Francia va a
perder uno de sus grandes grupos industriales, orgullo de su capacidad
tecnológica. Alstom, gigante de la energía y el transporte ferroviario con pies
de barro, acabará troceado y en manos de norteamericanos o alemanes. Aceptado
lo inevitable, todo lo que el Gobierno francés intenta desesperadamente es
salvar lo máximo posible en materia de mantenimiento de la actividad y del
empleo en Francia. La nacionalización temporal de Alstom, como hizo en el 2004
el entonces ministro de Economía, Nicolas Sarkozy, y como reclaman hoy algunos
sindicatos y partidos de la izquierda, parece esta vez del todo descartada. A
fin de cuentas, la intervención de hace diez años no ha permitido reconstruir
un grupo financiera y accionarialmente lo bastante sólido.
El presidente francés, François Hollande, recibió ayer en el
Elíseo a los presidentes de General Electric, Jeffrey Immelt, y de Siemens, Joe
Kaeser, así como del grupo Bouygues, Martin Bouygues, que con el 29,4% del
capital es el principal accionista de Alstom y principal interesado en vender
su parte. “El Estado tiene cosas que decir, porque hace (a Alstom) importantes
encargos en sectores estratégicos”, declaró el presidente, cuya principal
preocupación es el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo –un
total de 18.000 puestos de trabajo del grupo– en Francia. Otro centro de
preocupación es la conservación de la independencia energética del país, que
podría verse afectada –aunque este extremo es más discutible– por la pérdida de
un importante productor de turbinas y equipamientos para centrales eléctricas.
Suministrador del gran parque de centrales nucleares francés y encargado del
mantenimiento de las turbinas del portaaviones Charles de Gaulle, Alstom no
trabaja sin embargo en el corazón estratégico –altamente sensible– del sector
nuclear.
El Estado francés dejó de ser accionista de Alstom en el
2006 y tiene pocas armas a su disposiciñon para imponer su criterio a los
accionistas del grupo, toda vez que su actividad no parece estar salvaguardada
por la ley del 2004 que protege los sectores industriales estratégicos –los
ligados a la defensa, particularmente– de las inversiones extranjeras. Pero el
hecho de ser uno de los principales clientes del grupo le otorga un poder de
presión no menospreciable. De hecho, fue la intervención del Gobierno, con el
ministro de Economía, Arnaud Montebourg, como punta de lanza, el que abortó el
domingo pasado la conclusión de la operación con General Electric, que el
presidente de Alstom, Patrick Kron, llevaba tiempo negociando, e introdujo en
la partida a Siemens, históricamente interesada en el grupo francés. Alstom se
ha dado de plazo hasta mañana, miércoles, para tomar una decisión.
La propuesta de General Electric es adquirir toda la parte
de Alstom dedicada a la energía –más del 70% de su actividad– por una cantidad
que podría rondar los 10.000 millones de euros. Por su parte, Siemens –que al
cierre de esta edición no había formalizado aún su oferta– proponer quedarse
igualmente la parte de la energía y ceder en cambio a Alstom toda su rama
dedicada a la alta velocidad ferroviaria. Esta opción tiene dos claras ventajas
sobre la primera: ofrece una solución europea –más digerible– y refuerza el
papel de Alstom como gigante del transporte ferroviario. Pero puede ser también
más perniciosa para el empleo.
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