Operación de
transparencia o ejercicio de voyeurismo, que de las dos
maneras ha sido juzgada, el Gobierno francés dio a conocer ayer de forma
detallada la declaración de patrimonio de los 38 miembros del Consejo de
Ministros, una iniciativa decidida por el presidente de la República, François
Hollande, para tratar de contrarrestar el efecto ante la opinión del escándalo
de la cuenta bancaria suiza del exministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac.
A tenor de lo declarado por ellos mismos, ocho de los
miembros del Gobierno disponen de más de un millón de euros de patrimonio y
varios de ellos están sujetos al pago del Impuesto de Solidaridad sobre la
Fortuna (ISF), al que deben contribuir todos los ciudadanos con un patrimonio
neto superior a 1,3 millones de euros. La lista está encabezada por el ministro
de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, que con un patrimonio de 6,07 millones
de euros, es el más rico del Ejecutivo. Hijo de un anticuario y nieto de un
célebre marchante de arte, su fortuna le viene de herencia familiar. Fabius
declara un apartamento en París y dos casas en Ariège y Normandía, valores
bursátiles y otras inversiones, así como bienes mobiliarios diversos, pero
ningún vehículo.
Muy cerca de Fabius se encuentra la ministra delegada para
las Personas Mayores y de la Autonomía, Michèle Delaunay (5,3 millones) –lo que
le viene de su marido–, y algo más lejos pero por encima del millón están los
ministros de Asuntos Sociales y Salud, Marisol Touraine; Trabajo, Michel Sapin;
Éxito educativo, George Pau-Langevin; Ultramar, Victorin
Lurel, y Deportes y Juventud, Valérie Fourneyron.
En este grupo se encuentra también el primer ministro,
Jean-Marc Ayrault, que declara bienes por valor de 1,55 millones, entre ellos
dos casas en Nantes, seguros de vida, bienes muebles y dos coches, un
Volkswagen Combi y un Citroën C4 Picasso.
Lo esencial del patrimonio de los miembros del Gobierno francés
lo constituyen propiedades inmobiliarias y, en general, quien más quien menos
tiene todavía créditos que pagar. En su mayor parte no se trata de patrimonios
elevados. El ministro del Interior, el catalán Manuel Valls, por ejemplo,
declara bienes por valor de 640.000 euros, entre los que se incluyen un
apartamento de 88 m2
en Evry –la ciudad de la banlieue sur de París de la que
fue alcalde– y otro de 44 m2
en París, así como bienes mobiliarios por 80.000 euros. En sus cuentas
bancarias dice tener un saldo de sólo 1.600 euros y tampoco declara vehículo
alguno.
Cuanto más jóvenes, los ministros –como cualquier hijo de
vecino– menos tienen. Es el caso de la portavoz del Gobierno y ministra de los
Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, quien con 85.000 euros, en su
mayor parte depositados en cuentas bancarias, es probablemente la más pobre del
Gobierno. No tiene ningún piso y como vehículo cita una scooter Piaggio. No
mucho más tiene Delphine Batto, titular de Ecología, que declara 110.000 euros
y no tiene ni piso, ni coche, ni moto, ni nada...
El objetivo de François Hollande –quien, en tanto que
presidente electo, ya tuvo que declarar hace un año su patrimonio, valorado en
1,17 millones– pretende que lo que han hecho ahora sus ministros sea
obligatorio para todos los parlamentarios y grandes gestores públicos. Sus
planes son que el Gobierno apruebe un proyecto de ley al respecto el día 24 y
lo envíe inmediatamente al Parlamento para que pueda ser aprobado antes del
verano. Una autoridad independiente tendrá poder para controlar la veracidad de
las declaraciones presentadas.
La iniciativa ha sido recibida con no pocas suspicacias,
tanto en la filas de las derecha como de la izquierda. Los más críticos
consideran que la medida no tiene ninguna utilidad práctica clara y excita, en
cambio, una curiosidad malsana y desprotege la vida privada. Es curioso que, en
este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude
Bartolone, y el presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP),
Jean-François Copé, hayan coincidido en hablar de
“voyeurismo”. El Partido Comunista (PCF) considera que
“lo importante no es conocer la vida privada de los diputados, sino combatir la
evasión fiscal”.
Los anti bodas gay se radicalizan
“¡Si quieren sangre, habra sangre!”, exclamó fuera de sí la
líder del movimiento contra el matrimonio homosexual, Frigide Barjot, después
de que el Senado votara el proyecto a mano alzada. Ayer retiró sus palabras,
pero la radicalización del movimiento es patente y amenaza con agravarse
después de que los socialistas hayan decidido acelerar la votación definitiva
de la ley y fijarla el próximo día 23. Los grupos más extremistas del
movimiento, algunos de ultraderecha, han empezado a hostigar a algunos
políticos –como los ministros Manuel Valls y Delphine Batho–en sus
desplazamientos públicos o privados, incluso en su casa –como la ex ministra
Chantal Jouanno–, al estilo escrache. Los gendarmes detuvieron la noche del
domingo a 67 personas que intentaron acampar junto al Parlamento.
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