Su muerte,
brutal y absurda, encendió la ira en los barrios populares de las banlieues de Francia en el otoño del 2005 y desencadenó
una oleada de violencia nunca vista hasta entonces. Zyed Benna y Bouna Traoré,
dos muchachos de 17 y 15 años que no tenían nada que reprocharse, murieron
electrocutados accidentalmente un 27 de octubre de hace ahora siete años en una
estación transformadora de Clichy-sous-Bois (nordeste de París) donde habían
buscado refugio para escapar a un control de la policía. La justicia francesa,
en una decisión que llenó de alivio a las familias de las víctimas y a los
habitantes de Clichy, decidió ayer reabrir el caso y permitir el juicio de dos
de los agentes que participaron en la persecución por el presunto delito de
denegación de auxilio.
La tarde del 27 de octubre el 2005, Zyed y Bouna volvían a
su casa, en la cité de la Chêne Pointu, en
Clichy-sous-Bois, junto a unos amigos tras haber disputado un partido de
fútbol, cuando la repentina llegada de una fuerta dotación policial –alertada
por un presunto robo– les empujó a salir por piernas. Por precaución, por
miedo, Zyed y Bouna, junto a un tercer amigo –Muhittin Altun, que sobrevivió de
milagro a la descarga–, se escondieron en un transformador eléctrico.
Dos policías al menos fueron perfectamente conscientes, de
acuerdo con el sumario, del peligro que corrían los jóvenes. “Están saltando
para ir a las instalaciones de EDF”, comentó uno de ellos por radio a la
central. E incluso añadió: “Si entran en EDF, no doy nada por su pellejo”. Pese
a esta constatación, ni él ni su interlocutor hicieron nada por alertar a EDF o
acudir en su auxilio. Media hora después, se produjo la descarga mortal. Un
informe de la Inspección General de la Policía concluyó que de haber actuado
rápidamente, los dos jóvenes podrían haber sido salvados.
Cinco años después del suceso y tras una larga
investigación, en octubre del 2010 los tres jueces intructores del caso
decidieron enviar a juicio a los dos agentes de policía acusados de denegación
de auxilio a personas en peligro. Pero la fiscalía, a las órdenes del Gobierno,
recurrió la decisión de los jueces y el Tribunal de Apelación de París archivó
el caso en abril del 2011. Esta es la decisión que ayer fue revocada.
La cámara de lo criminal del Tribunal de Casación enmendó la
plana al Tribunal de Apelación de París y anuló el archivo de la causa. Y
acordó trasladar el sumario a otra jurisdicción, en este caso al Tribunal de
Apelación de Rennes (Bretaña) para que decida sobre la apertura del juicio.
El abogado de las familias de las víctimas, Jean-Pierre
Mignard, celebró la decisión del tribunal como una “decisión histórica” y una
“victoria de la justicia”. “Hoy hemos dado un paso hacia el derecho y la paz”,
concluyó. Por su parte, el abogado de los dos agentes, Daniel Merchat, remarcó
que sus defendidos tienen la conciencia tranquila y no expresan ninguna
objeción a tener que explicarse ante un tribunal.
La esperanza embargó a las familias de las dos víctimas,
empeñadas en que se haga justicia. “Es un gran día para nosotros y para todos
aquellos que han compartido nuestra pena y nuestro dolor”, afirmó el hermano
mayor de Bouna, Siyakah Traoré.
El colectivo AC Le Feu (que fonéticamente suena en francés
como “¡Basta el fuego!”), una organización nacida al calor de los disturbios
del 2005, pidió esta semana a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que
dé instrucciones al abogado general de Estado para que revise su postura en
relación al juicio. “Un archivo del caso sería como enviar el mensaje (a los
barrios) de que la policía no está para protegerles”.
La muerte de Zyed y Bouna desencadenó una ola de violencia
en las banlieues de todo el país. Los disturbios duraron
tres semanas y obligaron al Gobierno a decretar el estado de urgencia en 25
departamentos y el toque de queda en una veintena de ciudades. El balance de la
revuelta fue de un muerto, 200 heridos, y más de 9.000 vehículos y decenas de
edificios destruidos, así como 3.000 detenidos.
Expulsión de un imán radical de París
El Ministerio francés del Interior ejecutó ayer la expulsión
de un imán radical, que oficiaba en una mezquita del distrito XI de París, por
sus prédicas antisemitas, en favor de la Yihad y en defensa de la violencia
contras las mujeres. Mohamed Hammami, de 76 años, fue enviado de regreso a
Túnez, país del que tiene la nacionalidad. “Hemos decidido ser intransigentes
con todos aquellos que profieren discursos de odio hacia la República y de
nuestros valores, y expulsar a los responsables y militantes religiosos que
propugnan un islam radical”, afirmó el ministro del Interior, Manuel Valls. La
expulsión de Mohamed Hammami ya fue ordenada en enero pasado por el predecesor
de Valls en la Place Beauvau, Claude Guéant. Pero su ejecución se retrasó por
diversos factores. Primero, hubo que esperar al dictamen de la comisión de
expulsión, que el 15 de mayo se pronunció en contra, alegando que ello
atentaría contra la vida familiar del imán. De 76 años, Hammami llevaba varias
décadas radicado en Francia, donde tiene cinco hijos y 19 nietos. El dictamen
era meramente consultivo, pero el cambio de Gobierno retrasó el trámite. El
abogado del imán, Salah Djemai, acusó al Ejecutivo de perpetrar un “proceso
medieval”.
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