. “El matrimonio entre personas del mismo sexo es una aberración antropológica”, tronó el diputado conservador Christian Vanneste, un punto de vista radical, poco proclive a encontrar un terreno de entendimiento.
En 2007, antes de ser elegido presidente de la República, Nicolas Sarkozy parecía decidido a avanzar en este terreno, si no reconociendo el matrimonio entre homosexuales, sí equiparando en la práctica los derechos de estos últimos con los miembros de parejas heterosexuales en materia de adopción, patria potestad y sucesiones. La resistencia en sus propias filas, sin embargo, ha hecho que no haya avanzado nada en estos últimos cuatro años.
En Francia, los homosexuales pueden unirse legalmente fuera del matrimonio a través del llamado Pacto Civil de Solidaridad (Pacs), instaurado en 1999 y abierto también a lo heterosexuales que prefieren unos lazos de unión jurídicamente más leves que los del matrimonio. Los homosexuales pueden también adoptar a un niño, pero sólo a título individual, lo que deja al otro miembro de la pareja legalmente indefenso, ya sea en caso de separación o de fallecimiento.
Una pareja de lesbianas con tres hijos en común –concebidos por inseminación artificial– llevaron sus reclamaciones de igualdad en este terreno hasta el Consejo Constitucional –órgano equivalente al Tribunal Constitucional español, pero no integrado por jueces, sino por políticos–, que dictaminó el pasado mes de enero. En su sentencia, el Consejo consideró que el hecho de reservar el matrimonio para la unión de un hombre y una mujer, como hace el Código Civil, no vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Y atribuyó al Parlamento la potestad de legislar en este sentido o en su contrario. De ahí la proposición del Partido Socialista (PS)
La derrota parlamentaria de la propuesta no ha cerrado el debate, que probablemente resurgirá durante la campaña de las elecciones presidenciales del año que viene. Así lo ha prometido ya François Hollande, actual favorito –tras la caída de Dominique Strauss-Kahn– para encabezar la candidatura socialista al Elíseo.
La derecha misma es consciente de que deberá hacer algo para intentar dar una salida a las reivindicaciones del colectivo homosexual. El presidente del grupo parlamentario de la UMP en la Asamblea Nacional , Jean-François Copé, ha anunciado ya la creación de un grupo de trabajo en el seno de la mayoría para abordar esta cuestión. La ministra de la Cophesión Social , Roselyne Bachelot –partidaria, ella sí, de la igualación de derechos–, vaticinó ayer que tarde o temprano el matrimonio entre homosexuales será reconocido. “De todos modos, esto se hará. Es una cuestión de meses, o de años, pero se hará”, declaró la ministra, quien recordó que ella fue en su día la única diputada de la derecha en apoyar los Pacs: “En estos temas, al final, siempre he ganado”.
División en el PS sobre la legalización del cannabis
Una nueva polémica se ha abierto en el Parlamento francés después de que el grupo de trabajo del Partido Socialista sobre drogas, presidido por el diputado Daniel Vaillant, haya presentado un informe en el que propugna la legalización del cannabis, como medio de acabar con las mafias de narcotraficantes e intentar moderar el consumo. La idea va mucho más allá de la simple despenalización –actualmente, el consumo está penalizado en Francia– y propone crear un auténtico sector industrial controlado de cabo a rabo, desde la producción hasta la distribución, por el Estado. Si la derecha es hostil a semejante propuesta, el propio PS está radicalmente dividido. Diversos diputados socialistas mostraron su oposición a la iniciativa –entre ellos, el alcalde de Evry, Manuel Valls, exponente de la línea dura– y la primera secretaria del partido, Martine Aubry, escurrió el bulto y se negó a pronunciarse al respecto.
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