El fraude de los implantes mamarios, a juicio

La hora de la justicia ha llegado para el caso de los implantes mamarios defectuosos de la empresa francesa PIP (Poly Implant Prothèse), un fraude masivo de alcance planetario del que fueron víctimas más de 300.000 mujeres de 65 países entre los años 2000 y 2010. El presidente fundador de la empresa, Jean-Claude Mas, y otros cuatro ex directivos, se sentaron ayer en el banco de los acusados para responder de un delito de estafa y fraude agravado por el que podrían ser condenados a cinco años de prisión.

La vista, que se celebra excepcionalmente en el palacio de congresos de Marsella, se abrió en medio de una gran tensión. Más de 300 víctimas –de las 5.250 que se han constituido en acusación, la mayoría de ellas francesas– asistieron a la apertura del proceso y abuchearon a Mas cuando se identificó ante el tribunal y expuso sus ingresos: “Entre 1.700 y 1.800 euros de pensión de jubilación”. “¡Gilipollas!”, gritó una mujer.

El fraude de los implantes mamarios de la empresa PIP –que era la cuarta productora mundial de prótesis mamarias– se descubrió en el 2009, cuando varios especialistas alertaron sobre la inusual frecuencia con que se rompían los implantes. La investigación posterior en Francia ha situado el nivel de ruptura en un anómalo 25%. Pero las inspecciones de las autoridades sanitarias permitieron descubrir algo peor: el gel de silicona utilizado por PIP para rellenar sus implantes no era el autorizado y homologado, sino un gel “de la casa” –diez veces más barato que el oficial– en cuya fabricación se habían utilizado sustancias de uso industrial.

Jean-Claude Mas, que permaneció en prisión preventiva entre marzo y octubre del 2012, ha reconocido el engaño, que le permitía ahorrar un millón de euros al año, pero ha negado que el gel utilizado fuera peligroso o dañino para la salud.

Lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento (ANSM) sostiene que los análisis químicos y toxicologicos realizados no han puesto en evidencia ningún riesgo “significativo”. Y a falta de disponer de resultados de estudios epidemiológicos a largo plazo, el Instituto Nacional del Cáncer tampoco juzga que haya una relación de causa a efecto en los 65 casos de cáncer de mama detectados en Francia.

Lo que es indudable, en todo caso, es que ha habido un perjuicio claro. En Francia, sobre una población de 30.000 mujeres a quienes se implantaron prótesis PIP, se han contabilizado 4.100 casos de ruptura de los implantes y, como consecuencia, 2.700 casos de reacciones inflamatorias. Un total de 15.000 mujeres se han operado para retirarlos. En España, eran de cerca de 20.000 las mujeres afectadas por el problema, que ha tenido una especial incidencia en países de América Latina.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, el tribunal debe resolver diversos recursos, presentados tanto por la defensa de los acusados como por algunas de las partes afectadas. Los primeros piden, entre otras cosas, la nulidad del procedimiento alegando que los mismos hechos han sido separados en tres causas (hay otras dos pendientes por heridas involuntarias y por infracciones financieras). En el segundo caso, una de las asociaciones de víctimas –el Movimiento en defensa de mujeres portadoras de implantes y prótesis– ha impugnado el proceso alegando que en el banquillo de los acusados faltan responsables: desde la empresa PIP en tanto que persona jurídica –liquidada judicialmente en marzo del 2010–, la consultora alemana que certificó los implantes –TÜV (Technischer Überwachungs-Verein), aceptado como parte afectada por el fraude–, la ANSM y el sindicato de cirujanos plásticos.