Una juez contra Sarkozy

El caso Bettencourt vuelve a llamar a la puerta de Nicolas Sarkozy. La juez Isabelle Prévost-Desprez, vicepresidenta del Tribunal Correccional de Nanterre (alrededores de París) y ex instructora del sumario, ha revelado en un libro la existencia de un testigo según el cual el presidente francés recibió dinero en metálico de la principal accionista del grupo L’Oréal, Liliane Bettencourt, para financiar su campaña electoral en 2007, en lo que constituiría un presunto delito de financiación ilegal. La magistrada acusa al Elíseo se haber torpedeado la investigación, a  través de la acción del fiscal Philippe Courroye, y de haber conseguido apartarla del caso en otoño del año pasado.

No es la primera vez que Sarkozy es acusado de haberse beneficiado del dinero que la familia Bettencourt entregaba regularmente a algunos políticos. La antigua contable de la multimillonaria, Claire Thibout, declaró en su momento a la policía haber recibido la instrucción de retirar 150.000 euros con destino al tesorero de la campaña del presidente, Eric Woerth, a quien el escándalo le costó el cargo de ministro de Trabajo.

Pero hasta ahora nadie había señalado personalmente al jefe del Estado como perceptor directo del dinero. La juez Prévost-Desprez lo hace –de forma bastante irregular, tratándose de una magistrada en ejercicio- en un libro escrito por los periodistas de Le Monde Gérard Davet y Fabrice Lhomme, “Sarko m’a tuer” (“Sarko me ha matado”) –título que reproduce la misma falta ortográfica de un célebre crimen ocurrido en Francia en 1991-, donde entrevistan a cerca de una treintena de víctimas políticas de Sarkozy.

En su entrevista, la juez Prévost-Desprez explica que un segundo testigo, la antigua enfermera que estaba al cargo de Liliane Bettencourt, aseguró confidencialmente a la secretaria de su juzgado –al margen de su declaración oficial- que había “visto” entregar dinero en metálico al hoy presidente. “Los testigos tenían miedo de hablar en su declaración sobre Nicolas Sarkozy”, afirma la juez, quien añade: “Este proceso representaba para el Elíseo un gran riesgo, había un 90% de posibilidades de una deflagración. Tenían que quitarme el caso por todos los medios. Era imperativo apartarme”. La disputa entre Prévost-Desprez y el fiscal Courroye por dirigir la investigación se zanjó con un traslado del caso al tribunal de Burdeos. Por miedo -o no-, la enfermera negó haber lanzado semejante acusación sólo unas pocas horas después.

La actuación de Courroye en este caso es cuestionada asimismo por un ex consejero de la entonces ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, David Sénat –también represaliado y también entrevistado en el libro-, quien subraya que el fiscal sólo pasaba información al Elíseo, saltándose la jerarquía del Ministerio.

El Elíseo desmintió ayer categóricamente las acusaciones de Prévost-Desprez, que calificó de “infundadas, mentirosas y escandalosas”, y diversas figuras de la derecha salieron al paso denunciando su intencionalidad política. El primer ministro, François Fillon, difundió un comunicado –cosa infrecuente- en el que considera tales afirmaciones como un “rumor detestable e insidioso” y una “manipulación” que vinculó al actual periodo preelectoral.

Muy diferente fue la reacción de la oposición. La primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, pidió públicamente la apertura de una investigación, sobre las revelaciones de la juez, mientras que el resto de aspirante a encabezar la candidatura socialista al Elíseo, desde François Hollande a Ségolène Royal pasando por Manuel Valls y Arnaud Montebourg, denunciaron las presiones del poder sobre la justicia.