'Los 343 cabrones'

Su título es provocador, su tono, descarado y su contenido, declaradamente combativo. Además de abiertamente antifeminista... Un grupo de 343 hombres franceses –única y exclusivamente hombres–, entre los cuales hay conocidos portavoces de la autodenominada “derecha desacomplejada”, han firmado un manifiesto para expresar su absoluto rechazo a la proposición de ley de dos diputadas socialistas para endurecer la lucha contra la prostitución a base de penalizar a los clientes de las prostitutas. La iniciativa ha sido promovida por el semanario político Causeur (“conversador”), exponente de la corriente neoconservadora, que no ha dudado en adoptar –adaptándolos– conocidos lemas de la izquierda.

Así, los firmantes se hacen llamar Les 343 salauds (“Los 343 cabrones”), en alusión a las 343 salopes (“343 guarras”), como fueron llamadas satíricamente en 1971 las firmantes –con Simone de Beauvoir a la cabeza– de un célebre manifiesto en favor de la despenalización del aborto. Para redondear la provocación, el eslogan escogido –Touche pas à ma pute! (“¡No toques a mi puta!”)– evoca el utilizado por la organización SOS Racisme en 1985 –Touche pas à mon pote! (“No toques a mi amigo!”)– para denunciar el racismo y la xenofobia.

Entre los firmantes del manifiesto están el escritor, comentarista y presentador de televisión Frédéric Beigbeder –cuya última aventura profesional ha sido la reedición de la histórica revista erótica Lui–; el periodista y editorialista Eriz Zemmour –estandarte de la nueva derecha neorreaccionaria (néoréac), que se dio a conocer en el 2006 con un libro antifeminista titulado “El primer sexo”–; el articulista de derechas Ivan Rioufol, que escribe una combativa columna en Le Figaro: el humorista Basile de Koch –marido de Frigide Barjot, la activista que lideró el movimiento conservador contra el matrimonio homosexual–, y el letrado Richard Malka, abogado del exministro socialista y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, salpicado por todos los escándalos sexuales habidos y por haber.

También lo han suscrito el actor y director teatral Philippe Caubère –que en el 2011 publicó una tribuna en <CF21>Libération</CF> confesándose “cliente de prostitutas”–; el humorista y escritor Nicolas Bedos –un militante de la provocación– o el novelista y crítico musical Benoît Duteurtre.

“Homos o heteros, libertinos o monógamos, fieles o volubles, somos hombres. Eso no hace de nosotros los frustrados, perversos o psicópatas descritos por los partidarios de una represión disfrazada de combate feminista”, escriben los firmantes, quienes –tras aclarar que no todos han “ido de putas”– rechazan en nombre de la libertad la pretensión del poder político de legislar sobre los hábitos sexuales de los ciudadanos. Para la directora de la revista Causeur, Elisabeth Lévy, el objetivo es “defender la libertad” y “la causa de los hombres”.

La ministra de los Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, descalificó las motivaciones del manifiesto: “Las 343 guarras pedían disponer de su propio cuerto, los 343 cabrones piden disponer del cuerpo de los demás”, declaró por todo comentario.

La proposición de ley que está en el centro de la polémica no ha sido presentada por el Gobierno en tanto que tal –aunque cuenta con el apoyo de la ministra Vallaud-Belkacem–, sino por los diputadas socialistas Maud Olivier y Catherine Coutelle, quienes proponen castigar con una multa de hasta 1.500 euros –el doble, en caso de reincidencia– a los clientes de las prostitutas, a quienes se pretende “responsabilizar”.

La medida, que será debatida el 27 de noviembre, se inspira en la legislación sueca en la materia. Y el principal reproche que suscita –más allá de la arrogancia de pretender “abolir” la prostitución– es que puede resultar contraproducente. Además de las propias interesadas –agrupadas en el Sindicato de Trabajadoras del Sexo– también se oponen algunas asociaciones de ayuda social y de salud, que temen que las prostitutas queden en una situación todavía más precaria. 

Frigide Barjot, expulsada de su vivienda pública

El matrimonio de humoristas formado por Virginie y Bruno Tellenne, más conocidos como Frigide Barjot y Basile de Koch –este último, firmante del manifiesto de los 343 salauds–, han recibido el requerimiento de un tribunal para que desalojen, en el plazo de cuatro meses, la vivienda pública que ocupan cerca de la torre Eiffel. Se trata de un dúplex de 173 metros cuadrados por el que pagan un alquiler de 2.850 euros al mes, un precio bastante por debajo del del mercado. El Ayuntamiento de París, que ha instado su expulsión, alega que subarrendaron una parte para una actividad comercial. Barjot, que lideró la oposición al matrimonio gay, se considera víctima de una venganza política.

Hollande, enésima marcha atrás

François Hollande ordenó ayer dar marcha atrás a toda máquina y suspender la entrada en vigor de la nueva ecotasa sobre los camiones, que había encrespado los ánimos en Bretaña. Pero la maniobra del presidente francés, que suscita un nivel de desconfianza inédito en la opinión pública, puede revelarse tan contraproducente como onerosa.

Con la suspensión indefinida de la ecotasa, el Gobierno quiere apaciguar los ánimos y evitar una deriva violenta del movimiento de protesta, pero lo hará a costa de erosionar aún más la credibilidad del presidente, abrir una grave crisis de confianza con sus socios gubernamentales, Los Verdes, y dilapidar el dinero público. El panorama es tan desolador como el de la salomónica solución ofrecida al caso Leonarda.

La ecotasa, que debía entrar en vigor el próximo 1 de enero –y que ahora queda aplazada sine die–, no es un impuesto creado por Hollande, sino que es fruto del gran pacto nacional por el medio ambiente suscrito en el 2007 –bajo presidencia, por tanto, de Nicolas Sarkozy– por el Estado, las administraciones territoriales, empresas, sindicatos, partidos y organizaciones ecologistas. Pero, por azares de los ritmos políticos, se ha convertido en el exponente más visible de la exasperación de los franceses por la política fiscal de los socialistas.

La ecotasa fue concebida para gravar el consumo de combustibles fósiles en el transporte de mercancías. Los contribuyentes eran los camiones pesados (de más de 3,5 toneladas), que en función de su categoría y su nivel de emisiones iban a pagar entre 8 y 15 céntimos de euro por kilómetro recorrido. La contestación ha sido liderada por la patronal agrícola, FNSEA, a cuyo juicio, el nuevo impuesto encarecerá entre un 5% y un 10% los gastos de transporte, y ha prendido sobre todo en Bretaña, castigada por la crisis de su industria agroalimentaria.

El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, fue el encargado de anunciar la suspensión, que “no supresión”, de la ecotasa. Y la justificó diciendo que ello permitirá dialogar con calma sobre las modalidades de su aplicación y “evitar el engranaje de la violencia”. La alusión no era gratuita: los servicios de información –Renseignements Généraux (RG)– habían alertado al Gobierno que la protesta podía acabar adquiriendo dimensiones “explosivas” y extenderse a otras regiones.

Lo que parece un mal menor, sin embargo, tendrá efectos secundarios graves para François Hollande. De entrada, para su imagen política, en la medida en que consolida la percepción de los franceses de que el presidente no tiene ninguna autoridad. Y a continuación porque emponzoña sus relaciones, ya difíciles, con los ecologistas, que semanas atrás amagaron con irse del Gobierno por sus incumplimientos en materia de medio ambiente.

Por si fuera poco, la suspensión de la entrada en vigor de la ecotasa no sólo hará perder al Gobierno unos preciados ingresos –1.000 millones de euros al año–, sino que además le obligará a pagar a la empresa que ha instalado los 180 pórticos de control en la red viaria principal y que deberá percibir 50 millones al trimestre. Haya o no haya ecotasa. 

Liberados cuatro rehenes en Níger

Los cuatro rehenes franceses secuestrados por AQMI en una explotación de uranio de la empresa Areva en Níger, el 16 de septiembre del 2010, Thierry Dol, Daniel Larribe, Pierre Legrand y Marc Féret, fueron liberados ayer sanos y salvos después de algo más de tres años de cautiverio. Otros tres secuestrados el mismo día –una mujer francesa, un hombre togolés y otro malgache– fueron liberados en el 2011.

Exasperación fiscal

En 1675, miles de campesinos bretones se sublevaron violentamente contra la creación de nuevos impuestos decidida por el rey Luis XIV –en particular, el impuesto sobre el papel timbrado–, en lo que ha pasado a la Historia como La Revuelta de los Gorros Rojos. Los bretones no empuñan hoy picos, espadas ni fusiles, sino huevos y coles, ya no gritan torr-e-benn! (“¡rómpeles la cabeza!”), pero el pasado fin de semana volvieron a colocarse el gorro rojo para protestar por el aumento de los impuestos decidido por el Gobierno socialista, protagonizando violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La chispa que ha encendido la mecha en una región duramente castigada por el declive de su industria agroalimentaria ha sido la próxima entrada en vigor de la ecotasa que gravará –a partir del próximo 1 de enero– el transporte de mercancías en camión. Pero, más allá de sus implicaciones locales, la protesta es un exponente del descontento y la exasperación crecientes de los franceses por la política fiscal de François Hollande, de la que es otra muestra la huelga convocada por los clubes de fútbol profesional de primera y segunda división, para la jornada del 30 de noviembre y 1 de diciembre, contra el impuesto de solidaridad, que grava con un tipo del 75% todos los salarios percibidos por encima de un millón de euros anuales y que deben pagar las empresas.

Aunque cada cual defiende intereses particulares, la revuelta de los agricultores en Bretaña y la protesta del fútbol expresan un descontento general, que atraviesa a toda la sociedad francesa. Los ciudadanos tienen la sensación de que el Gobierno les masacra a impuestos con la avidez de un vampiro. Los sondeos recogen este hartazgo, que está detrás de la bajísima popularidad de Hollande –26% según el último sondeo de BVA, hecho público ayer–, quien en tan sólo año y medio de mandato se ha convertido en el presidente más aborrecido de toda la V República. En Facebook una nueva página titulada La révolte fiscale c’est maintenant (“La revuelta fiscal es para ahora”) –que parafrasea el lema de campaña de Hollande en las presidenciales– ha conseguido en pocos días 6.000 seguidores. Su emblema: los irredentos galos del poblado de Astérix y Obélix.

El origen de los problemas a los que se enfrenta hoy el Gobierno francés radica en la decisión primigenia de Hollande de tratar de colmatar el déficit público según lo reclamado por la Unión Europea –y aún sin conseguirlo del todo, pues cerró el año pasado con un 4,8%– primando el aumento de los impuestos por encima del recorte de los gastos. En el presupuesto del 2013, el primero de su mandato, la recaudación fiscal imputable a un aumento de los impuestos o a la creación de nuevas tasas se elevó 20.000 millones de euros, y en el del 2014 aumentará aún en 3.000 millones más. Y eso sin contar –sin contarlo el Gobierno, porque se decidió ya hace un año y no es “nuevo”– que el 1 de enero aumentarán los tipos del IVA: del 19,6% al 20% el normal y del 7% al 10% el intermedio. La teoría decía que el esfuerzo debía recaer en las capas más favorecidas de la sociedad. Pero la realidad es que le está tocando a todo el mundo. Hasta tal punto que el propio presidente francés prometió una “pausa fiscal”... ¡para el 2015!

El segundo problema, tanto o más grave que el anterior, es el modo en que Hollande ha abordado la política fiscal. Lejos de su promesa de campaña de plantear una amplia y profunda reforma fiscal, el presidente se ha dedicado a hacer pequeños y continuos toques aquí y allá con el único fin de cuadrar el presupuesto, con el mismo método –hecho de improvisación y medias tintas– que le ha conducido al fracaso en el caso de la niña gitana Leonarda. Y que el ensayista Jacques Attali, gurú de la izquierda socialdemócrata desde los tiempos de François Mitterrand, muy crítico con Hollande, ha calificado severamente de “bricolaje patético”.

Este sistema ha conducido al Ejecutivo a dar continuas marchas atrás. El año pasado le sucedió con la reforma de las plusvalías empresariales, retirada tras el motín de los empresarios de start-ups, los llamados palomos, y este fin de semana, con la reforma de la imposición de los productos de ahorro. Habrá que ver qué pasa con la Bretaña.

Exilio al alza

Las cifras se van decantando poco a poco y con cierto retraso, pero permiten observar una tendencia inquietante: en el año 2011, en vísperas del triunfo electoral de François Hollande, el número de exiliados fiscales se disparó al alza en un 62%. Así lo revelan los datos oficiales de la Dirección General de las Finanzas Públicas a los que ha tenido acceso el senador de la UMP Philippe Marini. Según estos datos, en el 2011 un total de 35.077 contribuyentes partieron al l extranjero, un número sensiblemente superior al del año anterior, que fue de 21.646. Los números nada indican sobre los motivos de la expatriación –fiscales o profesionales–, aunque Marini sospecha que la perspectiva de victoria de la izquierda debió influir. Paralelamente, otros datos recogidos por L’Express indican un sensible aumento de los residentes en el consulado de Ginebra, en Suiza, de 121.320 en el 2010 a 131.594 en el 2012.

Algo más que un pan bajo el brazo

La pequeña Zohra, de cuatro años, hija de la eurodiputada y exministra francesa Rachid Dati, no vino a este mundo con un pan bajo el brazo, sino con un tesoro escondido. Y su madre parece determinada a desenterrarlo. La que fuera titular del Ministerio de Justicia con Nicolas Sarkozy ha reclamado judicialmente una pensión de 6.000 euros para su hija al presunto padre, el rico hotelero Dominique Desseigne, que rechaza tal paternidad. La justicia francesa todavía no ha dictaminado sobre el fondo del asunto, por lo que la petición económica de Dati es interpretada por la defensa del empresario como un paso para buscar un arreglo económico.

Residente en el muy chic, muy exclusivo y muy caro barrio de la Tour-Maubourg de París, a dos pasos de Los Inválidos, Rachida Dati justifica la petición de semejante cantidad de dinero – “extravagante”, en palabras de la abogada de Desseigne, Michèle Cahen– por el coste de mantener una niñera fija (1.300 euros al mes) y sufragar su matriculación en una escuela privada bilingüe de alto copete (30.000 euros al año), entre otros gastos, reales o imaginarios.

Rachida Dati, a punto de cumplir 48 años y soltera, y Dominique Desseigne, de 69 y viudo, se conocieron en noviembre del 2007 –siendo ella ministra– y poco después iniciaron una relación amorosa. Según el empresario, su historia sólo duró tres meses. Según la eurodiputada conservadora, duró algo más... hasta la concepción de Zohra, que nació en enero del 2009.

La exministra ha aportado el testimonio de tres de sus colaboradores de la época –su chófer, un guardaespaldas y una secretaria– para demostrar que la relación con Desseigne duró hasta finales del verano del 2008. Y ha conseguido que la justicia reclamara una prueba de paternidad, a través de un test ADN, al demandado. Pero el empresario se ha acogido a su derecho legal de rechazar la prueba. Desseigne no niega su relación con Dati, sino la paternidad de Zohra. Su principal argumento es la presunta promiscuidad de la exministra, a quien los rumores atribuyeron en la época múltiples aventuras.

Presidente del grupo Barrière, Desseigne es el patrón de un imperio económico integrado por 37 casinos, 15 hoteles de lujo y 130 restaurantes, cuya cifra de negocios alcanza 1.100 millones de euros. Su fortuna personal se calcula en 350 millones. 

Muerte bajo los cocoteros

Nosy Be, isla grande en lengua malgache, conocida también como la isla de los perfumes, parece un rincón paradisíaco. Así al menos presentan las guías turísticas a esta isla volcánica situada al noroeste de Madagascar. Y así se muestra en sus flamantes fotos una isla de postal, con cocoteros, playas de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa. El enclave tiene, sin embargo, un lado oscuro: con los años se ha convertido en un activo foco de turismo sexual en el África oriental.

Para Sébastien Judalet y Roberto Gianfalla, la isla se convirtió en la puerta del infierno y la popular playa de Ambatoloaka, en su cadalso. El pasado 3 de octubre, ambos fueron linchados, torturados y quemados vivos por una multitud encolerizada, empujada por el miedo y el odio, que les responsabilizaba de la muerte y mutilación de un niño de 8 años, y les acusaba de pedofilia, tráfico de órganos y no se sabe cuántas indignidades más. La investigación posterior llevada a cabo por Francia ha demostrado que todo era un infundio.

Sébastien Judalet, de 38 años, era conductor de autobús de la RATP en la región de París. Divorciado y padre de una niña de 11 años, vivía modestamente en Montreuil, una ciudad de la banlieue al este de la capital. Enamorado de Nosy Be, que había conocido en un viaje anterior, llegó a la isla el 15 de septiembre, con el objetivo de quedarse seis semanas. Alojado en un rudimentario bungalow del hotel Robinson, donde pagaba 16 euros por noche, soñaba con instalarse definitivamente en la isla.

Es lo que ya había hecho su compañero de copas y de infortunio, Roberto Gianfalla, franco-italiano de 50 años y divorciado como él, que había trabajado como cocinero en Annecy (Alpes) y se había mudado a Nosy Be tiempo atrás. Ambos salían a pescar y se les podía ver juntos por los bares de la población. Y ambos, en mala hora, conocieron a Zaïdou, un joven ratero malgache especialista en timar a los turistas, con quien entablaron relación.

El relato de la tragedia empezó a escribirse el 27 de septiembre. Ese viernes, Chaino, de ocho años, sobrino de Zaïdou, pasó la tarde en la mezquita y después en el mercado, desde donde partió hacia su casa. Adonde nunca llegó. Enfrentado a su familia, Zaïdou hizo –según parece– comentarios equívocos sobre la desaparición del niño a sus parientes, hasta el punto de que éstos sospecharon que él podía tener algo que ver y le denunciaron a la Gendarmería. Detenido el miércoles 2 de octubre, fue posteriormente puesto en libertad por falta de pruebas en su contra.

Los ánimos empezaron a calentarse ya en ese momento. Y acabaron de prender cuando, hacia las once de la noche, el cadáver de Chaino fue encontrado en una playa. El cuerpo del pobre niño estaba mutilado –le faltaban los ojos, la lengua, los genitales...–, sin que, a falta de autopsia, se haya podido determinar la causa de la muerte ni si tales mutilaciones fueron debidas a una acción criminal o a las horas –al parecer, bastantes– que el cuerpo permaneció sumergido en el mar.

La multitud, sin embargo, no sintió la más mínima sombra de una duda. Sobre nada. Ni sobre el móvil –pederastia o tráfico de órganos, o ambas cosas a la vez– ni sobre los culpables: el tío del chaval, naturalmente, porque por algo lo habían detenido los gendarmes, y luego esos dos extranjeros con los que tenía extraños tratos… ¿Acaso no vienen una parte de los turistas a la isla en busca de sexo fácil y barato? Ser blanco y tener acento extranjero se convirtió en indicio de culpabilidad.

Nosy Be es una isla conocida en el circuito del turismo sexual internacional. Los turistas que la han frecuentado hablan de cómo puede verse a occidentales de avanzada edad –generalmente franceses, de los que hay unos 700 instalados de forma permanente en la isla, de 36.000 habitantes– acompañados con jovencitas malgaches por la calle. Y no sólo jovencitas… El portal de la oficina de turismo de la isla en internet incluye una seria advertencia contra el turismo sexual con niños, donde se asegura que los culpables serán perseguidos en el lugar del delito y también en sus países de origen.

Cegada por la ira, la multitud empezó por asaltar y prender fuego a las instalaciones de la Gendarmería. Los disturbios causaron dos muertos, caídos por los disparos de los gendarmes. Acto seguido, los amotinados partieron a la caza de los presuntos culpables del asesinato. Tenían ya nombres y apellidos, así que encontrarles no fue muy difícil. Ajeno a lo que le esperaba, Sébastien Judalet se encontraba en un bar de la localidad, el Taxi be. Después fueron a por Gianfalla.

Los dos desgraciados fueron sometidos a un largo interrogatorio por sus captores y a un simulacro de juicio, que –como no podía ser de otra manera– acabó con una sentencia a la pena capital. Sus captores, erigidos en jueces y verdugos, así como el centenar de curiosos que ejercieron el papel de espectadores y cómplices, lo grabaron todo con sus móviles. Las imágenes son espeluznantes. Pero no lo es menos la desesperada defensa del francés.

Judalet y Gianfalla fueron conducidos a la playa de Ambatoloaka, donde fueron salvajemente golpeados y quemados vivos. Doce horas más tarde, los vengadores cazaron al tío del niño, Zaïdou, linchado en plena calle. Una treintena de personas fueron detenidas en los días posteriores.

La justicia francesa, legalmente habilitada para actuar cuando un francés es asesinado en el extranjero, abrió una investigación oficial sobre la muerte de Judalet. Las indagaciones realizadas por la policía, que analizó su ordenador personal y su actividad reciente en internet –mails, Facebook–, así como los extractos de sus cuentas bancarias, y que interrogó a sus parientes y amigos, descartan su implicación en los presuntos hechos delictivos que le imputaban sus verdugos. “No se ha hallado ningún elemento que confirme el rumor de pedofilia o de tráfico de órganos”, informó la fiscalía de Bobigny (periferia de París). Una exculpación que llega demasiado tarde.

Rebelión fiscal en el fútbol francés

El fútbol francés está que arde a causa de la presión fiscal. Cuarenta y un año después de la primera huelga de jugadores, en 1972, los clubes de primera y segunda división han decidido convocar un nuevo paro y suspender una jornada de la liga –la del 30 de noviembre y 1 de diciembre- con el objetivo de presionar al Gobierno para que retire el impuesto excepcional de solidaridad que grava con el 75% las rentas superiores a un millón de euros. En este caso, los clubes cuentan con el apoyo de la Liga Profesional y de los sindicatos de jugadores, de entrenadores y del personal administrativo.

La última versión de este controvertido impuesto, actualmente en discusión en el Parlamento, hace recaer el pago de esta tasa no en los jugadores, sino en los clubes. Según la Unión de Clubes Profesionales Franceses (UCPF), ello puede conducir a la ruina a numerosas entidades, que son deficitarias y acumulan unas pérdidas globales de 80 millones de euros. En principio, la vigencia del impuesto se limita a los años 2014 y 2015, pero su efecto inmediato puede tener importantes consecuencias económicas. “Podemos acabar en la tercera división europea”, expresó gráficamente el presidente de la UCPF y del club de fútbol Le Havre, Jean-Pierre Louvel, quien recordó de paso que el sector representa 25.000 empleos directos e indirectos.

El impuesto del 75% no afecta únicamente a los clubes de fútbol, sino a todas las empresas -sea cual sea su tamaño y su ámbito profesional- que paguen altas rentas a sus asalariados. Pero son las entidades futbolísticas, en tanto que colectivo, las más afectadas: del millar de contribuyentes sujetos a este impuesto, un total de 123 personas -115 jugadores y ocho entrenadores- pertenecen a la Liga 1. Según cálculos del sector, los clubes deberían pagar por este concepto unos 44 millones de euros.

El más afectado sería el Paris Saint-Germain (PSG) -con 20 millones-, aunque el poder económico de sus propietario, el Estado de Qatar, no parece ponerle muchos problemas. El Mónaco, radicado fiscalmente en otro país, tampoco está afectado. Pero para otros clubes, como los de Marsella, Lyon, Lille, Burdeos, Rennes o Saint-Etienne, que deberían pagar entre uno y cinco millones de euros, el golpe es severo.

El Gobierno hizo un gesto al limitar la cuantía total a pagar, que no puede exceder el 5% de la cifra de negocios. Pero esta aproximación ha sido juzgada insuficiente. El presidente francés, François Hollande, recibirá a una delegación de presidentes de club de fútbol la semana que viene para tratar de buscar una salida al conflicto.

Para Hollande, la protesta del fútbol no puede caer peor, habida cuenta del enorme malestar social que ha creado su política fiscal: empeñado en reducir el déficit público, pero reacio a hacer grandes recortes del gasto, ha aumentado fuertemente los impuestos.

El controvertido impuesto del 75% -que grava las cantidades percibidas por encima del millón- nació torcido desde el primer día y torcido ha seguido. Lanzado como idea-fuerza por Hollande en un cara a cara televisivo con Nicolas Sarkozy, apenas nadie de su entorno estaba al corriente. Después, no encontró más que problemas. El Consejo Constitucional lo enmendó primero y el Consejo de Estado después, lo que obligó a revisarlo de arriba abajo. De ahí que el impuesto, que en principio debía recaer sobre las personas individuales, haya acabado pesando sobre las empresas. Todo fuera por no dar marcha atrás en una de sus promesas electorales fundamentales.

Si el Gobierno, o el presidente francés en persona, no desactiva la protesta, la suspensión de la 15ª jornada de liga (la 16ª en segunda división) puede acarrear un problema adicional para los clubes debido a los derechos de televisión. El partido estrella de la jornada, el PSG-Lyon, debería ser televisado. Si finalmente no lo es, el canal que tiene los derechos podría demandar a la Liga Profesional. Por lo demás, si finalmente no se juega, los clubes preparan una jornada de puertas abiertas.

El buzón

El buzón… El buzón parecía una llamada de socorro. Un grito tardío, a destiempo. Pero nadie lo escuchó. Thomas Ngin tenía 42 años cuando su buzón se empezó a llenar. Extrañamente, sorprendentemente. Thomas Ngin vivía solo, no tenía pareja, no tenía hijos. Con sus hermanos, hacía tiempo que había dejado de hablarse. En cuanto a los amigos… ¿qué amigos? No tenía. Empleado como agente de seguridad, Thomas regresaba del trabajo a su casa –un pisito moderno en Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), treinta kilómetros al este de París- como quien regresa a una madriguera vacía.

Un día del año 2005, a Thomas le despidieron. De repente, ya no tenía adónde ir. Nada que hacer. Nadie a quién ver. La mayoría de sus vecinos ni siquiera le conocían. Algunos se lo habían cruzado alguna vez en la portería. Un “buenos días” y poco más. A veces, un poco menos. Así que nadie se extrañó de que el buzón empezara a llenarse de forma anormal. Los más curiosos supusieron, a partir del eco exótico de su apellido –Thomas Ngin era originario de Camboya-, que había regresado a su país… El que fuera.

El buzón estaba cada vez más lleno. Y no sólo de propaganda. El banco le reclamaba con perseverante regularidad las mensualidades del crédito hipotecario gracias al cual había comprado el piso. De la misma forma, la comunidad de propietarios le exigía el pago de sus cuotas atrasadas, que llegaron a sumar hasta 14.000 euros. Sin respuesta.

Ocho años después, y a instancias de los acreedores, la justicia decidió incautar la vivienda y sacarla a subasta para satisfacer así el pago de las deudas pendientes. Thomas Ngin nunca respondió a las citaciones, ni presentó ningún recurso. Así que el pasado 3 de octubre el apartamento fue adjudicado y vendido por 415.000 euros.

El viernes pasado, el nuevo propietario se acercó al piso acompañado de un cerrajero para tomar posesión de su nueva propiedad. Thomas Ngin seguía allí. Nunca se marchó. O sí… Solo, sin trabajo, cargado de deudas, se había suicidado colgándose de la puerta de entrada. Ocho años después, su cadáver, momificado, seguía colgado en el mismo lugar. Nadie, absolutamente nadie, le echó de menos durante este tiempo. Nadie, absolutamente nadie, advirtió nada raro durante todo este tiempo. Salvo el buzón…

Las largas orejas de América

Nuevas revelaciones sobre el espionaje masivo realizado por los servicios secretos de Estados Unidos sobre las comunicaciones con origen o destino en Francia sacudieron ayer al mundo político y al mundo empresarial francés, que descubrieron estupefactos la gran dimensión de la intromisión norteamericana. Un total de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas francesas fueron interceptadas en un sólo mes por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, según revelo el diario Le Monde. El Gobierno, que juzgó inaceptable semejantes prácticas, llamó inmediatamente al embajador estadounidense en París para pedirle explicaciones y exigirle garantías del cese de tales actividades.

El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, se confesó “sorprendido” e “impactado” por estos hechos y consideró “inverosímil” que Estados Unidos espíe de esta forma y con esta amplitud las comunicaciones privadas de un país aliado. “No hay ninguna justificación estratégica”, afirmó.

Las informaciones de Le Monde proceden, al igual que las que trascendieron el pasado verano, de los miles de documentos confidenciales obtenidos y revelados por el ex agente de la NSA Edward Snowden, actualmente refugiado en Moscú bajo la protección de las autoridades rusas.

Según el rotativo, un total de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas fueron interceptadas en Francia por la NSA en sólo un mes, entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. Y la mayoría no tenía en realidad ninguna relación con la protección de la seguridad nacional de EE.UU. Junto a personas efectivamente vinculadas, o sospechosas de vinculación, con el terrorismo internacional, entre los objetivos de las escuchas norteamericanas había también hombres de negocios, políticos y miembros de la administración francesa.

El complejo sistema de espionaje puesto en marcha por la NSA, basado en dos programas denominados Prism y Upstream, permite detectar y grabar automáticamente las llamadas efectuadas desde determinados números de teléfono –previamente seleccionados–, así como interceptar y leer los mensajes de texto (sms) enviados desde teléfonos móviles. También pueden acceder al contenido del correo electrónico, los mensajes instantáneos intercambiados, los sitios visitados en internet e incluso las búsquedas realizadas en la red,

Como ya se puso de manifiesto el pasado mes de junio, la NSA recolecta gran parte de estos datos a través de los grandes servidores de internet –Microsoft, Yahoo, Google, Paltalk, Facebook, Skype, AOL y Apple–, lo que dio lugar el pasado mes de julio a una denuncia presentada en Francia por la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre (FIDH) y la Liga de los Derechos Humanos (LDH) pidiendo la apertura de una información judicial. La demanda está siendo estudiada aún por la fiscalía.

Pero además de esta vía, según informa Le Monde, la NSA extrae también sus datos directamente de los cables submarinos trasatlánticos, por donde discurren las conversaciones telefónicas y las comunicaciones por internet. Los documentos que ha podido analizar el vespertino francés revelan asimismo que la NSA espió las direcciones de correo electrónico de Wanadoo –antigua filial de Orange–, utilizadas todavía por unas 4,5 millones de personas en Francia, y del grupo franco-norteamericano de telecomunicaciones Alcatel-Lucent.

Tras conocerse estos nuevos datos, el embajador de Estados Unidos en París, Charles Rivkin, fue llamado al Quai d’Orsay por el director de gabinete del ministro, Alexandre Ziegler, que le expresó la protesta formal del Gobierno francés y le exigió garantías del cese de tales actividades. Hoy, el titular francés de Exteriores, Laurent Fabius, se reunirá con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para abordra la situación en Siria y aprovechará para tratar este asunto. Fabius consideró “inaceptables” tales prácticas y avanzó que Francia colocará este tema sobre la mesa, y en particular la cuestión de una reglamentación común sobre la protección de datos personales, durante el Consejo Europeo que empieza el jueves en Bruselas y en cuya orden del día está abordar el desarrollo de la “agenda digital” europea. “La cuestión digital es muy importante, pero no es posible desarrollarla sin una protección de los datos personales”, añadió el ministro francés de Exteriores.

La misma indignación expresó el ex primer ministro François Fillon, quien consideró que Washington debe dar explicaciones sobre lo sucedido y ofrecer garantías de que el espionaje ha cesado. “Espero que el Gobierno francés tenga todavía bastante autoridad para defender los intereses de Francia”, añadió irónicamente en clave interna. A raíz de las primeras revelaciones, el presidente francés, François Hollande, amenazó con boicotear las negociaciones comerciales entre EE.UU. y la UE, pero fue prudente en sus declaraciones.

La Casa Blanca reaccionó ayer relativizando la importancia del espionaje, asegurando que la recuperación de datos que llevan a cabo los Estados Unidos es lo mismo que “hacen todos los países”. Así lo declaró en Washington el portavoz del presidente norteamericano, Jay Carney, quien nada quiso comentar sobre la información concreta de Le Monde y recordó que EE.UU está revisando sus métodos para lograr “un equilibrio entre las preocupaciones legítimas de seguridad (...) y por la vida privada”.

Una familia (contra) modelo

Un error , una “falta de discernimiento” por parte de las fuerzas de seguridad –por utilizar las palabras del propio presidente francés, François Hollande–, hizo que la expulsión del país de la niña rom de origen kosovar Leonarda Dibrani y de toda su familia, por residir de forma irregular en Francia, se haya convertido en un escándalo político.

Si los agentes que, a las 6.40 horas del 9 de octubre, llamaron a la puerta del apartamento donde residía la familia en Levier (Doubs) hubieran encontrado allí a Leonarda, si no hubieran decidido interceptar el autocar escolar donde la niña se encontraba para participar en una excursión, prácticamente nadie hubiera sabido jamás lo que había pasado con la familia Dibrani. Como casi nadie sabe nada de los miles de inmigrantes clandestinos que cada año son reenviados a su país.

El azar ha puesto el caso de Leonarda Dibrani en el centro de la atención pública y ha convertido a la muchacha en un símbolo del drama de la inmigración. Pero el azar ha querido también, sin embargo, que la familia Dibrani esté lejos de ser la familia modelo con voluntad de integración que los defensores de los inmigrantes hubieran deseado encontrarse. El comportamiento del padre, Resat Dibrani, en concreto, parece dictado para alimentar los más enraízados tópicos sobre los gitanos y es una de las principales razones de la desafección de la opinión pública: porque si es cierto que la izquierda está escandalizada con su expulsión, también lo es que el 65% de los franceses no quieren volver a verle poner los piés en Francia.

Resat Dibrani ha sido el primero en echar piedras sobre su propio tejado al explicar, con gran facundia, a todas las televisiones que se le han puesto a mano en Mitrovica (Kosovo) cómo mintió a las autoridades francesas para pedir asilo como refugiado, afirmando que eran kosovares –cuando la mayor parte de sus seis hijos habían nacido en Italia, donde residía la familia– y presentando un falso certificado de matrimonio con su mujer, que compró “en París por 50 euros”. Ello no evitó que su petición de asilo fuera rechazada en tres ocasiones y que la primera orden de abandonar el país le llegara en el 2011.

El informe de la Inspección General de la Administración, de 24 folios, tampoco le deja muy bien parado. Y llega a la conclusión de que si su estancia en Francia no fue regularizada a pesar de llevar cerca de cinco años en el país –llegaron en enero del 2009– y a tener a sus hijos escolarizados, es porque “el comportamiento general del interesado no mostraba una real voluntad de integración en la sociedad francesa”.

El informe, utilizando fuentes oficiales pero también de los comités de apoyo a los inmigrantes, constata la resistencia de Dibrani a aceptar las ofertas de empleo que le llegaron –expresando su intención de vivir, una vez lograda la regularización, de las prestaciones sociales–, su comportamiento conflictivo en el Centro de Acogida para Demandantes de Asilo en el que estaban alojados –insultos a la dirección y al personal, “degradación avanzada” de la vivienda que ocupaban...– y sus problemas con la justicia, en particular una acusación por presuntos malos tratos sobre sus dos hijas mayores. Y a todo esto añade el elevado absentismo de sus hijos en la escuela: Leonarda faltó en 66 ocasiones en su primer curso, 78 el siguiente y llevaba ya 21 este curso... Demasiado para hacer de ellos un modelo.

Extraña agresión en Mitrovica

Una fuente policial anónima informó ayer a la agencia France Presse que la familia Dibrani habría sido agredida por unos desconocidos ayer en Mitrovica (Kosovo), donde residen desde su expulsión de Francia el pasado 9 de octubre, mientras paseaban por la ciudad. Según esta misma fuente, la madre, Gemildjia, fue “abofeteada” e ingresada posteriormente en un hospital. Nadie del resto de la familia parece haber sufrido daño. “Esto demuestra que los Dibrani no están seguros aquí”, añadió la misma fuente. Otras fuentes hablaron después de una pelea con otros miembros de la familia. Agresión cierta o nueva artimaña de la familia, el incidente llega en el momento oportuno para presionar al presidente francés, François Hollande, que había aceptado el retorno de Leonarda a Francia pero no el de su familia. El ministro del Interior, Manuel Valls, reiteró ayer que la familia no regresará.

Dinero fluidificador

Era un secreto dicho hasta ahora a media voz, entre susurros. Pero la verdad ha acabado apareciendo de forma pública y explícita ante un tribunal: durante decenios, la organización patronal sectorial más poderosa de Francia, la Unión de las Industrias y Oficios de la Metalurgia (UIMM, en sus siglas francesas), se dedicó a financiar bajo mano a los cinco principales sindicatos franceses. El objetivo de esta práctica, en palabras del ex presidente de la UIMM Denis Gautier-Sauvagnac, era “fluidificar el diálogo social”.

Nadie sabe cuánto dinero fue a parar a las organizaciones sindicales –CGT, CFDT, FO, CGC y CFTC– ni quién recibió qué. Pero sí se sabe que no sólo los sindicalistas recibieron su aportación: también hubo parlamentarios, periodistas, sociólogos, analistas, líderes estudiantiles... cuya identidad permanece bien oculta.

Esta práctica ha salido a la luz durante el juicio que se celebra desde el pasado día 7 en París contra algunos exdirigentes de la UIMM por un presunto delito de abuso de confianza. La justicia busca desentrañar qué hizo la entonces dirección de la patronal del metal, entre los años 2000 y 2007, con 16,5 millones de euros retirados en efectivo del fondo que la patronal tiene para ayudar a las empresas en caso de conflicto social. En el estado actual del proceso, sin embargo, éste se limita por el momento a juzgar la entrega de sobresueldos en negro por valor de 850.000 euros a dirigentes de la propia patronal

.

La revelación pública de la financiación irregular de los sindicatos por parte de la UIMM la hizo días atrás un antiguo presidente de la patronal, Arnaud Leenhardt, que declaró como testigo. “La patronal necesitaba sindicatos sólidos. Cuando hay huelgas y secuestros de directivos, uno está bien contento de tener un sindicato capaz de canalizar los desbordamientos y favorecer la reanudación del trabajo”, argumentó. Según Leenhardt, esta práctica no tenía nada de oculta ni de arbitraria: una vez al año, un comité especial de la UIMM examinaba y decidía las ayudas.

El efecto de las palabras de Leenhardt fue amplificado el pasado lunes por las del principal acusado en el proceso, Denis Gautier-Sauvagnac, que presidió la UIMM hasta el 2007. que confirmó lo declarado por su antecesor. Tras haberse escudado en elaborados eufemismos –como el citado de la “fluidificación del diálogo social”–, Gautier-Sauvagnac fue finalmente algo más preciso y explicó que había dos canales de financiación: uno con apariencia legal, a base de pagar “a precio de oro” determinados servicios –compra de espacios publicitarios, alquiler de stands, suscripción a periódicos sindicales–, y otro directamente ilegal, a base de entregar en mano sobres repletos de billetes. “Los pagos se hacían siempre entre cuatro ojos, la persona que recibía siempre podrá negarlo”, afirmó.

Y tampoco será él quien dé los nombres: “No puedo ir más lejos”, declaró el exdirigente patronal, quien ya tiempo atrás habia advertido que sacar todos los detalles de esta historia a la luz “no sería útil para nuestro país”. Los sindicatos, naturalmente, han negado haber recibido jamás dinero de la patronal. Quien con más fuerza lo ha hecho ha sido la CGT, el histórico sindicato comunista, que al parecer fue el más reacio a aceptar las dádivas de los patronos. Pero que, según exdirectivos de la UIMM, también acabó aceptando dinero.

Encallado en el camino de en medio

Cuando se quiere contentar a todo el mundo, uno se arriesga a provocar descontentos en todas partes. Eso es exactamente lo que le ha pasado a François Hollande, cuyo arte de la síntesis –esto es, del equilibrismo y las componendas–, largamente ejercitado cuando estaba al frente del Partido Socialista francés, se ha confirmado inapto para gobernar. El presidente francés intentó ayer salir del atolladero en que le había situado el caso de Leonarda Dibrani, la niña rom de origen kosovar sin papeles expulsada de Francia junto a su familia el pasado 9 de octubre cuando participaba en una excursión escolar, por la vía de en medio. Y quedó, si cabe, aún más atascado.

Hollande quiso reforzar la posición de su ministro del Interior, Manuel Valls –defensor de una línea de firmeza en materia de control de la inmigración–, y a la vez aplacar las voces que desde su partido y de toda la izquierda, así como del movimiento estudiantil, reclamaban una rectificación. De modo que, como Salomón, ofreció una solución a medias: Leonarda podrá regresar a Francia a proseguir sus estudios si así lo desea, pero no su familia. Ni sus padres, ni tampoco sus hermanos, que también estaban escolarizados en el país. El presidente francés creía haber encontrado la fórmula mágica, pero la pócima le explotó en la cara.

Hollande se dirigió ayer a los franceses a través de un mensaje grabado en televisión, un recurso excepcional que da la medida de la importancia que el jefe del Estado daba al problema. El presidente, con el informe de la Inspección General de la Policía en la mano, empezó justificando la correción legal del proceso de expulsión de Leonarda y su familia, y defendió la necesidad de aplicar la ley sin excepciones. Sin embargo, admitió que hubo una “falta de discernimiento” por parte de la policía al ir a detener a la muchacha durante una excursión escolar, razón por la cual anunció que la reglamentación prohibirá a partir de ahora detener a ningún escolar expulsable en la escuela o en el marco de cualquier actividad escolar. Y, a modo de compensación moral, ofreció a Leonarda la posibilidad de regresar a Francia en toda legalidad. “Ella sola”, precisó.

Hollande no podía ofrecer el retorno a toda la familia, porque en tal caso habría desautorizado gravemente a su ministro del Interior, Manuel Valls, que según algunas fuentes habría amenazado en tal caso con su dimisión. Pero al quedarse a mitad de camino obtuvo un rechazo frontal y críticas severísimas de todos aquellos a los que pretendía satisfacer.

De entrada, la propia Leonarda y su padre, Resat Dibani, rechazaron abruptamente la posibilidad de que la niña, de 15 años, regrese sola a Francia. Algo que haría cualquier familia, pero que el Elíseo no parece haber tenido en cuenta. Entrevistada en directo por las televisiones francesas desde Mitrovica (Kosovo), la muchacha se mostró decepcionada e irritada, y juzgó que el presidente francés “no tiene corazón”.

No fue la única. Las organizaciones de defensa de los simpapeles, el sindicato de estudiantes de secundaria Fidl, la Red de Enseñantes sin Fronteras, La Voz de los Roms... consideraron la idea “inaceptable”, “grotesca” e “indecente”. El Partido de la Izquierda llegó a calificarla de “abyecta” y el PS, a través de su secretario general, Harlem Désir, aunque cauto en sus juicios, pidió que la niña pueda volver con su madre y sus hermanos. Ello no le evitó, sin embargo, a Hollande las críticas de la derecha (UMP) y la extrema derecha (FN) por su “indecisión” y “debilidad”.

Dos tercios de los franceses –el 65%– están en contra del retorno de Leonarda y su familia a Francia, según ha revelado un sondeo de BVA publicado ayer por Le Parisien. Lo cierto es que su perfil no despierta muchas simpatías. El informe oficial pone de manifiesto, entre otros problemas, las constantes mentiras del padre y la ausencia de una “real voluntad de integración” de su parte, así como el elevado absentismo escolar de Leonarda, que habría faltado 21 días a clase desde el inicio de este curso.

Hollande, entre la espada y la pared

Lo mire como lo mire, François Hollande está atrapado. El caso de Leonarda Dibrani, la niña rom sin papeles de origen kosovar expulsada de Francia con toda su familia el pasado 9 de octubre, ha colocado al presidente francés en un callejón de difícil, si no imposible, salida. Presionado por la izquierda y por un Partido Socialista (PS) cada vez más exasperado con los modos y maneras del ministro del Interior, Manuel Valls, el jefe del Estado francés debe decidir si acepta los requerimientos que le vienen de su partido y de sus aliados para que autorice el retorno de la niña y de su familia, lo que le congraciaría con su electorado, o salva la piel de su ministro del Interior, el hombre más popular del Gobierno –de lejos– y el único cortafuegos que tiene Hollande para tratar de frenar el ascenso de la extrema derecha.

Miles de jóvenes estudiantes de enseñanza secundaria –esta vez, entre 4.000 y 12.000, casi el doble que la víspera– volvieron a manifestarse ayer por el centro de París para reclamar el retorno de Leonarda Dibrani y de otro estudiante extranjero, el armenio Khatchik Kachartryan, expulsado a su vez el sábado pasado. Junto a ellos, desfilaron dirigentes del Partido Comunista (PCF) y del Partido de la Izquierda, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon reclamó la dimisión de Manuel Valls.

Los socialistas, extremadamente severos con su ministro del Interior, fueron ayer un poco más cautos. Salvo la candidata del PS a la alcaldía de París, Anne Hidalgo, que en plena tormenta y haciendo caso omiso de las demandas indirectas del Elíseo, pidió también el regreso de ambos estudiantes. Hollande todavía no ha hablado, pero desde la presidencia de la República se hacía constar la creciente irritación del jefe del Estado por los ataques de su propio campo y de sus aliados en el Gobierno –como la líder de los Verdes, Cécile Duflot– contra el ministro del Interior. Su propia compañera, Valérie Trierweiler, tampoco le ayudó mucho... Aún sin entrar en el fondo de la cuestión, la primera dama francesa declaró que “la escuela está (para promover) la igualdad de oportunidades, no la exclusión”.

El desencadenante de la polémica fue justamente el hecho de que Leonarda fuera detenida mientras efectuaba una excursión escolar. Habrá que ver a qué conclusiones llega el informe elaborado por la Inspección General de la Policía, entregado anoche al Gobierno, pero es muy posible que confirme –como lo viene repitiendo Manuel Valls, que ayer adelantó su regreso a París desde las Antillas– que todos los procedimientos legales fueron respetados. En tal caso, el Gobierno podría impulsar una normativa más estricta para evitar expulsiones de este tipo, de tal forma que la escolarización de los niños afectados no resultara interrumpida brutalmente. Y poco más.

El problema, para Hollande, es que esta solución, esta vía intermedia, puede resultar totalmente insuficiente. La izquierda, el PS incluido, ha tragado ya bastantes sapos con la política de rigor presupuestario de Hollande y no soporta seguir tragando los que Valls les sirve de forma regular. Para los socialistas, la política en materia de inmigración del ministro del Interior es demasiado parecida a la de Nicolas Sarkozy, y quieren imponer un cambio de rumbo. En este sentido, el caso de Leonarda no sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso, sino la oportunidad de decir basta. Quieren el retorno de la niña y su familia –una posibilidad evocada explícitamente por el primer ministro, Jean-Marc Ayrault–, y difícilmente aceptarán componendas.

Pero si Hollande cede a la presión, el resultado puede ser mucho peor para él, pues abocaría inevitablemente a Manuel Valls a presentar la dimisión. Si el ministro del Interior abandonara el Gobierno, el presidente no sólo perdería a uno de sus mejores hombres y al miembro más popular del Gabinete (el más popular de toda la clase política, derecha e izquierda sumadas, en realidad), sino también al único escudo con que cuenta para contrarrestar el discurso de la extrema derecha y el ascenso electoral del Frente Nacional (FN). Las encuestas indican que los franceses están mayoritariamente al lado de Valls en lo que concierne a su línea de firmeza tanto en materia de seguridad como de inmigración. Perderle, sería abrir una avenida al avance de Marine Le Pen, justo cuando sólo faltan cinco meses para las elecciones municipales.

La peripecia de la familia de Leonarda no ayuda precisamente a que la sociedad francesa, más bien reticente a la llegada de nuevos inmigrantes, la observe con simpatía. Las sucesivas declaraciones de la niña y de su padre a los medios de comunicación franceses confirman que engañaron deliberadamente a las autoridades al presentarse como kosovares con el fin de tratar de obtener el estatuto de refugiados políticos. Ahora bien, si el padre es kosovar, sus hijos nacieron en realidad en Italia. La familia vio denegada su solicitud en el 2011 y desde entonces tenían orden de abandonar el territorio francés, pero consiguieron retrasar el momento con recursos judiciales.

Taubira, comparada con un mono

La dirección del ultraderechista Frente Nacional (FN) suspendió ayer cautelarmente a su candidata a la alcaldía de Rethel, en las Ardenas, Anne-Sophie Leclere, por haber comparado a la ministra de Justicia, Christiane Taubira –una mujer negra de origen antillano–, con un mono en Facebook y televisión.

Movilización contra las expulsiones

Miles de estudiantes franceses de enseñanza secundaria, entre 2.000 y 7.000 según las informaciones contradictorias de la policía y de los organizadores, se manifestaron ayer por las calles de París para protestar por las expulsiones de alumnos extranjeros en situación irregular y reclamar el retorno a Francia de la niña rom repatriada a Kosovo el pasado día 9, Leonarda Dibrani, de 15 años, y otro estudiante de 19 años, Khatchik Kachatryan, devuelto el sábado a Armenia. Manifestaciones similares se registraron en otras poblaciones de provincia, como Avignon o Mende.

Los estudiantes, dirigidos por el sindicato estudiantil Fidl (Fédération indépendante et démocratique lycéenne), tienen previsto volver a manifestarse hoy. Pero la movilización, sin embargo, puede agotarse hoy mismo, debido al inicio de las vacaciones de Todos los Santos, que dejarán las aulas vacías durante dos semanas. Ello dará un respiro temporal al ministro del Interior, Manuel Valls, que goza del apoyo mayoritario de los franceses pero tiene a toda la izquierda, incluidos buena parte de sus compañeros del Partido Socialista, remontada en su contra por su política en materia de inmigración.

El caso de Leonarda Dibrani ha suscitado una viva emoción, en la medida en que la muchacha llevaba cuatro años en Francia, estaba escolarizada y habla perfectamente el francés. Y que para proceder a su expulsión, junto con sus padres y sus cinco hermanos, la policía hizo detener el autocar escolar en que se hallaba.

Valls ha defendido en todo momento la corrección de la actuación gubernativa, pero la indignación general le ha obligado a abrir una investigación administrativa interna. La derecha está de su lado. El diario conservador Le Figaro atacó ayer a los socialistas por haber convertido a la muchacha en “rehén de una manipulación política”. Algunos, como el exministro de la UMP Patrick Devedjian, atribuyeron el origen del problema a las disfunciones de la justicia, “que ha tardado cuatro años en decidir la expulsión”.

La familia Dibrani había pedido asilo político, pero le fue denegado. El padre, Resat Dibrani, de 47 años, ha admitido ahora a la agencia Reuters haber mentido, con este fin, sobre la nacionalidad de sus hijos, que no habrían nacido en Kosovo sino en Italia. El hombre fue investigado tiempo atrás por presuntos malos tratos contra sus hijas, pero finalmente no hubo ninguna persecución judicial, después de que su mujer retirara su denuncia.

Desde la población kosovar de Mitrovica, Leonarda multiplica las declaraciones –a veces contradictorias– a los enviados especiales franceses. Así, empezó diciendo que vivían en la calle, antes de admitir que estaban alojados en un piso que les han facilitado durante un año las autoridades. La chica insiste en que desea regresar a Francia y alega que en Kosovo no puede ir a la escuela porque no entiende el idioma. 

Valls, en situación precaria

La situación de Manuel Valls es en este momento delicada. Si, como anunció el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, el Gobierno acaba decidiendo –a la vista de las conclusiones de la investigación interna– que Leonarda y su familia regresen a Francia, el ministro del Interior se verá gravemente desautorizado. En tal caso, su dimisión podría ser inevitable.

Indignación por la expulsión de una niña 'rom'

La detención y expulsión de Francia de una adolescente kosovar, a la que la policía fue a buscar durante una excursión escolar, ha levantado una ola de indignación en la izquierda francesa, que no tolera más la línea política del ministro del Interior, Manuel Valls, en materia de inmigración. La irritación, ya expresada desde hace tiempo por ecologistas y comunistas, se ha acabado desbordando en el seno del Partido Socialista, algunos de cuyos dirigentes han expresado en las últimas horas su malestar y su indignación. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, forzó ayer al titular de Interior, que en todo momento ha justificado la legalidad de la actuación, a abrir una investigación administrativa sobre las condiciones de la expulsión. Los hechos se produjeron el 9 de octubre en la población de Levier (Doubs), en el este de Francia, cuando la policía acudió a casa de una familia kosovar, de la comunidad rom , integrada por los padres y seis hermanos, para ejecutar una orden de expulsión por inmigración ilegal. Al encontrarse con que faltaba una de las hijas, Leonarda, de 15 años, escolarizada en el colegio André Malraux desde hace tres años, decidió ir a buscarla al centro. Leonarda se encontraba en aquel momento participando en una excursión escolar y las autoridades ordenaron la parada del autocar en el que iban los niños y se la llevaron. Las versiones divergen sobre el desarrollo exacto de los hechos, pero todas coinciden en que la policía no llegó a subir al autocar y se la llevó con discreción. Lo cual no impidió que los compañeros de la muchacha y sus profesores quedaran fuertemente impactados. Toda la familia fue después repatriada. El ministro del Interior anunció ayer la apertura de una investigación, pero aseguró que todo se hizo conforme a la ley y respetando los derechos de los afectados. Manuel Valls defendió una vez más su línea de actuación, que pretende combinar "firmeza y humanidad", y calificó la polémica de "estéril e inútil". El escándalo no viene tanto de la expulsión en sí -de las que hay miles cada año- como del hecho de que la policía fuera a buscar a la niña durante su jornada escolar. Cosas así no se veían desde la época de Nicolas Sarkozy en la plaza Beauvau. El propio ministro de Educación, Vicent Peillon, se confesó "impresionado" y subrayó que la escuela debe ser un lugar respetado. "Espero que algo así no vuelva a suceder", afirmó tras el Consejo de Ministros. Algunos de sus compañeros del PS fueron mucho más severos con Valls. El presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, advirtió en Twitter que además de la ley "hay valores con los que la izquierda no debería transigir, so pena de perder su alma". O el portavoz del Partido Socialista, David Assouline, quien juzgó lo sucedido "insoportable" e "inaceptable". Otros socialistas utilizaron calificativos como "injustificable" e "infame", y alguno amenazó incluso con abandonar el partido si el daño no era reparado. La idea de que la niña y su familia, aparentemente en vías de integración, puedan regresar a Francia con los papeles en regla iba adquiriendo cuerpo a medida que pasaban las horas. Más duros, los ecologistas pidieron que el prefecto del departamento que dio la orden, Stéphane Fratacci -secretario general de Inmigración bajo la presidencia de Sarkozy-, sea sancionado. El Partido de Izquierda, de Jean-Luc Mélenchon, reclamó directamente la dimisión de Valls. La expulsión de Leonarda ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en el PS, cada vez más incómodo con los modos y las maneras del ministro del Interior, que juzgan demasiado próximas a las de la derecha. Valls ya provocó recientemente una viva polémica con unas declaraciones sobre los gitanos de la comunidad rom -procedentes fundamentalmente de Bulgaria y Rumanía-, de quienes puso en duda su capacidad de integrarse en la sociedad francesa a causa de su modo de vida. Leonarda no vivía, sin embargo, en un campamento ilegal. Su familia había dejado de ser nómada y ella iba a la escuela. "Mi vida está en Francia", declaró ayer la niña, desde Kosovo. "¡Ni siquiera hablo albanés! Aquí no tengo ninguna oportunidad, no conozco a nadie, no tengo casa y si Dios existe estaremos en el primer avión hacia Francia".

Mausoleo de testosterona

Ya lo dice la inscripción: “A los grandes hombres, la patria agradecida”. De hombres, hay una buena representación en el Panteón de París, el mausoleo de la República francesa, un total de 70. Mientras que de mujeres sólo hay propiamente una: la investigadora Marie Curie, cuyos restos fueron trasladados en 1995, sesenta y un años después de morir, por decisión de François Mitterrand poco antes de abandonar el Elíseo. Hay aún otra mujer inhumada en este templo laico, Sophie Berthelot, pero sólo en tanto que esposa del químico Marcellin Berthelot.

Levantado entre 1758 y 1790 por orden del rey Luis XV, el templo debía haber sido una iglesia dedicada a Santa Genoveva, patrona de la ciudad, pero la Revolución pasó por allí y lo convirtió en un mausoleo laico para enterrar a los líderes revolucionarios. Desde entonces, ha tenido esencialmente siempre la misma función, aunque el perfil de las figuras allí inhumadas fue cambiando al ritmo de los regímenes políticos que se sucedieron. El Panteón tal cual es conocido hoy, a saber, como lugar de reconocimiento de la República a sus grandes personalidades, data de 1885, cuando se enterró a Victor Hugo.

Un informe presentado el pasado jueves por el presidente del organismo Monumentos Nacionales, Philippe Bélaval, elaborado a petición del presidente de la República, François Hollande, constata las numerosas lagunas históricas y los desequilibrios que presenta la selección de personajes honrados en el Panteón. Y las ausencias. Hay mucho ensimismamiento en el Panteón, reflejo fiel de la endogamia de la élite parisina. Pero si hay una carencia clamorosa, ésta es sin duda la de las mujeres. De tal forma que el propio informe considera que, para hacer justicia a la olvidada mitad de la población, “sería preferible que las personalidades distinguidas por el presidente de la República en el periodo que viene sean todas mujeres”. Todas.

Todas... pero ¿cuáles? Philippe Bélaval apunta un nombre, el de Olympe de Gouges, seudónimo de la escritora Marie Gouze, activista política y pionera militante feminista, que en 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”. Dos años después acabaría ejecutada en la guillotina, como otros tantos, víctima del Terror. El informe sugiere que, más allá de su figura, el Estado encargue un monumento escultórico, para ubicar dentro del Panteón, con el texto de su declaración como homenaje a todas las mujeres que han combatido a lo largo de la historia por el reconocimiento de la igualdad de derechos.

La iniciativa encontrará sin duda un eco favorable en la opinión pública, como ha puesto de manifiesto la consulta realizada entre la ciudadanía a través de internet. Entre los 2.000 nombres sugeridos por las 30.000 personas que han participado en la consulta están las de Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir , sor Emmanuelle y Simone Véil...

Pero ¿serán todo mujeres las próximas en entrar en el Panteón? No está claro. Candidatos masculinos no hay pocos y son de peso. El primero, Denis Diderot, el padre de la Enciclopedia, de cuyo nacimiento se acaban de cumplir trescientos años... 

El FN está que se sale y Alain Delon lo celebra

Los movimientos sísmicos que agitan desde hace meses la política francesa amenazan con devenir un fenómeno telúrico de grandes dimensiones. El creciente apoyo popular a la extrema derecha podría conducir por primera vez al Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen a ganar unas elecciones de ámbito nacional. Así lo pone de manifiesto un sondeo realizado por el instituto Ifop para Le Nouvel Observateur sobre las elecciones europeas del próximo mes de mayo, que sitúa al FN en cabeza con un 24% de intención de voto. Algo se mueve con inusitada fuerza en el magma oculto de la opinión pública.

No es la primera vez que un sondeo coloca a Marine Le Pen y su partido en cabeza. Una controvertida encuesta de Harris Interactive ya lo hizo –y por un resultado idéntico, del 24%– en marzo del 2011 elucubrando con un año de antelación sobre las elecciones presidenciales del 2012. No fue un vaticinio acertado, pero constituyó el primer aviso: Marine Le Pen obtuvo al final casi el 18% y 6,3 millones de votos.

Este nuevo sondeo hay que tomarlo con la misma cautela, aunque sólo sea porque –a diferencia de otros estudios– separa los votos atribuidos a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y a sus aliados centristas de la Unión de Demócratas e Independientes (UDI). De sumarlos, el Frente Nacional quedaría en segundo lugar. Pero en cualquier caso, el sondeo detecta una clara tendencia a alza en el apoyo al FN –la intención de voto era en mayo del 22%– y confirma el hundimiento del Partido Socialista.

No se trata de la primera señal de este tipo. Los sondeos sobre las elecciones municipales también son buenos –aunque en menor medida– para el FN. Y su presidenta, Marine Le Pen, se ha aupado recientemente de forma sorprendente al puesto número tres en la lista de políticos más populares de Francia, por detrás del ministro del Interior, Manuel Valls, y del expresidente Nicolas Sarkozy, y empatada con los exprimeros ministros François Fillon y Alain Juppé. Las diversas elecciones parciales llevadas a cabo en los últimos meses en Francia –la última, el pasado domingo en Brignoles (Var)– ha puesto, en fin, de manifiesto hasta qué punto el FN es capaz de pasar a la segunda vuelta y eliminar por el camino a la izquierda.

Es evidente que entre un segmento cada vez más amplio del electorado –fundamentalmente, el popular– el renovado FN de Marine Le Pen empieza a tener crédito como partido de gobierno, a diferencia de lo que sucedía con su padre, el sulfuroso Jean-Marie Le Pen. Con todo, el voto dirigido al FN tiene mucho de voto de protesta anti-sistema. De ahí que sea en las elecciones europeas –unos comicios en los ciudadanos tienen la equivocada sensación de que no se juegan nada– donde sus expectativas de voto sean más elevadas.

Algunos politólogos lo vienen advirtiendo desde hace tiempo: la extrema derecha puede dar la campanada en las próximas elecciones europeas, en Francia y en otros países. Es el caso de Dominique Reynié, director de la Fundación para la Innovación Política (Fondapol) y autor de un libro de referencia sobre los movimientos populistas, quien vaticinaba hace unos meses desde estas páginas un sensible aumento del apoyo al FN en las europeas. “El FN es el mejor situado, puesto que está contra la austeridad, contra Europa, contra los inmigrantes… En términos de intensidad de protesta, presenta el modelo más puro”, argumentaba. Ayer juzgaba totalmente creíble el resultado del sondeo de Ifop. “Es conforme a mis previsiones”, afirmó.

Marine Le Pen, que se hizo con las riendas del partido en enero del 2011, ha conseguido en algo más de dos años y medio normalizar relativamente la imagen del FN, hacerlo aparentemente más “frecuentable”. De tal modo que cada vez hay más gente que pierde todo reparo a la hora de expresar públicamente sus simpatías políticas con el partido.

El último en apuntarse a la ola ha sido el actor Alan Delon, uno de los patrimonios nacionales de los franceses. “El Frente Nacional, como el MCG (Movimiento Ciudadano Ginebrino), tiene cada vez un espacio más importante, lo cual yo apruebo, apoyo y comprendo perfectamente bien”, ha declarado la estrella, de 77 años, al diario de Ginebra Le Matin. “La gente está harta de que se le hable como se le habla. Quiere acción, quiere otra cosa”, añade.

Contrarreforma penal

Cambio de tercio en la política penal en Francia. Un año y medio después de conquistar el Elíseo, el presidente François Hollande se dispone a enterrar una de las reformas más emblemáticas de su antecesor: la instauración de las denominadas “penas base”, que establecía penas severas y prácticamente automáticas para los delincuentes reincidentes. El proyecto de reforma penal aprobado ayer por el Consejo de Ministros rompe totalmente con la lógica carcelaria de la etapa de Nicolas Sarkozy y no sólo suprime este tipo de penas, sino que introduce una nueva pena llamada “obligación penal” –equivalente a la probation estadounidense– como alternativa a la prisión para todos los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel.

Esta “obligación penal”, que persigue promover la reinserción del delincuente y evitar su reincidencia, podrá tener diversas modalidades. En función del delito, el condenado puede ser obligado a realizar trabajos de interés general, reparar el perjuicio causado, seguir un cursillo o un tratamiento, etc.

Al margen de las convicciones políticas, la medida tiene también un objetivo práctico: aliviar la superpoblación de las cárceles, donde este verano se alcanzó el récord de 68.569 presos para sólo 57.320 plazas.

Consciente de que una reforma de este tipo será forzosamente polémica –la derecha ya ha empezado a lanzar contra los socialistas acusaciones de “laxismo” y ha calificado de “locura” la nueva pena alternativa a la prisión–, el Gobierno ha decidido retrasar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley al 8 de abril, una vez celebradas las elecciones municipales. El proyecto original de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, era algo más atrevido. Pero la férrea oposición del ministro del Interior, Manuel Valls, a algunos aspectos, ha endurecido el texto final.

Los jueces abren la puerta al retorno de Sarkozy

Nicolas Sarkozy, que un año y medio después de perder las elecciones presidenciales y retirarse temporalmente de la política apenas logra disimular su deseo de volver, tiene desde ayer el camino de regreso mucho más despejado. Los jueces instructores del caso Bettencourt –por el nombre de la heredera del grupo L’Oréal, Liliane Bettencourt– decidieron enviar a juicio a diez personas, pero no al expresidente francés, por entender que los indicios en su contra son demasiado débiles.

Sarkozy estaba imputado por un presunto delito de “abuso de debilidad” sobre Lilianne Bettencourt, ante la sospecha de que el exjefe del Estado podría haber abusado de la vieja dama –que está a punto de cumplir 91 años y que según un informe pericial tiene las facultades psíquicas disminuidas desde finales del 2006–, con el fin de obtener dinero para financiar su campaña de las elecciones presidenciales 2007.

Los jueces del caso, Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonatxo y Valérie Noël, siguen convencidos de que algo así se produjo. Y de ahí que entre los enviados a juicio esté el exministro Eric Woerth, que fue el tesorero de la campaña de Sarkozy. En el caso de Woerth los instructores han hallado indicios serios en su contra, en concreto sospechosas coincidencias de fechas entre varias reuniones que el exministro mantuvo con el administrador de la fortuna personal de Bettencourt, Patrice de Maistre –también enviado a juicio– y varias operaciones bancarias previas por parte de la familia. Los jueces han detectado, entre el 2007 y el 2009, transferencias sospechosas por valor de cuatro millones de euros desde las cuentas bancarias de los Bettencourt en Suiza.

También es enviado a juicio el fotógrafo François-Marie Banier, amigo de Liliane Bettencourt –de quien recibió en los últimos años millonarios regalos– que está en el origen de la investigación judicial. Todo empezó, en efecto, con la denuncia presentada por la hija de la multimillonaria, Françoise Bettencourt-Meyers, contra Banier y de Maistre. Un asunto de familia que derivó en caso político cuando se hallaron testimonios de una financiación irregular de la campaña de Sarkozy y un claro intercambio de favores entre De Maistre y Woerth.

Pero en el caso personal de Sarkozy, los jueces apenas han encontrado pruebas de cargo serias en su contra: un par de visitas a casa de los Bettencourt en febrero del 2007 y las sospechas de terceras personas sobre la naturaleza de esas visitas, pero ninguna evidencia de que hubiera recibido dinero directamente.

El expresidente francés, que en este caso se ha presentado como víctima de una maquinación político-judicial en su contra, se felicitó ayer a través de su cuenta personal en Facebook de que los jueces la hayan “declarado inocente” (lo que no es jurídicamente exacto). “Dos años y medio de investigación, tres jueces, decenas de policías, 22 horas de interrogatorios y confrontaciones, cientos de artículos cuestionando mi probidad durante la campaña presidencial. Era el precio a pagar para que la verdad quede finalmente establecida”, escribe Sarkozy, quien se abstiene de valorar la actuación judicial y lamenta las “calumnias” recibidas.

El caso Bettencourt no era el único que pesaba sobre Nicolas Sarkozy –y su eventual retorno político cara a las elecciones presidenciales del 2017–, pero sí era el que podía resultar más devastador. Por la acusación en sí –lo de abusar de viejecitas, aunque sean millonarias y por una presunta buena causa, no es muy enaltecedor– y porque el calendario del proceso judicial podría haber perturbado gravemente su campaña.

En ninguno de los otros asuntos en los que podría verse salpicado –caso Karachi, caso Tapie, caso Gadafi, caso de los sondeos del Elíseo– está imputado. 

Fillon se declara “competidor”

La intención más o menos velada –cada vez menos– de Nicolas Sarkozy de regresar y concurrir en las elecciones presidenciales del 2017 tiene de entrada un primer obstáculo dentro de su propio partido, la Unión por un Movimiento Popular: su exprimer ministro, François Fillon, tiene la misma ambición y se ha declarado su “competidor”.

Victoria del FN en un feudo comunista

El municipio de Brignoles, situado en una antigua cuenca minera del departamento del Var (sur de Francia), es un feudo comunista. Y, sin embargo, el domingo pasado, en una elección cantonal parcial, el candidato del ultraderechista Frente Nacional (FN), Laurent López, no sólo se hizo largamente con la victoria –con el 40,4% de los votos–, sino que eliminó en la primera vuelta a la izquierda. En la segunda vuelta, el domingo que viene, sólo tendrá enfrente a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) –el partido de Nicolas Sarkozy–, que obtuvo el 20,9%. El candidato común del Partido Comunista (PCF) y del Partido Socialista (PS) apenas cosechó, en cambio, el 14,6%.

El resultado es tanto más lacerante para el PS –y también para la UMP– cuanto que una lista disidente de extrema derecha, el Partido de Francia, se hizo con otro 9,1% de los votos. “Para la izquierda es una advertencia muy clara”, admitió el portavoz del Partido Socalista, David Assouline, quien lamentó la imposibilidad de concurrir bajo la misma candidatura con Los Verdes (8,9%). El PS, como es habitual, llamó a sus seguidores a votar en la segunda vuelta por el “candidato republicano”, el de la UMP.

La izquierda, en primer lugar, pero también la derecha –el resultado de la UMP es más bien discreto–, han caído a causa de un cierto trasvase de votos a la extrema derecha, pero sobre todo a la abstención, que alcanzó el 66,6%. “Es un resultado preocupante”, juzgó, por su parte, el ex primer ministro Alain Juppé (UMP), quien subrayó que el Frente Nacional es un partido “nefasto para Francia y particularmente para los más modestos”.

El caso de Brignoles, a pesar de su alcance estrictamente local, es representativo de la actual situación política general, con los dos grandes partidos en retroceso –en particular el PS, desgastado por el ejercicio del poder– y un Frente Nacional al alza. “Hay incontestablemente un aumento espectacular del FN elección tras elección, se felicitó la presidenta del partido, Marine Le Pen.

No le falta razón. Pues el caso de Brignoles no es un ejemplo aislado. En junio de este año, el FN ya pasó a la segunda vuelta –en detrimento del PS– en una elección legislativa parcial en Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Y exactamente lo mismo había pasado en marzo en otra elección legislativa parcial en la segunda circunscripción del Oise. Los socialistas también quedaron eliminados en la primera vuelta en otras elecciones del mismo tipo en la 8ª circunscripción de Franceses en el Extranjero y en la 2ª circunscripción del Oise, aunque en estos dos casos, al resultado del Frente Nacional fue menor.

El irresistible ascenso del FN

París, viernes 4 de octubre, 11.30h de la mañana. Una banda integrada por una quincena de individuos, armados con pistolas, hachas, mazas y gases lacrimógenes, asalta una relojería a escasos metros de la plaza Vendôme, uno de los centros mundiales del lujo, y se lleva un botín millonario. La policía logra detener a dos de los atracadores, dos menores de nacionalidad rumana y moldava... El cóctel es perfecto para la extrema derecha, cuyo discurso tradicional, que asocia delincuencia y extranjeros, cala con facilidad en las clases populares y en la baja clase media, principales víctimas de la inseguridad ciudadana,

El aumento de determinados delitos –los atracos han aumentado en Francia un 8,4% en el último año–, amplificado por el eco mediático de determinados sucesos, es uno de los factores que, a seis meses de las elecciones municipales, está alimentando el respaldo al renovado Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen, quien se ha colocado por primera vez en el tercer puesto de la lista de los políticos más populares.

La presidenta del FN, que combina con maestría un discurso social-nacionalista, populista y antieuropeísta, atrae a las víctimas de la crisis y el paro, a los descontentos, a los desengañados y a los nostálgicos. Y ha conseguido que su partido tenga hoy unas expectativas de voto en torno al 16%.

En algunas ciudades emblemáticas el respaldo a la extrema derecha podría alcanzar incluso el 25%. Es el caso de Marsella, cuya imagen se ha degradado enormente en los dos últimos años a causa de la fenomenal ola de violencia que enfrenta a las nuevas bandas de narcotraficantes.

En el Gobierno, hay quien cree ver emerger, con aprensión, un clima parecido al que precedió en abril de 2002 la inesperada y humillante derrota del entonces primer ministro socialista Lionel Jospin en las elecciones presidenciaes y el pase a la segunda vuelta del fundador y líder histórico del FN, Jean-Marie Le Pen. No hay día en que no aparezca en televisión un asalto a mano armada, un asesinato o un sangriento ajuste de cuentas con kaláshnikov. El mes pasado, un joyero de Niza que mató de un tiro a un atracador recibió el apoyo de 1,6 millones de personas en Facebook...

El hoy ministro del Interior, Manuel Valls, era el portavoz del Gobierno de Lionel Jospin en el 2002 y la lección le quedó marcada a fuego. La política de firmeza –tanto en materia de seguridad como de inmigración– que aplica desde su despacho de la plaza Beauvau, con la silenciosa aquiescencia del presidente francés, François Hollande, busca cortocircuitar la acusación de laxismo que la derecha y la extrema derecha cuelgan con regularidad a los socialistas como un sambenito.

Sus polémicas declaraciones sobre los roms –gitanos del Este de Europa, procedentes fundamentalmente de Rumanía y Bulgaria– se enmarcan en esta estrategia. “Yo soy el arma anti-FN”, dice de sí mismo Manuel Valls, que en las próximas semanas iniciará una gira por los feudos frentistas. A quienes, desde la izquierda o los ecologistas, le critican por su política de expulsiones –y por sus equívocas declaraciones– sobre los roms, el ministro del Interior les responde diciendo: “A fuerza de hacer el ángel, acabarán haciendo el juego a la bestia”.

Mirado de reojo, cuando no con abierta desconfianza, por determinados sectores del PS –con ministros como Arnaud Montebourg y Benoît Hamon–, sus aliados en el Gobierno –la verde Cécile Duflot– y los partidos a su izquierda –Jean-Luc Mélenchon y otros–, Manuel Valls obtiene cada vez más apoyos desde la derecha y ello explica que sea el político más popular de Francia. Por encima de Nicolas Sarkozy y, desde luego –lo que no es nada difícil–, de François Hollande.

La preocupación por el ascenso del Frente Nacional se ha extendido por el PS, que teme un amplio voto de castigo en las elecciones municipales –amplificado por el descontento causado por el aumento de los impuestos–, pero también por la derecha. La incapacidad de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), lastrada por sus divisiones internas, para ejercer eficazmente su papel de oposición está dando alas a Le Pen y ello puede pasarle una cara factura en las municipales: allí donde los candidatos frentistas pasen a la segunda vuelta forzando una batalla triangular –con los socialistas y los conservadores– la UMP tiene las de perder.

Este nerviosismo explica las sorprendentes declaraciones que realizó recientemente el ex primer ministro François Fillon –aspirante a candidato al Elíseo en el 2017– sobre los candidatos del FN. Hombre reputado como moderado, Fillon escandalizó a las almas centristas y democristianas de la UMP –de Alain Juppé a Jean-Pierre Raffarin– al equiparar a frentistas y socialistas, y sugerir que los conservadores podrían apoyar al FN en algunos casos. Un guiño lanzado al sector más derechista del electorado de la UMP, que es cada vez más amplio. Un reciente estudio realizado por la Fundación Jean Jaurès –en la órbita del PS– ha constatado que las opiniones políticas de la base electoral de la UMP están cada vez más próximas a las del FN, sobre todo en materia de inmigración y seguridad.

Mientras, Marine Le Pen trabaja con denuedo para convertir las elecciones municipales del próximo mes de marzo en el trampolín de la implantación territorial de su partido. Con más de 600 cabezas de lista ya investidos, la mayoría –unos 500– en poblaciones de más de 3.500 habitantes. el FN podría obtener centenares de concejales. 

¿Extrema derecha? No, gracias

Marine Le Pen, empeñada desde hace tiempo en un proceso de “normalización” del FN, no quiere que su partido siga siendo calificado de “extrema derecha”, un término que considera “peyorativo” y cuyo objetivo –dice– persigue perjudicar al Frente Nacional. En consecuencia, ha amenazado con denunciar ante los tribunales a los medios que lo utilicen.