Contrarreforma penal

Cambio de tercio en la política penal en Francia. Un año y medio después de conquistar el Elíseo, el presidente François Hollande se dispone a enterrar una de las reformas más emblemáticas de su antecesor: la instauración de las denominadas “penas base”, que establecía penas severas y prácticamente automáticas para los delincuentes reincidentes. El proyecto de reforma penal aprobado ayer por el Consejo de Ministros rompe totalmente con la lógica carcelaria de la etapa de Nicolas Sarkozy y no sólo suprime este tipo de penas, sino que introduce una nueva pena llamada “obligación penal” –equivalente a la probation estadounidense– como alternativa a la prisión para todos los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel.

Esta “obligación penal”, que persigue promover la reinserción del delincuente y evitar su reincidencia, podrá tener diversas modalidades. En función del delito, el condenado puede ser obligado a realizar trabajos de interés general, reparar el perjuicio causado, seguir un cursillo o un tratamiento, etc.

Al margen de las convicciones políticas, la medida tiene también un objetivo práctico: aliviar la superpoblación de las cárceles, donde este verano se alcanzó el récord de 68.569 presos para sólo 57.320 plazas.

Consciente de que una reforma de este tipo será forzosamente polémica –la derecha ya ha empezado a lanzar contra los socialistas acusaciones de “laxismo” y ha calificado de “locura” la nueva pena alternativa a la prisión–, el Gobierno ha decidido retrasar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley al 8 de abril, una vez celebradas las elecciones municipales. El proyecto original de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, era algo más atrevido. Pero la férrea oposición del ministro del Interior, Manuel Valls, a algunos aspectos, ha endurecido el texto final.