No se trata de
un recorte, sino sólo de una estabilización –en principio temporal, hasta
octubre del 2015–, y está lejos de los sacrificios que han asumido otros países
europeos, pero ha tenido en Francia la fuerza de un seísmo. Por primera vez
desde el inicio de la crisis, el Gobierno francés, dirigido por el recién
nombrado primer ministro Manuel Valls, ha decidido congelar la cuantía de las
pensiones y de la práctica totalidad de las prestaciones sociales. La medida,
recibida como una ducha fría por la izquierda –incluido el propio Partido
Socialista (PS)– y los sindicatos, forma parte del programa de reducción del
déficit que prepara el Ejecutivio francés y que supondrá, como ya avanzó el mes
de enero el presidente François Hollande, un recorte del gasto público de
50.000 millones entre el 2015 y el 2017.
“No podemos vivir por encima de nuestros medios; debemos
romper con esta lógica de la deuda, que progresivamente y solapadamente nos
está atando de manos”, declaró el miércoles Manuel Valls tras la reunión del
Consejo de Ministros, subrayando con su presencia excepcional la importancia
del asunto. El primer ministro recordó que la deuda pública pasó del 50% del
Producto Interior Bruto (PIB) en el 2002 al 90% diez años después y que esta
deriva es insostenible. No se trata tanto de cumplir con la directrices
europeas, vino a decir –sin citar nunca a Bruselas–, como de conseguir que el
país pueda “recuperar su soberanía”.
Pero lo cierto es que París no ha tenido más remedio que
plegarse a lo suscrito con su socios europeos. Así pues, Valls reafirmó que
“Francia cumplirá sus compromisos” en materia de reducción del déficit –por
debajo del 3% del PIB en el 2015–, descartando así definitivamente la
posibilidad de pedir formalmente un nuevo aplazamiento a la Comisión Europea.
El ministro del Presupuesto, Michel Sapin, y el propio presidente de la
República, François Hollande, expresaron la semana pasada su deseo de conseguir
un nuevo relajamiento en el ritmo de reducción del déficit –que ya hubiera sido
el tercero–, pero las reacciones hostiles de Bruselas y Berlín les han forzado
a renunciar a tal pretensión.
El recorte de los 50.000 millones, sobre el que Valls
explicó algunas concreciones, será repartido entre el Estado central (18.000
millones), las administraciones territoriales (11.000 millones), el Seguro de
Enfermedad (10.000 millones) y la Protección Social (11.000 millones más) Este
último capítulo, sobre el que hasta ahora nadie se había pronunciado
abiertamente, es el que más ampollas levantó, pues comportará la congelación de
la cuantía de las pensiones y de la mayoría de las prestaciones sociales
(vivienda, familia e invalidez) Sólo las prestaciones mínimas, como las
jubilaciones más bajas y la Renta de Solidaridad Activa (RSA), serán
revalorizadas conforme a la inflación. El resto del ahorro procederá de
diversas reformas en marcha sobre las ayudas a la familia, la prestación de
desempleo o el funcionamiento de la Seguridad Social. Por lo que hace al Seguro
de Enfermedad, los recortes pasarán básicamente por la reducción de las
hospitalizaciones y la rebaja en el gasto de medicamentos.
En lo que respecta al Estado central, el paquete incluye
también la congelación de los sueldos de los funcionarios –que se mantienen
inalterados desde el año 2010– y la reducción de efectivos en determinados
ministerios y organismos gubernamentales. Pero en ningún caso en Educación,
Justicia y Seguridad, que Hollande prometió incrementar durante su campaña
electoral.
Los anuncios realizados por Valls fueron ásperamente
criticados por la izquierda radical y los comunistas, así como por los
sindicatos, de la CGT a Fuerza Obrera pasando por el moderado CFDT. Pero, sobre
todo, cayeron como un rayo sobre el grupo socialista en la Asamblea Nacional,
que en medio de una reunión descubrió con estupefacción el proyecto del
Gobierno por televisión. En palabras del diputado Christian Paul, del ala
izquierda del partido, los parlamentarios del PS quedaron “aterrados” ante las
medidas, que tocan de lleno a las clases populares.
La opinión pública da la espalda a Hollande
François Hollande ya puede hacer lo que quiera, que su
imagen ante la opinión pública francesa no para de degradarse. Un último
sondeo-ficción, aparecido el miércoles –y realizado, por consiguiente, antes
del anuncio de los recortes–, vaticinaba que si ahora mismo se repitieran las
elecciones presidenciales del 2012, en las que alcanzó la victoria, el actual
inquilino del Elíseo ni siquiera pasaría de la primera vuelta: con tan sólo el
19% de los votos, sería superado claramente por Nicolas Sarkozy (29%) e incluso
por Marine Le Pen (25%), repitiéndose –con un resultado ampliado para la líder
del FN– el terremoto del 2002 cuando el padre eliminó al primer ministro
socialista Lionel Jospin. El cambio de Gobierno sólo parece haber beneficiado a
Manuel Valls, el nuevo hombre fuerte, que con una popularidad del 58% está
cuarenta puntos por encima –¡cuarenta!, lo nunca visto– de la del presidente.
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