Un ambiente
enrarecido, tóxico, venenoso, envuelve la política francesa desde que estalló
el escándalo de la cuenta suiza del exministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac.
Las revelaciones del caso, y particularmente la investigación abierta en torno
al banco que organizó la evasión fiscal del hasta hace poco responsable de la
Hacienda pública francesa –Reyl & Cie., en cuya cartera de clientes podrían
figurar numerosas personalidades francesas–, ha disparado la paranoia entre la
clase política y ha generalizado la sospecha entre la población: la mayoría de
los franceses ve hoy corrupción por todas partes y –escandalizada por las
mentiras de Cahuzac– no acredita valor alguno a la palabra de los políticos, ya
sean de izquierda o de derecha.
Fruto de esta situación emponzoñada, el rotativo Libération –presionado por una nueva investigación en
curso de Mediapart, el diario digital que reveló el caso
Cahuzac– se hizo ayer eco de un rumor sin confirmar según el cual el ministro
de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, tendría también una cuenta en Suiza. El
máximo responsable del Quai d’Orsay lo desmintió “formalmente” –algo que ha
perdido muchos enteros después de los falsos desmentidos del exministro del
Presupuesto– y anunció la presentación de una demanda contra el periódico. Libé se justificó alegando que sólo pretendía informar
de que la investigación de Mediapart había sembrado el
pánico durante el fin de semana en el Elíseo... Un argumento contestado en la
propia redacción.
La inquietud en el Elíseo está plenamente justificada. Si en
los próximos días o semanas aparece un nuevo caso Cahuzac, el daño puede ser
irreparable. Si el implicado es un político de la oposición, añadirá más
descrédito a la clase política en general, percibida como una casta. Si el
implicado es un miembro del Gobierno, podría precipitar su caída y la
convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. En ambos casos, como
apuntan algunos observadores, puede acabar poniendo en cuestión el sistema
político-institucional de la V República.
La caja de Pandora, en fase de apertura, se llama Reyl &
Cie., una sociedad de gestión de activos con sede en Ginebra (Suiza) que en el
2010 adquirió el rango de banco. Fue a través de esta entidad financiera,
fundada por el francés Dominique Reyl, que Jérôme Cahuzac trasladó la cuenta
bancaria que tenía en el banco USB a Singapur, para evitar el control fiscal. A
petición de la justicia francesa, la policía helvética registró el 22 de marzo
la sede de Reyl & Cie, que gestiona activos financieros por valor de 6.000
millones de euros. Y aunque en principio el objeto sólo era la cuenta de
Cahuzac, todo lo que puedan haber descubierto podría inclinar a los jueces a
ampliar el ámbito de la investigación. Según el diario Le
Monde, uno de los medios internacionales que ha participado en la
investigación periodística Offshoreleaks, el banco
tendría entre sus clientes a “decenas de VIP franceses, políticos de derecha
como de izquierda, industriales y empresarios”.
La televisión suiza informó el pasado fin de semana de que,
más allá de los 600.000 euros que Cahuzac ha admitido tener depositados en su cuenta,
el exministro habría intentado sin éxito en el 2009 colocar una cantidad muy
superior, de 15 millones de euros, lo que su abogado niega. La cifra, de ser
cierta, hace pensar a algunos expertos en la implicación de otras personas... o
acaso del Partido Socialista.
Para tratar de frenar el descrédito y recuperar su imagen y
la de su Gobierno ante la opinión pública, el presidente François Hollande
prepara medidas de choque en materia de lucha contra la corrupción, en línea
con lo anunciado personalmente en su comparecencia televisiva para evocar el
caso Cahuzac. Hollande se reunió el domingo en el Elíseo con el primer
ministro, Jean-Marc Ayrault, y diversos ministros para preparar un proyecto de
ley de moralización de la vida política que será estudiado por el Consejo de
Ministros de mañana mismo. El objetivo es aprobarlo el próximo día 24 y
enviarlo inmediatamente al Parlamento.
De momento, de aquí al próximo lunes, Ayrault ha exigido a
todos sus ministros que hagan público su patrimonio, en un gesto de
transparencia que pretende apaciguar los ánimos. Sin esperar a la orden, ayer
se adelantó la ministra delegada para los Minusválidos y la Exclusión,
Marie-Arlette Carlotti, quien en su blog declaró un patrimonio por valor de
cerca de 640.000 euros, incluyendo dos apartamentos, una casa, dos coches,
acciones en Bolsa, seguros de vida y cuentas bancarias.
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