El espíritu de
la “izquierda plural”, la gran coalición que unió a la izquierda francesa entre
los años 1997 y 2002 bajo la égida de Lionel Jospin, ha muerto definitivamente.
François Hollande le dio la puntilla el martes al dar luz verde a su Pacto por
la Competitividad, que prevé aligerar en 20.000 millones las cargas sociales a
las empresas –bajo la forma de exenciones fiscales– y, en contrapartida,
aumentar el IVA y hacer nuevos recortes del gasto público. Un paquete de medidas
que pretende salvar a la industria francesa de su declive y que representa un
cambio fundamental de dirección en las políticas económicas de los socialistas.
El giro copernicano del presidente francés, que durante la
campaña electoral había combatido por “injusta” la subida del IVA aprobada por
su antecesor, Nicolas Sarkozy, y luego la anuló –para retomarla ahora, más
suavizada–, ha dejado descolocado a un sector del propio Partido Socialista y
hace inevitable la ruptura con sus tradicionales aliados de la izquierda, el
Partido Comunista (PCF) y el Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, en cuyas
manos está la llave de la mayoría socialista en el Senado.
El progresivo distanciamiento entre los socialistas y sus
socios históricos se inició con la política de firmeza aplicada por el ministro
del Interior, Manuel Valls –quien retomó durante el verano la expulsión de
gitanos rumanos y búlgaros (roms)– y se acentuó con la
aprobación del Tratado europeo de disciplina presupuestaria y el Presupuesto
del 2013, que consagra el objetivo de reducción del déficit y, en consecuencia,
el recorte del gasto público.
El malestar de las fuerzas a la izquierda del PS se
manifestó el pasado 30 de octubre con un primer voto contra el Gobierno:
comunistas e izquierdistas se sumaron a los populares y los centristas para
tumbar en la Cámara Alta el proyecto de reforma de las tarifas energéticas. Fue
una primera advertencia que puede acabar convirtiéndose en una práctica. Para
el PCF y el FG, el El Pacto de Competitividad marca el camino de no retorno.
“Vencimos a Sarkozy, pero no era una cuestión personal.
Queríamos una ruptura con su política. Imaginen la cara que se nos pone ahora
cuando descubrimos que nos hemos desembarazado del hombre pero hemos conservado
su política”, tronó Mélechon, quien juzgó “lamentable” que el Gobierno haya
adoptado “las recetas de la patronal”. El secretario general del PCF, Pierre
Laurent, manifestó por su parte haber recibido un “shock”. Después de haber
acariciado la posibilidad de un apoyo externo al Gobierno, ambas fuerzas,
reunidas en el Frente de Izquierda, se disponen ahora a situarse claramente en
el papel de oposición.
El descontento va, sin embargo, más allá y alcanza también a
los aliados de los socialistas dentro mismo del Gobierno: los ecologistas, que
ya votaron contra el tratado europeo, no han callado tampoco su malestar y el
jefe de filas de Los Verdes en el Senado, Jean-Vincent Placé –uno de los
hombres fuertes del partido– ha criticado la “inflexión centrista-liberal” del
Ejecutivo. “Esto empieza a ponerse complicado. Respecto a nuestros compromisos,
estamos al límite”, añadió. Dentro mismo del PS, el ala izquierda ha mostrado
su incomodidad por boca de diversos parlamentarios. Una de sus figuras
históricas, Henri Emmanuelli, se ha mostrado contrario al aumento del IVA y ha
pedido un debate en el seno del grupo socialista. Poco importa que la subida
del IVA –del 19,6% al 20%– sea mínima. Es una cuestión de principios.
Como no todo pueden ser malas noticias, François Hollande ha
conseguido –algo inédito– el aplauso combinado de la patronal Medef y de una
parte de los sindicatos, como la CFDT y Lucha Obrera. Y el menos deseado apoyo
de Le Figaro, el gran diario de la derecha, que en su
editorial de ayer aplaudía a tambor batiente el giro del presidente francés con
el expresivo título de “Más vale tarde que nunca”.
IVA de ida y vueta
La recuperación
de la competitividad de las empresas francesas, y particularmente de la
industria, se ha convertido en el gran objetivo económico de François Hollande,
para quien recuperar el terreno perdido en los últimos decenios es
imprescindible para impulsar el crecimiento económico y reducir el paro. El
presidente francés no ha dudado en renegar de sí mismo y recuperar algunas de
las ideas de su antecesor, Nicolas Sarkozy –en concreto, el aumento del IVA–,
para obtener ingresos alternativos que permitan aligerar las cargas sociales
que pesan sobre las empresas en 20.000 millones de euros durante tres años. El
plan del Gobierno, presentado por el primer ministro, Jean-Marc Ayrault,
pretende rebajar una media del 6% el coste del trabajo en Francia.
“Este esfuerzo debe permitir escapar al declive que nos
acecha si seguimos retrasando a mañana las decisiones indispensables”, dijo
Ayrault. El Gobierno ha retomado para su Pacto por la Competitividad, integrado
por una treintena de medidas, el grueso de las recomendaciones del informe
presentado por el expresidente de EADS Louis Gallois.
En su dictamen, Gallois llamaba a tomar medidas inmediatas y
radicales para combatir el “descolgamiento” que la industria francesa empezó a
experimentar a finales de los años setenta y que –según un juicio muy crítico
con la política económica de la derecha– “se ha acelerado en el último
decenio”. El peso de la industria ha pasado en una década a representar del 18%
al 12,5% del PIB y el empleo industrial ha caido del 26% al 12,5%. “La
industria francesa ha alcanzado un umbral crítico, más allá del cual está
amenazada de desestructuración”, ha advertido Gallois.
El Gobierno ha asumido su recomendación de aligerar en
20.000 millones las cargas a las empresas, aunque –al adoptar la forma de una
desgravación fiscal– este ahorro no empezarán a notarlo hasta 2014. No será,
pues, tampoco, hasta 2014 que subirá el IVA, del 19,6% al 20% en su tipo
normal, y del 7% al 10% en el reducido para la hostelería y la construcción. El
resto de la factura será pagado por una nueva fiscalidad ecológica y un recorte
adicional de 10.000 millones del gasto público. El recurso al IVA, que Hollande
había descartado por “injusto”, supone un giro radical que ya ha empezado a ser criticado.
Aubry, imputada por el amianto
La exministra y exprimera secretaria del PS francés, Martine
Aubry, ha sido imputada por un presunto delito de homicidio por la juez que
instruye el caso del amianto. La magistrada Marie-Odile Bertella-Geoffroy busca
establecer la eventual responsabilidad penal en la que podría haber incurrido
Aubry cuando era directora de Relaciones de Trabajo, entre 1984 y 1985. La
peligrosidad del amianto –una sustancia cancerígena abundantemente utilizada en
la construcción– fue establecida ya en los años cincuenta, pero no se
reglamentó nada en Francia hasta 1977. La prohibición definitiva debió esperar
a 1997.
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