“Yo asumo, sí,
yo asumo”. Manuel Valls repitió ayer tarde varias veces esta fórmula en el
Parlamento francés para comprometer su responsabilidad política y personal en
el plan de recortes de 50.000 millones de euros preparado por su Gobierno para
cumplir con los compromisos en materia de reducción del déficit público
adquiridos con la Unión Europea. El primer ministro, criticado por el ala izquierda
del Partido Socialista (PS) –tanto por su línea ideológica, juzgada demasiado a
la derecha, como por el contenido de su programa financiero– se jugaba la
estabilidad de su Gobierno. Y salió vencedor, aunque no triunfante. Su plan,
que en realidad es el plan avanzado ya por el presidente François Hollande el
pasado mes de enero, fue aprobado por 265 votos contra 232. Una mayoría
suficiente, pero no absoluta.
La victoria de Valls quedó políticamente lastrada por 67
abstenciones, entre las que había las de 41 socialistas disidentes –un número
superior al esperado por Matignon– que prometen complicarle la vida. Sólo de
haber decidido votar en contra –como hicieron los ecologistas y los
comunistas–, hubieran podido tumbar el proyecto. Los centristas, que reclaman
desde hace años una acción decisiva para sanear las cuentas públicas, votaron a
favor, mientras que la UMP votó en bloque en contra, argumentando que el plan no
aborda ninguna reforma de fondo y es irrealista.
El voto de la Asamblea Nacional no era vinculante, tampoco
era jurídicamente imprescindible para sacar adelante el programa de estabilidad
financiera. Pero Valls lo quiso para apuntalar su posición. Era, pues, crucial.
“El de esta tarde no es un voto indicativo, es un voto decisivo, que marcará la
evolución de nuestro país”, subrayó el primer ministro, quien recordó que el
resultado iba en cualquiera de los casos a “condicionar la legitimidad del
Gobierno y la credibilidad de Francia”. La votación, a partir de aquí, estaba
definitivamente marcada. Una desautorización en toda regla hubiera podido hacer
caer al Gobierno y colocar a Hollande en la difícil tesitura de tener que
decidir una disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de
elecciones. Y prepararse, en tal caso, a una probable cohabitación con la
derecha. Pero el PS no quiso suicidarse.
Manuel Valls no recurrió a los compromisos europeos de
Francia para justificar su política de rigor. Todo lo contrario. El primer
ministro denunció la política de endeudamiento sin freno practicada en los
últimos decenios tanto por la derecha como por la izquierda. “No podemos seguir
viviendo por encima de nuestra posibilidades”, sentenció.
Valls había preparado el terreno enviando el lunes a los
diputados socialistas una carta en la que planteaba algunos retoques menores
–“precisiones”, según el lenguaje oficial de Matignon– en el plan del Gobierno
con el fin de suavizar la amarga poción servida a la mayoría gubernamental. El
primer ministro, por ejemplo, aceptó excluir totalmente a las pensiones más bajas –en
concreto, por debajo 1.200 euros– de las medidas decididas por el Gobierno, que
incluyen su congelación hasta octubre del 2015. Asimismo, accedió a suspender
el aplazamiento de un año de una revalorización excepcional del 2% ya acordada
de la Renta de Solidaridad Activa (RSA), una ayuda destinada a personas sin
recursos o con recursos bajos. Todo lo cual supone 500 millones de euros. A
ello habrá que añadir aún una tercera concesión: la revalorización –después de
tres años de congelación– de los salarios más bajos de los funcionarios a partir
del próximo 1 de enero, lo que implica 1.000 millones más. En total, ello
representa el 3% del recorte total de 50.000 millones. ¿De dónde saldrán estos
descuentos? Nadie lo ha aclarado, pero el objetivo global no ha cambiado.
El recorte de 50.000 millones entre el 2015 y el 2017 se
repartirá del siguiente modo: 18.000 millones a cargo del Estado central,
11.000 millones de las administraciones territoriales, otros 11.000 millones
del Seguro de Enfermedad y 10.000 millones más del sistema de Protección Social.
Las medidas más importantes de este plan son la congelación de las pensiones y
de la mayor parte de las ayudas sociales –con las excepciones citadas–, así
como de los salarios de los funcionarios. A medio plazo, el Gobierno quiere
impulsar asimismo la fusión de las regiones, con el objetivo de reducir su
número a la mitad, y suprimir los consejos generales de los departamentos, una
entidad local equivalente a las diputaciones provinciales españolas.
El programa presentado por el Gobierno francés a la Comisión
Europea el pasado miércoles mantiene el compromiso de rebajar el déficit
público al 3% a finales del 2015. La posibilidad de renegociar un nuevo
aplazamiento, que el propio Hollande había evocado en público, ha sido
definitivamente abandonado después del rechazo expresado por Bruselas y por
Berlín. Situado en el 4,3% el año pasado, París pretende acabar este año en el
3,8%, algo condicionado a un crecimiento de la economía del 1%. Para
estimularlo, el Gobierno confía en el llamado Pacto de Responsabilidad, por el
cual aligerará en 30.000 millones las cargas sociales sobre las empresas, con
el fin de reforzar su competitividad, a cambio de destinar ese margen a
inversiones y más empleo.
Aromas de la IV República
El líder de la UMP, Jean-François Copé, comparó la situación
creada por la disidencia de 41 diputados socialistas con la situación existente
en la IV República, con mayorías inestables y gobiernos obligados a pactar
concesiones con unos y con otros. Algunos observadores políticos hicieron
símiles parecidos.