¿Qué puede empujar a un
francés, en ausencia de razones sentimentales, a solicitar la
nacionalidad de un pequeño país amenazado de desintegración? En el caso de
Bélgica, sólo las razones fiscales parecen explicables. Bernard Arnault,
todopoderoso presidente del gigante del lujo francés LVMH (Louis Vuitton Moët
& Hennessy), que hace un mes pidió formalmente la doble nacionalidad, negó
ayer categóricamente que busque eludir al fisco francés y aseguró que mantendrá
su domicilio fiscal en Francia. Pero sus explicaciones no convencieron a casi
nadie, por no decir a nadie. Su iniciativa ha caído como una bomba en pleno debate
sobre la reforma fiscal promovida por el presidente francés, François Hollande,
que entre otras cosas prevé gravar con un tipo excepcional del 75% las rentas
que sobrepasen el millón de euros anuales.
“Yo estoy y seguiré fiscalmente domiciliado en Francia y, en
este sentido, cumpliré como todos los franceses el conjunto de mis obligaciones
fiscales”, declaró a través de la agencia France Presse el multimillonario
francés, quien añadió: “Nuestro país debe contar con la contribución de todos
para hacer frente a una crisis económica profunda”. Fuentes próximas a LVMH
atribuyeron después la iniciativa de Arnault al objetivo de facilitar una
“inversión sensible” en Bélgica.
La justificación a posteriori de Arnault, cuya petición de
la nacionalidad belga fue destapada por el diario La Libre
Belgique, no ha logrado convencer a la opinión pública, que ve en
ello un paso previo al exilio fiscal definitivo. Muchos franceses adinerados se
han instalado en Bruselas –a una hora de París en el tren de alta velocidad
Thalys– para beneficiarse de una fiscalidad más beneficiosa y escapar, entre
otros, al Impuesto sobre la Fortuna. El presidente de LVMH tambien tiene un
domicilio en la capital belga, con lo que le bastaría residir la mitad del año
más un día en Bélgica para pagar sus impuestos en el país vecino. Salvo que el
Gobierno prepara una reforma fiscal que puede acabar obligando a todo francés,
resida donde resida, a pagar impuestos en su país. En tal caso, sería muy
interesante disponer de otra nacionalidad...
Con una fortuna personal estimada, según diferentes
cálculos, entre 21.200 y 32.000 millones de euros, y una retribución anual de
4,5 millones de euros, Bernard Arnault aparece como una víctima propiciatoria
de la reforma fiscal que prepara François Hollande para gravar a las rentas más
altas. El presidente de LVMH estuvo esta semana en Matignon con el primer
ministro, Jean-Marc Ayrault, a quien expresó su oposición a la creación de una
nueva franja del impuesto sobre la renta del 75% para todos aquellos ingresos
que sobrepasen el millón de euros anuales.
Está por ver todavía la letra pequeña de esta imposición
excepcional. Algunas fuentes han apuntado esta semana que el presidente francés
estaría preparando una versión edulcorada de esta medida, que constituyó una de
sus principales promesas electorales. Pero ello no ha tranquilizado por ahora a
sus potenciales contribuyentes. El ex primer ministro François Fillon no dudó
ayer en atribuir la iniciativba de Arnault a las “decisiones estúpidas” del
actual Gobierno socialista.
Al margen de este rumor de fondo, procedente
fundamentalmente de la derecha, la decisión del presidente de LVMH suscitó
críticas enormemente severas. El jefe de filas del Partido Socialista en la
Asamblea Nacional, Bruno Le Roux, no dudó en hablar de “signo de traición”,
mientras los dos principales candidatos a tomar las riendas de la primera
secretaría del PS, Harlem Désir y Jean-Christophe Cambadélis aludían a una
“falta de amor por Francia” y a una “evasión moral”. Pero no fueron únicamente
los socialistas quienes cargaron contra Arnault. Un portavoz del PCF habló de
“cobarde traición”, la presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, lo
consideró “un mal ejemplo condenable” y el líder centrista François Bayroy
apeló al “patriotismo” de los grandes patronos franceses.
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