En busca de la industria perdida

Basta cruzar dos datos, aparecidos esta misma semana, para ilustrar lo que probablemente constituye el principal problema al que se enfrenta actualmente la economía francesa y el mayor reto que tiene ante sí el nuevo presidente de la República, François Hollande: la progresiva pérdida de competitividad del país y el retroceso de la producción industrial, estrechamente vinculados al aumento del déficit comercial, que en 2011 alcanzó la cifra récord de 70.000 millones.

El primer mazazo llegó el martes de la mano del World Economic Forum (WEF), que degradó a Francia del puesto 18º al 21º en el ránking mundial de competitividad, un retroceso –constante, puesto que en 2010 estaba en el 15º– que le aleja dramáticamente de los países europeos más virtuosos: Suiza, Finlandia, Suecia, Holanda y Alemania, que copan –con la excepción de Singapur, número 2– los puestos de cabeza.

La segunda mala noticia, de una importancia más simbólica que práctica, llegó el jueves con la degradación PSA Peugeot-Citroën por las autoridades bursátiles de Nyse Euronext, que decidieron sacar al grupo automovilístico francés –cuya acción ha perdido un 43% de su valor en lo que va de año– del exclusivo club del CAC 40 en beneficio del grupo químico belga Solvay. Con unas pérdidas estimadas de 700 millones de euros en el primer semestre de este año, embarcado en un plan de supresión de 8.000 empleos –lo que incluye el cierre de la fábrica de Aulnay-sous-bois–, las dificultades de PSA ejemplifican los problemas de la industria francesa.

En una década, entre 1998 y 2008, la industria perdió en Francia 500.000 puestos de trabajo, mientras su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) cayó del 16% al 12%, muy por debajo de la media de la zona euro (17,3%) y a años luz del líder europeo, Alemania (23%). Francia sigue contando con potentísimos grupos industriales, pero su producción se ha ido concentrando en los últimos años mayoritariamente en el exterior, lo que ha representado un golpe mortal para las pequeñas y medianas empresas francesas suministradoras de la gran industria.

La recuperación del tejido industrial se ha convertido, en consecuencia, en una prioridad nacional. Lo era en la época de Nicolas Sarkozy y lo es hoy con François Hollande, que ha creado un Ministerio de la Regeneración Productiva, al frente del cual ha puesto –y eso no es un detalle menor– el adalid de la antiglobalización en el seno del Partido Socialista (PS), Arnaud Montebourg.

La cuestión central que está sobre la mesa, y que el propio presidente socialista ha admitido –un hecho infrecuente hasta ahora–, es la de los costes laborales. La derecha ha señalado tradicionalmente la implantación de las 35 horas –que sin embargo no ha osado anular cuando ha tenido el poder– como la principal causa de la desertización industrial. Pero los datos anuales demuestran, contra el relato preponderante allende el Rhin, que los alemanes trabajan menos horas al año (1.390) que los franceses (1.554) y menos todavía que españoles, portugueses, italianos y griegos.

Los salarios tampoco son la causa. Porque aunque es cierto que en Francia los costes salariales unitarios han subido un 27% en los últimos diez años mientras en Alemania lo hacían sólo un 3%, el resultado es que las diferencias no son tan notables –33 euros la hora frente a algo menos de 31– ni justifican, según los economistas, la diferencia de competitividad entre ambos países.

Los expertos apuntan como principal lastre de la competitividad francesa a las elevadas cargas sociales que pesan sobre el coste del trabajo. Por cada 100 euros de salario neto, las empresas deben pagar 85 euros, por sólo 55 euros en Alemania. Pero si más o menos todo el mundo está de acuerdo en el problema, la solución no suscita el mismo consenso. Sarkozy había decidido aligerar estos costes haciendo recaer la financiación de la protección familiar en el IVA, que debía pasar del 19,6% al 21,2%. Hollande anuló la medida nada más llegar al Elíseo. Pero aún no ha ofrecido una solución alternativa.

Defensa del sector del automóvil

En los menos de cuatro meses que lleva instalado, el nuevo Gobierno socialista apenas ha hecho otra cosa que hacer de bombero e intentar apagar los incendios que se han ido declarando por todo el territorio. Pasadas las elecciones presidenciales, los planes de reestructuración de empresas han empezado a proliferar. El fenómeno afecta a cerca de un centenar de sociedades y amenaza a unos 60.000 empleos. La reacción gubernamental frente a estos casos ha sido la tradicional en Francia, esto es, recurrir al intervencionismo del Estado. Una práctica criticada esta semana por el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Hans-Peter Keitel. Es lo que se ha hecho en el sector del automóvil, uno de los más castigados por la crisis. El Gobierno aprobó por la vía de urgencia el pasado 31 de julio un plan hecho a medida para elevar las ayudas del Estado por la compra de vehículos eléctricos, híbridos y poco contaminantes. Tres días después, el ministro Montebourg presentó ante la Comisión Europea la puesta bajo vigilancia del acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea del Sur, tras constatar en los dos primeros meses del año un aumento del 50% –respecto a un año atrás– de las importaciones de coches coreanos.

Tres millones de parados

El paro en Francia ha seguido progresando durante el verano, hasta alcanzar al 10,2% de la población activa (el 9,7% en la metrópoli, sin contar los territorios de ultramar), un nivel no alcanzado desde 1999. Cerca de tres millones de personas en el Hexágono –algo más en el conjunto del país– están sin empleo, contando únicamente aquellos que no han ejercido ningún trabajo, ni siquiera parcial, en las dos semanas anteriores. El paro juvenil se sitúa en el 22,7%, y el de mayores de 50 años en el 6,7%.