Sarkozy lo anunció, Hollande lo hará

Nicolas Sarkozy lo había anunciado y, finalmente, será François Hollande quien lo lleve a cabo. El Gobierno francés tiene previsto aprobar la semana que viene un endurecimiento de la legislación antiterrorista en respuesta a la amenaza islamista, puesta crudamente de manifiesto con los atentados llevados a cabo en Toulouse por Mohamed Merah. El ministro del Interior, Manuel Valls, anunció que el proyecto de ley permitirá juzgar en Francia a todos aquellos ciudadanos franceses que cometan atentados en el extranjero, así como a todos aquellos que viajen al extranjero –fundamentalmente a la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán– para instruirse en campos de entrenamiento para terroristas.

Ambas medidas habían sido anunciadas –en realidad, propuestas– por Nicolas Sarkozy tras los atentados de Toulouse del pasado mes de marzo, que costaron la vida a siete personas. La identidad del terrorista, un islamista francés que actuó en solitario tras haberse entrenado en la zona afgano-pakistaní, reveló fallos en los sistemas de información, pero también algunas lagunas legales, pues la ley sólo hubiera permitido perseguir a Mohamed Merah en caso de demostrársele conexiones con un grupo terrorista. El ex presidente francés planteó esta respuesta en plena campaña electoral de las presidenciales, a sabiendas de que no podía aprobarla –en caso de ganar– hasta después de los comicios.

Poco habrá importado al final el resultado de las elecciones, pues será su sucesor en el Elíseo, François Hollande, quien llevará a cabo por lo menos parte de lo anunciado por Sarkozy (éste pretendía también actuar penalmente contra quienes siguieran de forma reiterada aquellos sitios web que hagan apología de la Yihad)

El nuevo paquete antiterrorista no debería tener, pues, problemas para ser aprobado con una amplísima mayoría en el Parlamento. Pero en el mundo de la justicia no existe el mismo grado de unanimidad. Así, el juez antiterrorista Marc Trévidic, presidente de la Asociación fancesa de jueces de instrucción, declaró a France Info que la nueva ley, a base de perseguir inmediatamente a todo aquel que regrese de las zonas conflictivas, no permitirá establecer cuáles de estos individuos son o no peligrosos y cuáles de entre ellos planeaban realmente atentado terroristas, lo cual arroja dudas sobre su efectividad.

Varias asociaciones de derechos humanos han criticado ya la ley por “liberticida”. “En el caso Merah, la deficiencia no fue judicial, sino de vigilancia policial”, declaró al presidente de honor de la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH), Patrick Baudoin.

La lucha contra el islmaismo radical provocó ayer un choque entre el Gobierno y la oposición. Diversas figuras de la UMP responsabilizaron al Ejecutivo de no haber detectado a tiempo –y evitado– la manifestación islamista del pasado domingo en las proximidades de la embajada de Estados Unidos en París. La policía, que apunta a grupos salafistas como organizadores, practicó 150 detenciones. El ataque de los conservadores fue rechazado airadamente por Manuel Valls, que acusó a la oposición de deslealtad y juzgó su comportamiento reprobable. El ministro del Interior recordó que, en su momento, el Partido Socialista no criticó al Gobierno de Nicolas Sarkozy pese a los fallos cometidos por los servicios de información en el caso Mohamed Merah.