Nicolas Sarkozy,
que un año y medio después de perder las elecciones presidenciales y retirarse
temporalmente de la política apenas logra disimular su deseo de volver, tiene
desde ayer el camino de regreso mucho más despejado. Los jueces instructores del
caso Bettencourt –por el nombre de la heredera del grupo L’Oréal, Liliane
Bettencourt– decidieron enviar a juicio a diez personas, pero no al
expresidente francés, por entender que los indicios en su contra son demasiado
débiles.
Sarkozy estaba imputado por un presunto delito de “abuso de
debilidad” sobre Lilianne Bettencourt, ante la sospecha de que el exjefe del
Estado podría haber abusado de la vieja dama –que está a punto de cumplir 91
años y que según un informe pericial tiene las facultades psíquicas disminuidas
desde finales del 2006–, con el fin de obtener dinero para financiar su campaña
de las elecciones presidenciales 2007.
Los jueces del caso, Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonatxo y
Valérie Noël, siguen convencidos de que algo así se produjo. Y de ahí que entre
los enviados a juicio esté el exministro Eric Woerth, que fue el tesorero de la
campaña de Sarkozy. En el caso de Woerth los instructores han hallado indicios
serios en su contra, en concreto sospechosas coincidencias de fechas entre varias
reuniones que el exministro mantuvo con el administrador de la fortuna personal
de Bettencourt, Patrice de Maistre –también enviado a juicio– y varias
operaciones bancarias previas por parte de la familia. Los jueces han
detectado, entre el 2007 y el 2009, transferencias sospechosas por valor de
cuatro millones de euros desde las cuentas bancarias de los Bettencourt en
Suiza.
También es enviado a juicio el fotógrafo François-Marie
Banier, amigo de Liliane Bettencourt –de quien recibió en los últimos años
millonarios regalos– que está en el origen de la investigación judicial. Todo
empezó, en efecto, con la denuncia presentada por la hija de la
multimillonaria, Françoise Bettencourt-Meyers, contra Banier y de Maistre. Un
asunto de familia que derivó en caso político cuando se hallaron testimonios de
una financiación irregular de la campaña de Sarkozy y un claro intercambio de
favores entre De Maistre y Woerth.
Pero en el caso personal de Sarkozy, los jueces apenas han
encontrado pruebas de cargo serias en su contra: un par de visitas a casa de
los Bettencourt en febrero del 2007 y las sospechas de terceras personas sobre
la naturaleza de esas visitas, pero ninguna evidencia de que hubiera recibido
dinero directamente.
El expresidente francés, que en este caso se ha presentado
como víctima de una maquinación político-judicial en su contra, se felicitó
ayer a través de su cuenta personal en Facebook de que los jueces la hayan
“declarado inocente” (lo que no es jurídicamente exacto). “Dos años y medio de
investigación, tres jueces, decenas de policías, 22 horas de interrogatorios y
confrontaciones, cientos de artículos cuestionando mi probidad durante la
campaña presidencial. Era el precio a pagar para que la verdad quede finalmente
establecida”, escribe Sarkozy, quien se abstiene de valorar la actuación
judicial y lamenta las “calumnias” recibidas.
El caso Bettencourt no era el único que pesaba sobre Nicolas
Sarkozy –y su eventual retorno político cara a las elecciones presidenciales
del 2017–, pero sí era el que podía resultar más devastador. Por la acusación
en sí –lo de abusar de viejecitas, aunque sean millonarias y por una presunta
buena causa, no es muy enaltecedor– y porque el calendario del proceso judicial
podría haber perturbado gravemente su campaña.
En ninguno de los otros asuntos en los que podría verse
salpicado –caso Karachi, caso Tapie, caso Gadafi, caso de los sondeos del
Elíseo– está imputado.
Fillon se declara “competidor”
La intención más o menos velada –cada vez menos– de Nicolas
Sarkozy de regresar y concurrir en las elecciones presidenciales del 2017 tiene
de entrada un primer obstáculo dentro de su propio partido, la Unión por un
Movimiento Popular: su exprimer ministro, François Fillon, tiene la misma
ambición y se ha declarado su “competidor”.
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