La transparencia
prometida por François Hollande en su plan de moralización de la vida pública
ha empezado a empañarse a las primeras de cambio. La obligación de hacer
pública la declaración de patrimonio a la que están obligados los cargos
públicos –lo que ya han hecho el presidente de la República y los miembros del
Gobierno francés– no alcanzará finalmente a los parlamentarios, cuyos bienes
seguirán ocultos bajo espesos y pudorosos cortinajes. Amenazado con una
revuelta en toda regla en la Asamblea Nacional, Hollande ha acabado plegándose
a las exigencias de sus reservadas señorías.
El artículo relativo a la declaración de patrimonio de los
parlamentarios, incluido en el proyecto de ley sobre Transparencia de la vida
pública, fue aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional el martes por
la noche. Previamente, fue totalmente vaciado de su contenido. Los
parlamentarios mantendrán la obligación de presentar una declaración sobre sus
bienes –algo que ya estaban obligados a hacer por las leyes de 1988 y 1995–,
aunque con dos novedades importantes. En primer lugar, en caso de mentir de
forma flagrante sobre una parte sustancial de su patrimonio, el parlamentario
díscolo podría ser condenado con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de
multa (en lugar de la sanción de 30.000 euros prevista en la actualidad)
En segundo lugar, las declaraciones serán formalmente
públicas. Públicas, pero en absoluto publicables... La nueva ley establece, en
efecto, que las declaraciones serán consultables por los electores en las
prefecturas. ¿Cómo, por quién y de qué manera? La letra pequeña de los decretos
lo dirá –“Deje que hagan las leyes que yo haré el reglamento”, dijo el conde de
Romanones en el siglo XIX– pero es presumible que impondrá nuevas cortapisas.
El ministro de Relaciones con el Parlamento, Alain Vidalies, aceptó la petición
de la UMP de que la identidad de todo aquel que pida consultar las
declaraciones sea convenientemente registrada.
Pero no habrá ninguna posibilidad legal de difundir ni de
publicar la información así obtenida, bajo amenaza de una dura sanción penal.
El proyecto de ley, tal cual quedó redactado la noche del martes, remite en
este caso al artículo 226-1 del Código Penal, que castiga los atentados contra
la intimidad y la vida privada con un año de prisión y una multa de 45.000
euros. La transparencia, convertida en opacidad...
La publicidad del patrimonio de los políticos era una de las
principales medidas del plan de moralización de la vida pública impulsado por
François Hollande para contrarrestar el escándalo causado por la revelación de
que el exministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, había cometido fraude fiscal
al mantener en secreto una cuenta en Suiza.
Un pequeño grupo de diputados –10 sobre un total de 577–,
pertenecientes a la izquierda y a la derecha, hartos de la ceguera de sus
compañeros de hemiciclo ante el progresivo descrédito social de los políticos,
han firmado un manifiesto en Le Nouvel Observateur en el
que reclaman al resto de parlamentarios que sean lúcidos y aborden una
renovación a fondo de la Asamblea Nacional, abandonando viejas prácticas y
antiguos privilegios. Entre las medidas que proponen está, justamente, la
transparencia sobre el patrimonio de los cargos electos, pero también –lo que
sería más oneroso para los bolsillos de los parlamentarios– la abolición del
régimen especial de pensiones al que tienen derecho o la supresión de la
exoneración fiscal de los fondos de que disponen para los gastos de su cargo Entre los firmantes hay varios diputados socialistas y
ecologistas, así como dos exministros de la UMP en la época de Nicolas Sarkozy,
Bruno Le Maire y Laurent Wauquiez.
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