Valls impone su austeridad

“Yo asumo, sí, yo asumo”. Manuel Valls repitió ayer tarde varias veces esta fórmula en el Parlamento francés para comprometer su responsabilidad política y personal en el plan de recortes de 50.000 millones de euros preparado por su Gobierno para cumplir con los compromisos en materia de reducción del déficit público adquiridos con la Unión Europea. El primer ministro, criticado por el ala izquierda del Partido Socialista (PS) –tanto por su línea ideológica, juzgada demasiado a la derecha, como por el contenido de su programa financiero– se jugaba la estabilidad de su Gobierno. Y salió vencedor, aunque no triunfante. Su plan, que en realidad es el plan avanzado ya por el presidente François Hollande el pasado mes de enero, fue aprobado por 265 votos contra 232. Una mayoría suficiente, pero no absoluta.

La victoria de Valls quedó políticamente lastrada por 67 abstenciones, entre las que había las de 41 socialistas disidentes –un número superior al esperado por Matignon– que prometen complicarle la vida. Sólo de haber decidido votar en contra –como hicieron los ecologistas y los comunistas–, hubieran podido tumbar el proyecto. Los centristas, que reclaman desde hace años una acción decisiva para sanear las cuentas públicas, votaron a favor, mientras que la UMP votó en bloque en contra, argumentando que el plan no aborda ninguna reforma de fondo y es irrealista.

El voto de la Asamblea Nacional no era vinculante, tampoco era jurídicamente imprescindible para sacar adelante el programa de estabilidad financiera. Pero Valls lo quiso para apuntalar su posición. Era, pues, crucial. “El de esta tarde no es un voto indicativo, es un voto decisivo, que marcará la evolución de nuestro país”, subrayó el primer ministro, quien recordó que el resultado iba en cualquiera de los casos a “condicionar la legitimidad del Gobierno y la credibilidad de Francia”. La votación, a partir de aquí, estaba definitivamente marcada. Una desautorización en toda regla hubiera podido hacer caer al Gobierno y colocar a Hollande en la difícil tesitura de tener que decidir una disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones. Y prepararse, en tal caso, a una probable cohabitación con la derecha. Pero el PS no quiso suicidarse.

Manuel Valls no recurrió a los compromisos europeos de Francia para justificar su política de rigor. Todo lo contrario. El primer ministro denunció la política de endeudamiento sin freno practicada en los últimos decenios tanto por la derecha como por la izquierda. “No podemos seguir viviendo por encima de nuestra posibilidades”, sentenció.

Valls había preparado el terreno enviando el lunes a los diputados socialistas una carta en la que planteaba algunos retoques menores –“precisiones”, según el lenguaje oficial de Matignon– en el plan del Gobierno con el fin de suavizar la amarga poción servida a la mayoría gubernamental. El primer ministro, por ejemplo, aceptó excluir totalmente a las pensiones más bajas –en concreto, por debajo 1.200 euros– de las medidas decididas por el Gobierno, que incluyen su congelación hasta octubre del 2015. Asimismo, accedió a suspender el aplazamiento de un año de una revalorización excepcional del 2% ya acordada de la Renta de Solidaridad Activa (RSA), una ayuda destinada a personas sin recursos o con recursos bajos. Todo lo cual supone 500 millones de euros. A ello habrá que añadir aún una tercera concesión: la revalorización –después de tres años de congelación– de los salarios más bajos de los funcionarios a partir del próximo 1 de enero, lo que implica 1.000 millones más. En total, ello representa el 3% del recorte total de 50.000 millones. ¿De dónde saldrán estos descuentos? Nadie lo ha aclarado, pero el objetivo global no ha cambiado.

El recorte de 50.000 millones entre el 2015 y el 2017 se repartirá del siguiente modo: 18.000 millones a cargo del Estado central, 11.000 millones de las administraciones territoriales, otros 11.000 millones del Seguro de Enfermedad y 10.000 millones más del sistema de Protección Social. Las medidas más importantes de este plan son la congelación de las pensiones y de la mayor parte de las ayudas sociales –con las excepciones citadas–, así como de los salarios de los funcionarios. A medio plazo, el Gobierno quiere impulsar asimismo la fusión de las regiones, con el objetivo de reducir su número a la mitad, y suprimir los consejos generales de los departamentos, una entidad local equivalente a las diputaciones provinciales españolas.

El programa presentado por el Gobierno francés a la Comisión Europea el pasado miércoles mantiene el compromiso de rebajar el déficit público al 3% a finales del 2015. La posibilidad de renegociar un nuevo aplazamiento, que el propio Hollande había evocado en público, ha sido definitivamente abandonado después del rechazo expresado por Bruselas y por Berlín. Situado en el 4,3% el año pasado, París pretende acabar este año en el 3,8%, algo condicionado a un crecimiento de la economía del 1%. Para estimularlo, el Gobierno confía en el llamado Pacto de Responsabilidad, por el cual aligerará en 30.000 millones las cargas sociales sobre las empresas, con el fin de reforzar su competitividad, a cambio de destinar ese margen a inversiones y más empleo.

Aromas de la IV República

El líder de la UMP, Jean-François Copé, comparó la situación creada por la disidencia de 41 diputados socialistas con la situación existente en la IV República, con mayorías inestables y gobiernos obligados a pactar concesiones con unos y con otros. Algunos observadores políticos hicieron símiles parecidos.