El patrimonio de los políticos, bajo control

Los políticos franceses estarán obligados a partir de ahora a declarar públicamente su patrimonio y sus intereses económicos –una medida ya presente en la mayor parte de los países de la Unión Europea, pero no en Francia– y su veracidad será controlada por una autoridad independiente. La medida, que ha sido recibida con división de opiniones en el seno de la derecha y de la izquierda, afectará no sólo al presidente y los miembros del Gobierno como hasta ahora, sino también a los parlamentarios, los responsables de los grandes ejecutivos locales y los dirigentes de las grandes administraciones.

La medida, anunciada ayer por el presidente francés, François Hollande, al término del Consejo de Ministros, será incluida en el proyecto de ley de moralización de la vida púbica que el jefe del Estado quiere aprobar el próximo día 24 y enviar inmediatamente al Parlamento para su entrada en vigor antes del verano. Los ministros deberán hacer pública su declaración a más tardar el próximo lunes –algunos ya se han avanzado esta semana–, mientras que todos los demás estarán obligados a hacerlo tras la aprobación de la ley.

Precipitada por el escándalo de la cuenta suiza del exministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac –quien, por cierto, mintió en su declaración–, la medida trata de recuperar la confianza de la ciudadanía ofreciendo transparencia. Pero no todo el mundo está de acuerdo, lejos de ahí. Numerosos son los políticos, de todo el arco parlamentario, que rechazan esta medida o ponen en cuestión su eficacia. Entre ellos está el líder de la UMP, Jean-François Copé... pero también los ecologistas Daniel Cohn-Bendit y Noël Mamère, y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo. Otros verdes, como Cécile Duflot o Jean-Vincent Placé, están en cambio a favor. Lo mismo que el ex primer ministro conservador François Fillon –quien ya ha hecho público su patrimonio– y otros de sus compañeros de filas, como los exministros Bruno Le Maire o Laurent Wauquiez.

En este capítulo, el presidente francés avanzó también que la ley prohibirá a los diputados y senadores compatibilizar su mandato parlamentario “con ciertas actividades profesionales para prevenir todo conflicto de intereses”. Cuáles y en qué condiciones, no lo precisó. Pero en el ambiente está el caso de los parlamentarios que actuán a la vez como abogados de negocios, de los que hay una treintena. Laurent Wauquiez los señaló con el dedo días atrás, al proponer que se les obligue a hacer pública su cartera de clientes... Una propuesta que iba dirigida como un dardo –en el contexto de la guerra interna de la UMP– contra el presidente del partido, Jean-François Copé.

François Hollande subrayó, en alusión a Cahuzac, que “el fallo de un hombre no debe lanzar el descrédito y la sospecha sobre los cargos electos que se consagran al bien público sin obtener la menor ventaja”. Pero para que ello ssea creíble, señaló, es necesario que la lucha contra la corrupción sea inequívoca. “Yo seré implacable, porque fui elegido por la voluntad de una República ejemplar, y créanme, yo me he sentido herido, golpeado, mortificado incluso, por lo que se ha producido, que va contra todas mis concepciones personales, mis exigencias políticas, mis compromisos”, afirmó.

Junto a las medidas que afectan a los responsables políticos, el presidente francés anunció también la creación de una fiscalía anticorrupción de ámbito nacional para combatir los casos de corrupción y de gran evasión fiscal –algo que los jueces observan con recelo y reclaman más medios para el polo financiero del Tribunal de Gran Instancia de París– y nuevas medidas contra los paraísos fiscales. La ley obligará a los bancos franceses a detallar todas sus filiales internacionales y permitirá al Gobierno hacer su propia lista –más restrictiva– de paraísos fiscales. Francia ha firmado asimismo, con Alemania, el Reino Unido, Italia y España una petición a la UE para que se adopte un intercambio automático de datos sobre los haberes de los ciudadanos en el exterior.

El propietario de LVMH renuncia a la nacionalidad belga

Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia y décima fortuna mundial, tira la toalla y renuncia a solicitar la nacionalidad belga. Así lo anunció ayer personalmente el presidente del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) en una entrevista publicada por el diario Le Monde, donde el propietario del gigante del lujo justifica su decisión por su deseo de “evitar todo equívoco” sobre sus intenciones y salvaguardar la imagen de las sociedades del grupo. “He explicado varias veces que yo iba a mantener mi residencia en Francia y que aquí iba a continuar pagando mis impuestos. En vano”, se lamenta Arnault, quien posteriormente añade: “No quiero ser asociado a una situación de la que se pueda sospechar que deseo el exilio fiscal”.

El descubrimiento, el pasado mes de septiembre, de que el presidente de LVMH había pedido la nacionalidad belga –un país que atrae a las fortunas francesas por su débil fiscalidad sobre el patrimonio– levantó una gran polémica en Francia y le granjeó violentas críticas. “¡Lárgate, rico gilipollas!”, llegó a titular en portada el diario Libération, a quien Arnault retiró después la publicidad. Y algunos políticos le calificaron de traidor y de antipatriota.

El presidente de LVMH ha dado marcha atrás a pocas semanas de que la comisión de naturalizaciones del Parlamento belga se pronunciara sobre su petición, prevista a mediados de mayo. La fiscalía y la oficina de extranjería habían emitido dictámenes negativos al respecto, pese a lo cual Arnault considera que tenía “importantes posibilidades” de obtener la doble nacionalidad.

“Habida cuenta de la situación del país, el esfuerzo de enderezamiento debe ser compartido. Con este gesto, quiero expresar mi apego a Francia y mi confianza en su futuro”, afirma Arnault, quien subraya que LVMH pagó el año pasado 1,000 millones en impuestos y que él personalmente es uno de los principales contribuyentes del país. Según sus explicaciones, la iniciativa tenía como único objetivo blindar la fundación que creó en el 2011 en Bélgica –y a la que trasladó sus acciones de LVMH– con el fin de evitar la desintegración del grupo cuando él falte. Con 64 años y una fortuna calculada por Forbes en 22.100 millones de euros, Arnault quiere –según él mismo explica– evitar el efecto devastador que ytendria una eventual guerra entre sus cinco hijos.