A cambio, la comunidad internacional pidió a las nuevas autoridades libias, representadas por el presidente del CNT, Mustafá Abdel Jalil, un compromiso para conducir la transición democrática en un marco de “reconciliación y perdón”, según explicó al término de la reunión el presidente francés, Nicolas Sarkozy -anfitrión y promotor del encuentro junto al primer ministro británico, David Cameron-, quien en alusión a Iraq llamó a evitar “los errores cometidos en otros países en el pasado”. La OTAN, añadió Sarkozy, seguirá actuando mientras Gadafi y las fuerzas que aún le son leales sigan representando una amenaza.
Veintintinueve jefes de Estado y de Gobierno -el resto de países estuvo representado en su mayoría por sus ministros de Exteriores- acudieron a la cita convocada por Sarkozy y Cameron. Un éxito para París y Londres, que fueron los artífices de la intervención internacional que ha acabado precipitando la derrota de Gadafi y pretenden mantenerse ahora como los principales impulsores del proceso de reconstrucción.
La conferencia internacional de ayer logró trascender el reducido grupo de países que se comprometió en la intervención militar internacional contra Gadafi, incorporando en particular a los que habían puesto más obstáculos en la ONU para dar luz verde a la intervención y que más ásperamente criticaron los bombardeos de la OTAN. El nivel de los representantes enviados por China, Rusia, Brasil y la India –un viceministro, un senador, un embajador, un secretario de Estado- fue, sin embargo, bastante discreto. Por parte de Alemania, en cambio, que también se desmarcó de sus socios europeos absteniéndose en la votación de la resolución del Consejo de Seguridad 1973, acudió la canciller Angela Merkel, obligada a subirse al tranvía ya en marcha.
La movilización de los países participantes fue muy desigual. Los europeos estuvieron presentes al más alto nivel. Junto a Sarkozy, Cameron y Merkel, se sentaron entre otros el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Estados Unidos estuvo representado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la ONU por su secretario general, Ban Ki-Moon.
Zapatero insistió durante y después de la reunión en la necesidad de que el nuevo Estado democrático libio garantice “la pluralidad y la libertad religiosa”. E hizo un llamamiento a la comunidad internacional a inspirarse en el caso de Libia para actuar también en Siria.
La fecha de la reunión, el 1 de septiembre –42º aniversario del golpe de Estado del coronel Muamar el Gadafi contra el rey Idris-, fue escogida con toda la intención para marcar simbólicamente el fin de una era. Igualmente, el Elíseo agrupó a las delegaciones internacionales –que siguieron las discusiones de los dirigentes a distancia- en un entoldado levantado en en el jardín del vecino Hôtel de Marigny, en el mismo lugar en que el dictador libio había plantado su jaima durante su controvertida visita oficial a París en el 2007.
Más allá de la ayuda económica inmediata y el apuntalamiento político al nuevo régimen, lo que va a ventilarse en los próximos meses es el reparto del suculento pastel de la reconstrucción del país. La caída de Gadafi ha cambiado completamente las cartas y los países que más se han comprometido con el triunfo de la insurrección –Francia, Reino Unido, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos- parten con indudable ventaja. En estos meses, mientras los aviones bombardeaban a las fuerzas del dictador, diplomáticos y empresarios empezaban ya a preparar el terreno futuro.
Gadafi en España
Los bienes de la familia Gadafi congelados por el Gobierno español incluyen una finca de siete hectáreas en la zona de Marbella –con un valor catastral de 45 millones de euros-, un depósito de 300 millones en el banco Aresbank y una cuenta bancaria de poco más de 400.000 euros a plaza a nombre de un hijo del dictador. El Gobierno ha congelado asimismo el pago de los intereses de la deuda soberana española que detiene el Estado libio –bonos por valor de 800 millones-, así como las deudas de las empresa españolas con el Estado libio.
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