martes, 15 de abril de 2014

Un violador y 527 sospechosos

Un equipo de 16 agentes de la policía judicial desembarcó a primera hora de la mañana de ayer en el liceo privado católico Fénelon-Notre-Dame, en la ciudad francesa de La Rochelle (Charente-Maritime), armado con guantes, mascarillas y bastoncillos de algodón. Su misión, recoger muestras de ADN con el fin de tratar de identificar al autor de la violación, el 30 de septiembre pasado, de una estudiante de 16 años en unos lavabos del establecimiento, de 1.300 alumnos.

Ante el empantanamiento de la investigación, que durante seis meses no ha conseguido avanzar ni un milímetro, la justicia decidió la semana pasada una acción radical: efectuar un test masivo de ADN sobre los potenciales sospechosos. O lo que es lo mismo, los 527 hombres –475 alumnos, la mayoría de ellos menores de edad, 31 profesores y 21 miembros del personal no docente– que se encontraban en el centro el día de los hechos. La policía cuenta con una huella de ADN del presunto violador, rescatada de las ropas de la muchacha. Es, en realidad, lo único que tiene...

La violación se produjo en la oscuridad y por detrás. La víctima, sorprendida por la espalda, no pudo zafarse de su agresor ni verle la cara. Lo único que los investigadores han podido establecer es que la huella de ADN no pertenece a ningún miembro masculino de la familia de la chica. Ni tampoco a los individuos que han sido condenados alguna vez por agresión sexual y cuyo ADN está registrado en el Fichero Nacional Automatizado de las Huellas Genéticas (FNAEG)

Llegados a un callejón sin salida, la fiscal de La Rochelle, Isabelle Pagenelle, decidió realizar un test masivo de ADN, una medida de la que existen precedentes pero que es harto infrecuente y más aún en un centro escolar. Era eso o archivar el caso, ha subrayado, con el riesgo de dejar suelto a un violador y probable reincidente. Nada asegura, sin embargo, que el violador sea alguien vinculado al liceo. Aunque sea improbable, no es imposible que fuera alguien de fuera. En tal caso, la investigación chocará con un muro infranqueable... De hecho, en otros tests masivos realizados en el pasado –en Pleine-Fougères en 1997, en Guermantes en el 2003, en Saint-Brévin-les-Pins en el 2004– el resultado fue nulo.

Los policías, vestidos de civil, empezaron ayer a tomar las primeras 200 muestras en el liceo Fénelon-Notre-Dame, tarea que proseguirán hoy y mañana. Los convocados pasaban de ocho en ocho por las dos salas del instituto requisadas para tal fin. Los agentes tomaban dos muestras, bajo la lengua y en el interior de la mejilla, que serán enviadas en primer lugar a un laboratorio de Lyon para establecer el perfil genético de cada uno y, después, a otro laboratorio de Nantes que realizará la comparación con el ADN hallado en las ropas de la víctima. Los resultados pueden tardar entre seis y ocho semanas. La inmensa mayoría de ellos –si no todos– acabarán exculpados y sus códigos genéticos destruidos.

Durante la primera jornada, nadie se negó a someterse a las pruebas, aunque legalmente podrían haberlo hecho. Por si acaso, la fiscal de La Rochelle ya advirtió que una negativa sería interpretada como un motivo de sospecha y el renuente, detenido, interrogado y su domicilio, registrado. Persuasivo, el argumento lo es...
Informados el jueves pasado, a través de una carta, y el viernes en una reunión, los alumnos del centro –y sobre todo sus padres– se preguntan cómo la justicia puede haber callado los hechos durante seis meses y no haber realizado antes tales pruebas. Junto a la inquietud lógica, hay también otro tipo de aprensión. Como dijo uno de los estudiantes a Europe 1: “Tenemos ganas de saber, pero en el fondo de nosotros, no queremos saber, porque si lo encuentran, será un amigo...”.

Razones plausibles

La ley francesa prevé la posibilidad de realizar tests de ADN cuando hay una o varias razones plausibles que abonen la sospecha de que la persona en cuestión ha cometido un delito. ¿Ser alumno de un instituto es una razón suficiente para ser considerado sospechoso? La Liga de Derechos Humanos (LDH) no lo ve así y juzga la medida “desproporcionada, amenazadora y traumatizante”.






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