Avales a cambio
de empleos. Ésta es la condición que el Gobierno francés ha impuesto al grupo
automovilístico PSA Peugeot Citroën para socorrer a la filial financiera del
grupo, el Banco PSA Finanza (BPF), amenazado de asfixia financiera a causa de la
degradación de la calificación por parte de las agencias de notación de la casa
madre. La ayuda del Estado, en forma de avales o garantías, alcanzaría de
entrada 5.000 millones de euros –ampliables a 7.000 millones– para que BPF
pueda emitir nuevos títulos en el mercado ocontratar nuevos créditos. A cambio,
PSA deberá reducir significativamente el número de despidos previsto, unos
8.000, en su plan de reestructuración.
El Gobierno francés, a través de su ministro de Regeneración
Industrial, el fogoso Arnaud Montebourg, recibió con irritación mal reprimida
el plan de reducción de plantilla presentado por PSA el pasado mes de julio,
que incluye el simbólico cierre de la fábrica de Aulnay-Sous-Bois, en la región
de París. Pero pese a sus protestas y amenazas, no encontró ningún resquicio
para bloquearlo. Un informe pericial confirmó como inevitable la
reestructuración de Peugeot.
Los problemas financieros del Banco PSA Finanza (BPF) han
cambiado el equilibrio de fuerzas y otorgado al Gobierno una capacidad de presión
inesperada. Ante la petición de ayuda del grupo PSA, el Ejecutivo ha impuesto
la condición de suavizar de forma significativa el plan de reducción de
plantilla. “La reducción del impacto social debe cifrarse en centenares de
empleos preservados. No puede ser algo simbólico o anecdótico”, advirtió ayer
Arnaud Montebourg en Libération.
El Gobierno, que mantuvo una reunión con la dirección de PSA
la tarde del lunes, ha planteado aún otra condición: la incorporación al
Consejo de Supervisión del grupo de un representante de los trabajadores y de
un administrador “independiente” que actuaría como los ojos y los oídos del
Estado en la cúpula de PSA.
El problema de la financiera de Peugeot, BPF, es en realidad
ajena a la entidad, que según subraya el propio Gobierno es “solvente y
rentable”. Pero la degradación del grupo PSA, cuya depreciación bursátil le ha
hecho salir de la exclusiva lista del CAC 40, amenaza seriamente con encarecer
gravemente –y por tanto bloquear– su acceso al crédito. La asfixia de BPF, que
financia a los concesionarios y a los compradores, sería fatal para Peugeot, ya
que afectaría a todo el grupo.
El acuerdo de principio entre el Gobierno y la empresa
alcanza también a una treintena de bancos que, ante la intervención del Estado,
se comprometen a renovar los créditos concedidos a BPF y a contratar otros
nuevos por otros 5.000 millones.
La dirección de PSA podría confirmar hoy alguno de estos
extremos durante la conferencia de prensa en la que tiene previsto explicar los
planes conjuntos con el grupo norteamericano General Motors, que entró en
febrero en PSA con el 7% del capital.
No es la primera vez que el Estado francés acude en socorro
de la industria del automóvil. En el 2009, bajo la presidencia de Nicolas
Sarkozy, PSA y Renault recibieron cada uno préstamos del Estado por valor de
3.000 millones de euros para solventar sus problemas de tesorería ante la falta
de crédito en los mercados. Ambos grupos, que se comprometiron a no despedir a
nadie en ese momento, reembolsaron los préstamos en 2010 y 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario