La derrota de la UMP en las elecciones parciales al Senado del pasado domingo, en las que la izquierda ha conseguido sumar 177 de los 348 escaños de la cámara alta, tiene unas consecuencias políticas prácticas mínimas, puesto que la Asamblea Nacional -donde la derecha tiene una abultada mayoría absoluta- tiene siempre la última palabra. Hay quienes han querido ver en esta nueva correlación de fuerzas el entierro definitivo del proyecto de inscribir en la Constitución la llamada “regla de oro” sobre la limitación de los déficit públicos. Pero, en realidad, Sarkozy nunca ha contado con la mayoría necesaria –tres quintos de los votos de las dos cámaras reunidas- para su reforma.
El resultado no puede ser leído tampoco como un test cara a las presidenciales, puesto que los senadores no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino por cargos electos locales, provinciales y regionales: habida cuenta de las victorias socialistas en las elecciones municipales de 2008 y las regionales de 2010, el desenlace era de esperar.
Y, sin embargo, la derrota en las elecciones senatoriales ha representado un duro golpe para la derecha. De entrada, por su simbólica carga histórica, puesto que se trata de la primera vez que la izquierda se hace con el control del Senado desde la instauración de la V República en 1958 por el general De Gaulle. Y seguidamente, porque la amplitud del retroceso ha sido mayor que la esperada.
El resultado ha puesto en evidencia una sensible pérdida de influencia de la UMP en las zonas rurales, donde los cargos electos –buena parte de ellos, independientes de toda disciplina partidaria- expresan tradicionalmente un voto conservador. Y ha puesto también crudamente de relieve el riesgo que supone para la derecha gubernamental las divisiones internas y la multiplicación de candidaturas disidentes.
El caso de París es, en este sentido, ejemplar: el equipo liderado por la hasta ayer secretaria de Estado de Deporte, Chantal Jouanno, sólo ha conseguido dos de los 12 escaños en disputa, mientras ha tenido que ver cómo el disidente Pierre Charon –ex consejero de Sarkozy, hoy suspendido de militancia- y el centrista Yves Pozzo di Borgo le robaban la cartera en sus narices. “Demasiadas divisiones, demasiada falta de respeto a las decisiones tomadas democráticamente, han hecho que regalemos el Senado a la izquierda”, se lamentaba el jefe de filas de los senadores de la UMP y alcalde de Marsella, Jean-Claude Gaudin.
En este sentido, lo sucedido en las senatoriales supone una serie advertencia. Si la derecha y el centroderecha acuden a las presidenciales en total dispersión –ahí están, amenazantes, las posibles candidaturas de Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, François Bayrou, Dominique de Villepin, Christine Boutin…-, Sarkozy puede ver seriamente comprometida su victoria en la primera vuelta, donde todos los sondeos dan ventaja a los socialistas en el caso de que se presenten François Hollande o Martine Aubry.
Más allá de las divisiones internas, del malestar existente en el territorio –donde la reforma administrativa impulsada por el Gobierno ha creado un fuerte descontento-, otro factor ha jugado en contra de la UMP: la sucesión de escándalos judiciales. “Esto envenena nuestro debate político y ha pesado en el resultado”, juzgó ayer el ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin.
El caso Bettencourt, el asunto de las maletas de la Françafrique, el affaire Karachi –en el cual han sido procesados dos amigos muy cercanos a Sarkozy, Nicolas Bazire y Thierry Gaubert- han resucitado las viejas querellas fratricidas de la derecha francesa y ofrecido la imagen de una corrupción generalizada poco acorde con la “República irreprochable” prometida por el presidente francés en 2007.
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