Ultimátum a Google

Google, el motor de búsqueda norteamericano de internet, y los editores de prensa franceses se encuentran al borde de una guerra, de incierto desenlace, por el pago de los contenidos difundidos en la red. En este pulso, los medios de comunicación han encontrado en el Elíseo un aliado de peso. El presidente francés, François Hollande, recibió el lunes al presidente de Google, Eric Schmidt, y le dio un ultimátum: o la empresa norteamericana llega a un acuerdo con los editores en el plazo de dos meses o el Gobierno francés enviará a principios de 2013 un proyecto de ley al Parlamento para regular el pago de una remuneración por cada artículo referenciado en Google.

Los editores de prensa reprochan a Google que haga negocio a su costa. El motor de búsqueda norteamericano absorbe anualmente cerca de la mitad del mercado publicitario por internet en Francia –1.100 millones de euros, una cifra al alza–, mientras que la prensa se queda con una escuálida parte: 150 millones, una cifra además que va a la baja. Ahora bien, Google se beneficia claramente –argumentan– de los contenidos permanentemene actualizados de los medios de comunicación, que contribuyen de forma fundamental a la “pertinencia” de los resultados de búsqueda.

Google ha rechazado hasta ahora, de malas maneras, la pretensión de los editores de prensa, a quienes ha respondido con el sacrosanto principio de la gratuidad total de internet. “La información no tiene valor”, les habría respondido Eric Schmidt, según la presidenta de la Asociación de la Prensa diaria y semanal de información política y general, Nathalie Collin. La idea de los editores de promover una proposición de ley al respecto fue contestada por Google con la amenaza de dejar de referenciar a los periódicos franceses, a quienes redirigen del orden de 4.000 millones de conexiones al mes.

Los editores franceses, además de buscar el amparo del Elíseo, forjaron el jueves pasado una alianza con los editores de prensa alemanes e italianos para hacer pagar a Google, y han abierto conversaciones con españoles, belgas y suizos.

El Gobierno francés, el de ahora y el anterior –bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy–, lleva tiempo buscando la manera de que Google y otros gigantes de internet que hacen suculentos negocios en Francia paguen también impuestos en el país. En un primer momento, la idea del Ejecutivo fue vincular la cuestión de la prensa al tema global, pero finalmente el presidente Hollande ha decidido acometer el problema particular de los periódicos sin esperar más.

El frente común organizado por los editores de la prensa de papel no ha encontrado, sin embargo, la complicidad de los editores de diarios digitales. El Sindicato de la prensa en línea considera que, aún si una tasa puede aportar ingresos a corto plazo, a largo plazo puede hacer depender a la prensa de Google y comprometer su independencia.

El poder cimenta la unidad del PS

Los gritos, los abucheos, las críticas feroces y las acusaciones de pucherazo que jalonaron el tumultuoso cónclave socialista de Reims en el 2009, en el que Martine Aubry se hizo con la jefatura del partido en detrimento de Ségolène Royal tras una áspera batalla, no se repetirán este fin de semana en Toulouse, donde el Partido Socialista francés celebra su 76º congreso. No hay mejor lubricante que el poder para engrasar la maquinaria partidaria y acomodar todas las piezas sin chirriar.

La doble victoria consecutiva del PS en las elecciones presidenciales y legislativas de la pasada primavera ha permitido apaciguar las enquistadas divisiones internas en el PS y cimentar una unidad de circunstancias. ¿Alguien pudo imaginar que el líder del ala izquierda del partido, el radical Benoît Hamon, acabaría elogiando alguna vez la valía del ministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, apóstol de la austeridad? ¿O que callaría ante la aprobación, tal cual, del Tratado europeo de disciplina presupuestaria pactado por Merkozy? Decididamente, ser miembro del Gobierno –Hamon es ministro de Economía Social y Solidaria– o aspirar a entrar en él hace que las cosas se perciban de otro modo.

A diferencia de otros cónclaves, los socialistas franceses llegan al congreso de Toulouse con todo atado y bien atado. A no ser que caiga un meteorito sobre el Parque de Exposiciones, situado a orillas del Garona, no queda lugar para la sorpresa. El PS acude en esta ocasión a la cita con su nuevo primer secretario –Harlem Désir– ya elegido, la nueva dirección –con los puestos repartidos– ya pactado y una moción consensuada por la mayoría de las corrientes del partido. Ningún misterio en el horizonte. El congreso debería convertirse en un mero trámite. Y en un pretexto para ocupar la escena mediática e intentar contrarrestar la fuerte ofensiva de la derecha contra el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, y el presidente francés, François Hollande, acusados de incompetencia y amateurismo, y víctimas de un acusado descenso de popularidad. Los socialistas están más necesitados que nunca de poner en marcha un partido que apoye al Gobierno.

La marcha prematura de Martine Aubry, que dejó el puesto vacante a mediados de septiembre, ha creado un vacío de poder que Harlem Désir –conocido por haber sido uno de los fundadores de SOS Racisme– deberá tratar de llenar a partir de este fin de semana. No lo va a tener fácil, sin embargo. Carente de carisma, sin una corriente propia en el interior del partido, el nuevo primer secretario del PS parte con el lastre de haber sido designado –antes que elegido– fruto de un acuerdo entre bambalinas urdido por los cuatro hombres fuertes del Gobierno –los ministros Manuel Valls, Pierre Moscovici, Vincent Peillon y Stéphane Le Foll– y bendecido discretamente por el presidente de la República.

Contando con todos los apoyos con los que ha contado, la moción encabezada por Harlem Désir recibió un apoyo de sólo el 68%, un resultado más bien escaso que deja traslucir la incomodidad que ha suscitado en una parte de la militancia la forma en que se ha pasteleado el cambio en la cúpula del PS. Él mismo como candidato a la primera secretaría no obtuvo más del 70% de los votos, cuando hubiera cabido esperar un resultado a la búlgara.

La presencia de un hombre de perfil gris y en situación de relativa debilidad no es una mala cosa para François Hollande, que se asegura así –al menos en principio– un PS dócil. No hubiera sido lo mismo con Martine Aubry. La tranquilidad ha tenido, sin embargo, un precio. A cambio de la paz en el debate europeo, Hollande en persona concedió a los dos grupos más a la izquierda –los encabezados por Benoît Hamon y Emmanuel Maurel– 48 plazas de las 204 del Consejo Nacional.

La confianza en Hollande cae al 36%

No hay instituto de sondeos que no constate el imparable deterioro de la popularidad de François Hollande. La última encuesta, de Opinion Way para Le Figaro, arroja un muy negativo balance para el presidente: el nivel de confianza de los franceses cae al 36%, mientras el descontento crece hasta el 64%.

Duelo por la herencia de Sarkozy

Sólo 265.000 militantes de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), la gran formación de la derecha francesa, tendrán derecho a votar el próximo 18 de noviembre por la persona que sucederá al carismático Nicolas Sarkozy en la presidencia del partido. Pero anoche, en un ejercicio inédito, los dos principales aspirantes a asumir el liderazgo de la derecha, François Fillon y Jean-François Copé, se dirigieron a la totalidad de los franceses en un debate televisivo en directo. El evento recordó los debates de las primarias socialistas del 2011, salvo que en ese caso se trataba de elegir al candidato al Elíseo y no al jefe de partido. Y que la votación era abierta, y no cerrada.

Apuesta arriesgada y de una utilidad inmediata difícil de calibrar, el debate de anoche –que algunas fuentes atribuyen originalmente a una bravuconería– no se entiende sino como la antesala de la batalla por la futura nominación del candidato al Elíseo en las elecciones presidenciales del 2017. Cuando llegue el momento, quien controle el partido –como Sarkozy en el 2007– tendrá una gran parte del camino hecho.

Los dos aspirantes, que aparecieron durante dos horas –primero por separado y luego juntos– en el programa Palabras y actos de France 2, pactaron al milímetro el desarrollo del debate, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de un encontronazo. “El primero que dispare está muerto”, comentaba antes de la emisión el colaborador de uno de los contendientes, consciente de que los militantes no perdonarán al que desate una guerra fratricida.

François Fillon –que abrió el debate por sorteo– y Jean-François Copé eludieron en todo momento interpelarse directamente y se negaron a seguir a los periodistas cada vez que éstos les empujaron a valorar al adversario o subrayar sus diferencias. A falta de grandes divergencias ideológicas en el fondo, cada cual se empeñó en marcar claramente su perfil y su temperamento. Ambos rechazaron por igual, por ejemplo, la legalización del matrimonio entre homosexuales. Aunque con un matiz: en caso de estar en situación de hacerlo, Fillon acataría la ley llegado el caso y oficiaría la ceremonia, mientras que Copé se negaría a hacerlo.

El ex primer ministro, en tono mesurado, se presentó como un hombre de “experiencia” de gobierno tras cinco años en Matignon junto a Sarkozy, capacitado para afrontar la crisis y “reagrupar a todos los franceses”, en un espíritu de unión nacional, para llevar adelante un proyecto de “regeneración de Francia”. Su palabra clave fue “esperanza”.

El secretario general de la UMP privilegió en cambio una imagen de combatividad. Presentándose como heraldo de la “resistencia” frente al poder socialista, defendió una “derecha desacomplejada”, poco amante del “agua tibia” e inclinada a hablar sin paños calientes. “¿Es que hay que ser siempre forzosamente agradable?”, se preguntó, miemtras apostillaba algunas afirmaciones de su rival con el latiguillo “Yo iría un poco más lejos”....

El único episodio parecido a un amago de roce fue cuando Fillon se desmarcó de las denuncias de Copé sobre la existencia de un “racismo anti-blanco” en las banlieues. “Yo no lo hubiera dicho así”, dijo el exprimer ministro. A lo que su oponente respondió: “¿Dónde está el drama de hablar de racismo anti-blanco?”. El intercambio no pasó de ahí.

Fiel a una estrategia rodada, Copé se presenta como el heredero político de Sarkozy –de quien no hace tanto tiempo fue un adversario declarado–, adoptando un discurso radical en línea con el mantenido en los últimos tiempos por el expresidente francés. Copé no duda en hacer tremendismo al hablar del islam, denunciando por ejemplo la presunta agresión sufrida por un escolar que comía un pain au chocolat por no respetar el Ramadán...

Copé se dirige esencialmente a los militantes de la UMP, que son quienes tienen la llave de la elección. Los sondeos dan repetidamente como favorito a su adversario: en uno de los más recientes, de Harris Interactive, Fillon aventaja claramente al secretario general de la UMP por casi cincuenta puntos –71% a 23%– entre el electorado de la derecha. Pero, como advierte Copé, no serán los simpatizantes sino los militantes los que van a votar.

Pero no se trata sólo de los sondeos. La hazaña de Fillon al conseguir más padrinazgos de militantes para presentar su candidatura –45.000 frente a 30.000 de Copé– demuestra que hay una gran división de opiniones en el seno mismo del partido, lo que hace presagiar un elevado grado de participación. En sus diez años de existencia, la UMP nunca ha vivido un proceso así. En el 2002, el año de su fundación, el ex primer ministro Alain Juppé fue elegido con el 80% de los votos y Nicolas Sarkozy, en el 2004, por el 85%. Esta vez, las fuerzas están mucho más igualadas.

Con el fin de acabar de seducir a los sarkozistas –y al propio líder, hoy temporalmente retirado–, Copé volvió a prometer dejarle el camino libre si en el 2017 quiere intentar tomarse la revancha contra François Hollande. Algo que Fillon acepta a regañadientes: “Yo apoyaré a quien tenga más posibilidades de ganar”, dijo anoche, admitiendo incluso un eventual apoyo a Copé y exigiéndole la misma reciprocidad. “Cero problema”, contestó éste.

En favor del secretario general de la UMP se han alineado alguno de los más estrechos colaboradores y amigos de Sarkozy, como Brice Hortefeux, Patrick Balkany, Roger Karoutchi o Nadine Morano. Pero no todos: el exministro del Interior y ex mano derecha del presidente, Claude Guéant, o Christian Estrosi, han preferido apoyar a Fillon. 

La derecha, otra vez con dos piernas

El centro está de regreso en Francia. Diez años después de su creación por Jacques Chirac, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), partido que aspiraba a reunificar a todas las derechas –salvo la extrema derecha– y acabar con las viejas luchas intestinas entre gaullistas, democristianos y liberales, ha llegado al final del camino sin haber alcanzado su objetivo. Los centristas han decidido que la derecha debe volver a caminar con dos piernas.

Incómodos con el giro derechista impuesto por Nicolas Sarkozy en los últimos años, decepcionados por la forma en que los dirigentes neogaullistas del Reagrupamiento por la República (RPR) han monopolizado la UMP, nostálgicos de las horas gloriosas de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) de Valéry Giscard d’Estaing, los centristas han decidido reunirse todos –o casi todos– de nuevo en una nueva fuerza política liderada por el ex ministro Jean-Louis Borloo: la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI). “Somos una fuerza que tiene vocación de convertirse en el primer partido de Francia”, declaró Borloo el pasado domingo ante los 4.000 delegados reunidos en el auditorio de la Mutualité de París en el acto fundacional.

Moderado, simpático y popular, este brillante ex abogado de negocios de 61 años, que ha sido cuatro veces ministro y a quien los célebres guiñoles de Canal Plus presentan como un borrachín entrañable –imagen que favorece su aspecto desaliñado y su manera de hablar–, ha conseguido en poco tiempo consolidar un liderazgo incontestable. Y, en este sentido, le ha robado la cartera al cada vez más aislado François Bayrou, líder del Movimiento Democrata (MoDem), heredero legal de la UDF pero incapaz de construir un partido potente.

Bayrou es el único líder centrista que no se ha puesto bajo el ala de Borloo. Todos los demás cabecillas se han sumado a la UDI. De Hervé Morin (Nuevo Centro) a Jean Arthuis (Alianza Centrista), de Yves Jego y Rama Yade –quienes ya abandonaron el barco de la UMP para integrarse en el Partido Radical– a Jean-Christophe Lagarde (Fuerza Europea Demócrata) y Jean-Marie Bockel (Izquierda moderna), entre otros. Borloo consiguió el domingo añadir aún a la ex ministra de la UMP Chantal Jouanno –cuyo ex partido le ha pedido ya que devuelva su acta de senadora–. Pero sus dos mayores bazas fueron la presencia de Simone Veil, una figura cuyo prestigio es un valiosísimo activo, y un mensaje de Valéry Giscard d’Estaing. El ex presidente francés (1974-1981), que alcanzó el Elíseo tras obtener un 32% de los votos en la primera vuelta, trazó un paralelismo entre la nueva UDI y la antigua UDF, cuyas señas de identidad política –recordó– eran “una economía de mercado con una fuerte dimensión social, con una atención especial a las categorías sociales frágiles, a la transformación decisiva de la condición femenina y una política clara y comprensiva de la Unión Europea”.

El padrinazgo de Giscard d’Estaing, que deseó “buena suerte” a la nueva formación, fue la puntilla definitiva para François Bayrou, cuyo objetivo de edificar una fuerza de centro equidistante de la derecha y la izquierda ha fracasado. Aupado por el 17% de los votos conseguidos en las elecciones presidenciales del 2007, Bayrou apostó por separarse de la UMP y eligió el camino de la indepencia. Pero acabó abocado a la marginalidad. Las pasadas elecciones legislativas, en las que el MoDem obtuvo sólo el 1,7% de los votos le sentenciaron definitivamente.

Bayrou, aún si cerrar la puerta al diálogo, se ha se ha negado por el momento a secundar a Borloo. Sus ambiciones chocan. Y sus estrategias también. El líder de la flamante UDI, que en las pasadas elecciones presidenciales renunció a presentar su candidatura para no erosionar las pobilidades de Sarkozy, ha dejado claro –al grito de que "independencia no es aislamiento”– que la vocación de la nueva fuerza política es constituir una coalición estable con la UMP. Como en los mejores tiempos de Giscard y Chirac. El tiempo dirá si también con las mismas zancadillas.

Fallos en cadena en Toulouse

Los servicios de información y la policía francesa fallaron a todos, o casi todos, los niveles en el caso del terrorista islamista Mohamed Merah, que el pasado mes de marzó asesinó a siete personas en varios atentados cometidos en Toulouse y su región. Así lo constata el informe oficial elaborado al respecto por la Inspección General de la Policía, que ayer fue dado a conocer en todos sus detalles –un hecho infrecuente– por el ministro del Interior, Manuel Valls.

Los autores del informe, Guy Desprats y Jérôme Léonnet –controlador general e inspector general de la Policía Nacional, respectivamente–, subrayan en sus conclusiones la existencia de “varios fallos objetivos” en la actuación de las fuerzas de seguridad. No se trata, subraya, de errores humanos, sino de una “conjunción de omisiones y errores de apreciación, problemas de dirección y de organización de los servicios y la compartimentación aún muy presente entre información interior, policía judicial y seguridad pública”.

Quienes salen peor parados del informe son los servicios de información, fusionados a partir del 2008 en la Dirección Central de Información Interior (DCRI). Detectado ya en 2006 por su relación con los círculos islamistas de Toulouse, los servicios secretos perdieron sin embargo incomprensiblemente la pista de Merah hasta finales del 2010, cuando les llegó la información de su control por una patrulla estadounidense en Afganistán. La investigación y vigilancia sobre Merah iniciada, a raíz de esta información, en enero del 2011 permitió poner en evidencia su “perfil islamista”, su “comportamiento extremadamente desconfiado” y su “radicalidad potencial”.

Los servicios de información, aunque tardíamente, tuvieron pues bien identificado al terrorista de Toulouse antes de que empezara a actuar. Ahora bien, después de esta primera constatación, la lentitud de los servicios centrales, la inhibición de los servicios territoriales de Toulouse y – sobre todo– la fallida entrevista de Merah realizada en noviembre de 2011 tras un viaje a Pakistán acabaron arruinando el trabajo inicial. 

Los ponentes del informe sobn muy críticos con el desarrollo de esa entrevista, en que Merah consiguió aparentemente convencer a sus interlocutores de que sólo había ido a Pakistán por turismo:Por falta de preparación, los agentes de información interior nunca estuvieron en disposición de poner a Mohamed Merah frente a sus contradicciones”. Creyendo que no era un individuo peligroso o convencidos de que podían atraerlo como informador –en eso, el informe no se mete–, los servicios secretos relajaron la vigilancia. “De hecho, a partir de enero de 2012, el dossier Merah no parece constituir ya una prioridad”, constata el informe. Dos meses después, Merah asesinó a tres militares franceses –perteneciemtes a unidades que sirven en Afganistán– y a cuatro personas –entre ellos, tres niños de corta edad– de confesión judía a la entrada de la escuela Ozar Hatorah.

A falta de datos sobre la investigación judicial en curso, bajo secreto del sumario, el informe no se pronuncia sobre el desarrollo de la investigación que permitió la identificación de Merah como autor de los asesinatos y su posterior neutralización. Se desconoce, pues, su juicio sobre si la información entre los diferentes cuerpos de seguridad discurrió con la diligencia adecuada durante el fin de semana que precedió a la masacre de la escuela judía. O dicho de otro modo, si la matanza, cometida el lunes 19, hubiera podido evitarse de haber indentificado más rápidamente al sospechoso, a la vista de los datos que estaban ya en posesión de los investigadores el sábado. En todo caso, los ponentes apuntan sibilinamente un problema de “compartimentación” entre los servicios de información y la policía judicial.

Los autores vuelven a enjuiciar severamente la actuación policial en la operación de detención de Merah, que acabó con su muerte el jueves 22 de marzo. Los dos especialistas critican, de entrada, los fallos de vigilancia, que permitieron que Mohamed Merah saliera de su domicilio la noche del día 20 para hacer una llamada telefónica y regresara después sin que la policía que lo rodeaba se apercibiera. De haberlo visto, los agentes del RAID podrían haberlo detenido o, al menos, haber retrasado su entrada en el domicilio. Cuando iniciaron el asalto, creyéndolo dormido, el terrorista estaba completamente despierto y respondió abriendo fuego desde detrás de la puerta. “Esta respuesta inmediata y violenta, en el curso de la cual algunos agentes resultaron heridos, desestabilizó el dispositivo y convirtió el resto de la intervención en particularmente difícil”. concluyen.

Las recomendaciones de los expertos

El informe del caso Merah incluye una serie de recomendaciones, desarrolladas en seis capítulos, para tratar de evitar la reproducción de los fallos detectados. Los ponentes proponen, entre otras cosas, revisar el procedimiento de fichaje de los sospechosos; mejorar el seguimiento de vuelos a países extranjeros conflictivos y agilizar la comunicación con la admnistración penitenciaria. También proponen reforzar legalmente la posibilidad de que los servicios de información investiguen, sin autorización judicial, los datos financieros de los sospechosos, así como incrementar la vigilacia sobre internet. Asimismo, recomiendan profesionalizar más los dispositivos de evaluación sobre la peligrosidad de los individuos, con la participación de analistas, juristas y psicólogos.

Avales por empleos

Avales a cambio de empleos. Ésta es la condición que el Gobierno francés ha impuesto al grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën para socorrer a la filial financiera del grupo, el Banco PSA Finanza (BPF), amenazado de asfixia financiera a causa de la degradación de la calificación por parte de las agencias de notación de la casa madre. La ayuda del Estado, en forma de avales o garantías, alcanzaría de entrada 5.000 millones de euros –ampliables a 7.000 millones– para que BPF pueda emitir nuevos títulos en el mercado ocontratar nuevos créditos. A cambio, PSA deberá reducir significativamente el número de despidos previsto, unos 8.000, en su plan de reestructuración.

El Gobierno francés, a través de su ministro de Regeneración Industrial, el fogoso Arnaud Montebourg, recibió con irritación mal reprimida el plan de reducción de plantilla presentado por PSA el pasado mes de julio, que incluye el simbólico cierre de la fábrica de Aulnay-Sous-Bois, en la región de París. Pero pese a sus protestas y amenazas, no encontró ningún resquicio para bloquearlo. Un informe pericial confirmó como inevitable la reestructuración de Peugeot.

Los problemas financieros del Banco PSA Finanza (BPF) han cambiado el equilibrio de fuerzas y otorgado al Gobierno una capacidad de presión inesperada. Ante la petición de ayuda del grupo PSA, el Ejecutivo ha impuesto la condición de suavizar de forma significativa el plan de reducción de plantilla. “La reducción del impacto social debe cifrarse en centenares de empleos preservados. No puede ser algo simbólico o anecdótico”, advirtió ayer Arnaud Montebourg en Libération.

El Gobierno, que mantuvo una reunión con la dirección de PSA la tarde del lunes, ha planteado aún otra condición: la incorporación al Consejo de Supervisión del grupo de un representante de los trabajadores y de un administrador “independiente” que actuaría como los ojos y los oídos del Estado en la cúpula de PSA.

El problema de la financiera de Peugeot, BPF, es en realidad ajena a la entidad, que según subraya el propio Gobierno es “solvente y rentable”. Pero la degradación del grupo PSA, cuya depreciación bursátil le ha hecho salir de la exclusiva lista del CAC 40, amenaza seriamente con encarecer gravemente –y por tanto bloquear– su acceso al crédito. La asfixia de BPF, que financia a los concesionarios y a los compradores, sería fatal para Peugeot, ya que afectaría a todo el grupo.

El acuerdo de principio entre el Gobierno y la empresa alcanza también a una treintena de bancos que, ante la intervención del Estado, se comprometen a renovar los créditos concedidos a BPF y a contratar otros nuevos por otros 5.000 millones.

La dirección de PSA podría confirmar hoy alguno de estos extremos durante la conferencia de prensa en la que tiene previsto explicar los planes conjuntos con el grupo norteamericano General Motors, que entró en febrero en PSA con el 7% del capital.

No es la primera vez que el Estado francés acude en socorro de la industria del automóvil. En el 2009, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, PSA y Renault recibieron cada uno préstamos del Estado por valor de 3.000 millones de euros para solventar sus problemas de tesorería ante la falta de crédito en los mercados. Ambos grupos, que se comprometiron a no despedir a nadie en ese momento, reembolsaron los préstamos en 2010 y 2011.

Manuel Valls, el hombre de moda

"Quiero decirle una cosa a Manuel. Para mí, para nosotros, la seguridad no es de izquierda ni de derecha. Y debo decir que estamos muy satisfechos de su acción”. Elogios como éste, el ministro francés del Interior, el barcelonés Manuel Valls, debe haber escuchado unos cuantos en los últimos meses, a tal punto su actuación es celebrada por casi todo el país. Pero el entusiasmo demostrado el pasado 11 de septiembre por el ex alcalde de Corbeil-Essonnes tenía un calado político especial: el cacique de esta ciudad de la banlieue sur de París no es otro que el octogenario Serge Dassault, senador de la UMP, presidente del grupo aeronáutico Dassault y propietario del diario conservador Le Figaro. “Lo está haciendo muy bien, por eso tiene el apoyo de un diario muy conocido –prosiguió el viejo patriarca–. Con los roms y todo lo demás, es formidable. ¡Bravo, Manuel!”.

La anécdota, probablemente incómoda para el ministro socialista, ilustra hasta qué punto su firmeza en materia de seguridad ha conquistado a la gente de orden, a las clases populares, a gran parte de los votantes de derechas. Y explica por qué Manuel Valls, que no por ello ha perdido el favor del electorado socialista, se ha convertido en sólo seis meses en el político más popular de Francia. Por encima del presidente de la República, François Hollande, y del primer ministro, Jean-Marc Ayrault. Mientras su popularidad sube, la de los otros dos baja en parecida proporción.

El fulgurante ascenso de Manuel Valls, un hombre que ha sido siempre minoritario en el Partido Socialista –en las elecciones primarias para elegir al candidato al Elíseo obtuvo un 5% de los votos– pero que tiene un gran olfato político y una extraordinaria habilidad para hacerse imprescindible, es algo raras veces visto.

Hasta ahora, la máxima popularidad –el número 1– parecía reservada a políticos retirados, como Jacques Chirac, o a figuras alejadas de la primera línea –como el presentador televisivo y activista ecologista Nicolas Hulot o Dominique Strauss-Kahn, cuando era director del FMI y aún no había sido detenido...–, pero nunca un ministro del Gobierno en ejercicio. Manuel Valls, nacido hace 50 años en Barcelona y naturalizado francés a los veinte, ha roto esta ley inmutable.

El barómetro mensual del instituto de opinión Ifop –publicado esta semana por Paris Match– le coloca en octubre por primera vez en cabeza, con una popularidad del 75% –ocho puntos de ascenso respecto a septiembre–, justo por delante de Christine Lagarde (66%) –decididamente, el FMI confiere prestigio y está suficientemente alejado de Francia– y del alcalde de París, Bertrand Delanoë (66%). El jefe del Gobierno, Jean-Marc Ayrault (59%) –con un descenso de ocho puntos– se sitúa en el puesto número 8 y François Hollande –siete puntos de caída–, en el número 12.

No se trata de un resultado aislado. El último barómetro de Ipsos para Le Point coloca de nuevo a Valls en primera posición con un nivel de confianza del 57% –siete puntos de ascenso en un mes–. Y según el último sondeo de TNS-Sofres para Le Figaro Magazine, la gestión del ministro del Interior es aprobada por el 56% de los franceses, que le consideran un político con autoridad (60%), competente y moderno (57% en ambos casos), simpático (51%) y cercano a las preocupaciones de la gente (50%)

Esta inflexión se gestó durante el verano. En un momento en que el Gobierno se mostraba ensimismado y pasivo, Valls estaba al pie del cañón. Mientras Hollande parecía ausente, Valls pisaba el terreno. Mientras algunos miembros del Ejecutivo daban sensación de bisoñez, Valls ofrecía competencia y seguridad. Valor seguro –y por tanto, valor en alza–, hombre fuerte del Gabinete, no es extraño que los analistas hayan empezado a imaginarle como primer ministro en el momento en que Ayrault –muy criticado– tenga que dejar Matignon.

Manuel Valls, que ya se alzó como una de las piezas indispensables de la campaña electoral de François Hollande, lo es ahora del Gobierno. Una condicion reforzada por una relación personal que se ha estrechado notablemente gracias a la amistad de su mujer, la violinista Anne Gravoin, con la compañera del presidente, Valérie Trierweiler.

Puesto delicado y severamente juzgado, el Ministerio del Interior puede convertirse en una plataforma de ascenso político inigualable. La carrera de Nicolas Sarkozy no se entiende sin su éxito previo en la plaza Beauvau. El semanario Le Figaro Magazine –totalmente en línea con su propietario– dedicaba hace una semana una elogiosa página a Valls a este respecto: “Algunos pensaban que Nicolas Sarkozy había matado el empleo de ministro del Interior. Manuel Valls demuestra lo contrario, dando pruebas de la misma energía y de la misma voluntad de ocupar el terreno (...) Su activismo contribuye largamente a salvar el balance de la acción del Gobierno. Como Sarkozy lograba hacer olvidar la inacción de Chirac”.

Duro con los ‘roms’, blando con la nacionalidad

Alcalde de Evry, una ciudad típica de la banlieue de París, durante los últimos once años, Manuel Valls conoce de cerca las inquietudes de las clases populares y sabe que, para mucha gente, la principal preocupación es la seguridad. Uno de los derechos básicos, a su juicio, que la República debe garantizar. Y uno de los asuntos que hace una década el entonces primer ministro socialista Lionel Jospin no supo manejar. Manuel Valls era entonces su portavoz en Matignon y tomó buena nota. Seriedad y firmeza son las dos cualidades principales que el nuevo ministro del Interior ha mostrado al frente de su difícil cartera. Firmeza contra la delincuencia. Firmeza contra el terrorismo. Firmeza contra el antisemitismo. Firmeza contra los campamentos ilegales de gitanos del Este –roms–, que ha ordenado desmantelar sin pestañear cuando ha sido necesario. Firmeza, también, contra los policías corruptos, como cuando decidió disolver toda la brigada contra la criminalidad de Marsella... En cierto modo, Valls estaría haciendo honor al apodo de “Sarkozy de izquierdas” que sus rivales en el seno del PS le colgaron hace ya mucho tiempo. Salvo que Valls no se muestra arrogante, cuida a su primer ministro y a su colega la ministra de Justicia, Christiane Taubira, y se abstiene de estigmatizar a los inmigrantes, a los extranjeros o a los musulmanes. Duro cuando ha de serlo –cuando los ciudadanos lo esperan de él–, Valls también se permite ser blando. Como cuando anunció, esta semana, la suavización de los requisitos para acceder a la nacionalidad francesa por naturalización. O la reintroducción de una matrícula identificativa para los agentes de la policía.

Rigor a la francesa

Nunca, desde la posguerra, ningún Gobierno francés había decidido un ajuste fiscal tan acusado como el previsto en el presupuesto del 2013 por el presidente François Hollande, determinado a situar el año que viene el déficit público en el sacrosanto umbral del 3% y alcanzar el equilibrio en el 2017, al final de su mandato. El rigor a la francesa tiene, sin embargo, poco que ver con las estrictas recetas de austeridad dictadas desde Berlín, Frankfurt y Bruselas. A diferencia de sus socios, Hollande centra más el ajuste en el aumento de los impuestos que en el recorte del gasto público.

El ajuste previsto en el presupuesto del 2013, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, suma 30.000 millones de euros, de los cuales 20.000 millones corresponden al incremento de la presión fiscal –que alcanza a todo el mundo, pero fundamentalmente a las familias de rentas altas y a las grandes empresas– y 10.000 millones a la reducción del gasto. El atornillamiento fiscal es aún más notable si se tiene en cuenta que en la revisión del presupuesto del 2012, aprobada en verano, nada más tomar posesión el nuevo Gobierno, se incluyó ya un aumento de impuestos del orden de 7.000 millones.

La derecha y la patronal han criticado severamente esta apuesta, que a su juicio inhibirá la inversión empresarial y ahogará toda posibilidad de relanzar la actividad económica, ya de por sí maltrecha. Las últimas previsiones del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) vaticinan que el ejercicio del 2012 arrojará un estancamiento absoluto de la economía –con un crecimiento del 0% del PIB–, mientras que muy pocos son los expertos que creen posible alcanzar en el 2013 el objetivo del Gobierno de crecer un 0,8%.

La corriente dominante, esencialmente liberal, considera que la única vía razonable, la única que funciona a largo plazo, es la reducción del gasto. El economista y ensayista Nicolas Baverez es, pues, muy crítico: “La apuesta económica de Hollande está perdida de antemano”, considera. A su juicio, “el choque fiscal de 20.000 millones de euros dará la puntilla a una economía que está estancada desde la primavera de 2011”, mientras que el aumento de la competitividad y la reducción del gasto “tienen un efecto recesivo menor que el aumento de impuestos”.

No es el único en pensar así. Para el director de investigación del banco de inversiones Natixis –del grupo BPCE (Banques Populaires y Caisses d’Epargne)–, Patrick Artus, el Gobierno francés comete un “grave error” al primar el aumento de los impuestos sobre la reducción del gasto. “Los ejemplos extranjeros y los estudios académicos muestran que esto tiene un coste mucho más elevado en crecimiento y empleo”, afirma. Y vaticina que los 20.000 millones extras de presión fiscal costarán un 1,5% del PIB y abocarán al país a una recesión del –0,5% el año que viene.

Otras voces son, sin embargo, mucho más matizadas, cuando no contradictorias. La presidenta del Consejo de Análisis Económico, Agnès Bénassy-Quéré, admite que a largo plazo lo verdaderamente eficaz es reducir el gasto. “Pero a corto plazo, cuando la coyuntura es mala –declaró a Challenge’s–, el efecto inmediato de los recortes es más recesivo que una subida de los impuestos”.

Un reciente estudio elaborado por los economistas Nicoletta Batini, Giovanni Callegari y Giovanni Melina para el Fondo Monetario Internacional (FMI) constata que una consolidación fiscal radical en un periodo de recesión “parece agravar los costes del ajuste fiscal en términos de pérdida de producción”, mientras que “un ajuste fiscal gradual, con una equilibrada composición de reducción del gasto y de aumento de impuestos refuerza las posibilidades de que la consolidación sea un éxito (y rápidamente)”. El resultado: dentro de un año.

El ministro Montebourg promueve el ‘Made in France’

Vestido con una marinera de la marca bretona Armor-Lux, luciendo un reloj Michel Herbelin y sosteniendo en sus manos un robot doméstico Moulinex, el ministro francés de Regeneración Industrial, Arnaud Montebourg, sorprendió el viernes a propios y extraños promoviendo de esta guisa el ‘Made in France’ en la portada del Magazine de Le Parisien. “Hemos de poner en concordancia los dos lóbulos de nuestro cerebro, el del ciudadano y el del consumidor”, dijo el ministro, que llamó a “comprar francés”. Poco habituados a ver a sus ministos convertidos en hombre-anuncio, los franceses acogieron la iniciativa entre sonrisas y sarcasmos. Al ser preguntada por lo que le parecía la foto, la presidenta de la patronal Medef, Laurance Parisot, contestó: “Muy sexy, si se puede decir...”.

La matanza de octubre

En cuatro líneas escrupulosamente medidas, François Hollande ha roto un nuevo tabú de la historia de Francia. El presidente francés reconoció oficialmente el miércoles, por primera vez desde la más alta instancia de la República, la responsabilidad del Estado en la “sangrienta represión” de la manifestación que miles de argelinos secundaron el 17 de octubre de 1961 en las calles de París para reivindicar la independencia de Argelia. La violenta actuación de la policía, mandada entonces por Maurice Papon –años después condenado por la deportación de judíos bajo la ocupacón–, causó entre varias decenas y varios centenares de muertos.

“La República reconoce con lucidez estos hechos. Cincuenta y un años después de esta tragedia, rindo homenaje a la memoria de las víctimas”, declaró el presidente. Hollande se contentó con difundir un escueto comunicado, en el que evitaba calificar de “pacífica” la manifestación independentista –pese a haberlo sido– y eludía toda asunción de culpa. Hasta ahora sólo el alcalde de París, Bertrand Delanoë, había reconocido estos hechos sangrientos, colocando una placa conmemorativa junto al Sena en el 2001.

Este simple, aunque histórico, reconocimiento satisfizo a las autoridades argelinas y a los supervivientes y familiares de las víctimas, además de a los historiadores. No así a algunas organizaciones de derechos humanos y antirracistas, que lo juzgaron tímido, ni a la derecha francesa, que lo consideró, por contra, excesivo.

El 17 de octubre de 1961, desafiando el toque de queda impuesto por las autoridades a los ciudadanos argelinos, el Frente de Liberación Nacional (FLN) convocó una manifestación pacífica en las calles de París. Entre 20.000 y 25.00 personas secundaron la manifestación, que se desarrolló en diversos puntos de la ciudad. La policía, desbordada, con ansias de venganza –una decena de agentes habían sido asesinados en atentados durante el verano– y alentada por su máximo responsable, el prefecto Maurice Papon, se lanzó a una represión salvaje. Numerosos manifestantes fueron muertos a tiros, a golpes de bates y culatas de fusil, lanzados vivos al río Sena... Algunos historiadores, como Jean-Paul Brunet, hablan de entre 30 y 40 muertos. Otros, en cambio, apuntan a entre 100 y 200. Jean-Luc Einaudi, uno de los mayores especialistas en la cuestión, cifra en 170 las víctimas mortales registradas el mismo día 17 de octubre, pero las eleva a 400 contando los días posteriores. La versión oficial nunca reconoció más que tres muertos y 64 heridos.

El primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, mostró una moderada satisfacción por las “buenas intenciones” de s Hollande, que en diciembre tiene previsto visitar Argelia. La memoria de la guerra –que Francia no admitió como tal hasta 1999– aún pesa en las relaciones bilaterales. La derecha francesa reaccionó con indignación. El ex primer ministro François Fillon y otros miembros de la UMP lamentaron la insistencia en la “culpabilidad” o el “arrepentimiento” de Francia.

Córcega ensangrentada

Córcega, la Île de Beauté, chorrea sangre. Dos atentados mortales, cuya conexión entre sí no está establecida, acabaron ayer con la vida de dos conocidas figuras nacionalistas: el letrado Antoine Sollacaro, abogado histórico del nacionalismo corso y una auténtica institución en la isla, y un ex militante de la organización terrorista Armata Corsa, Jean-Dominique Allegrini-Simonetti. El primero murió acribillado en las afueras de Ajaccio, la capital de Córcega, en el sur de la isla, y el segundo en el norte, en la población de Aregno, no lejos de Calvi, con sólo una hora de diferencia. Ambos crímenes elevan a 15 el número de víctimas mortales en Córcega en lo que va de año a causa de atentados o ajustes de cuentas en el mundo del nacionalismo corso y las mafias criminales, dos mundos inextricablemente unidos.

El nivel de violencia ha llegado a tal punto en Córcega en los últimos años –el penúltimo crimen, muy reciente, se produjo el pasado 11 de septiembre, con el asesinato a tiros de tres personas en el norte de la isla– que los repetidos ajustes de cuentas apenas causan conmoción. No pasó lo mismo ayer. La personalidad de Antoine Sollacaro, de 63 años, provocó un fuerte seísmo en Córcega y en el mundo judicial, donde el veterano y combativo abogado era muy conocido, además de unánimemente respetado. 

Experto en Derecho penal, era el abogado histórico del nacionalismo corso, aunque entre sus clientes tenía también a miembros de las mafias isleñas. Su actuación más notable, entre las recientes, fue la defensa de Yvan Colonna, el pastor corso condenado en 2009 en apelación a cadena perpetua por el asesinato del prefecto de Córcega Claude Erignac, el 6 de febrero de 1998, de tres tiros en la nuca.

Antoine Sollacaro, una figura que hasta ayer parecía intocable –y cuyo asesinato implica claramente una nueva escalada–, fue sorprendido por los asesinos, dos hombres que circulaban en moto, poco después de la mañana en una gasolinera en las afueras de Ajaccio cercana a su domicilio, donde el abogado acostumbraba a detenerse cada mañana para compra el periódico. Uno de los dos hombres, armado de una pistola, vació su cargador sobre su víctima, que se encontraba en el interior de su coche. La policía halló en el lugar una decena de casquillos del calibre 11,43 mm. La Jurisdicción Interregional Especializada (Jirs) de Marsella, especializada en el gran bandidismo, ha sido encargada de la investigación.

Las causas del asesinato del abogado Sollacaro, la identidad de sus autores o de sus instigadores, son por ahora un misterio. Pero parece verosímil que tengan que ver con la guerra abierta que diferentes clanes corsos están librando en el sur de la isla.

Sollacaro era amigo íntimo, además de abogado, del antiguo dirigente del Movimiento por la Autodeterminación (MAP) y actual presidente del club de fútbol AC Ajaccio, Alain Orsoni. El viejo líder nacionalista escapó en 2008 a un atentado –aparentemente, en represalia por la muerte de una figura de la mafia corsa, Ange-Marie Micelosi–, y posteriormente, en 2009, fue detenido por su presunta implicación en una ola de asesinatos en el mundo de la delincuencia organizada. Puesto en libertad, su hijo, Guy Orsoni, está sin embargo procesado. En abril del 2011, la ex alcaldesa de Porticcio, Marie-Jeanne Bozzi (UMP) –a la que se llegó a implicar en el complot contra Orsoni, antes de ser exculpada– fue asesinada a su vez. La espiral de la venganza no parece tener fin.

El asesinato ayer de Jean-Dominique Allegrini-Simonetti en el norte de la isla podría deberse también a un siniestro toma y daca, pero de otra guerra paralela que se libra en la Alta Córcega. Aquí, el Frente Nacional de Liberación de Córcega (FNLC) reivindicó a finales del año pasado su primer asesinato desde el año 1993 y amenazó a sus enemigos con devolver golpe por golpe: un mafioso, Christian Leoni, fue abatido en venganza por la muerte de un militante del Frente, Charles-Philippe Paoli. Los nacionalistas corsos mantienen aquí una guerra contra las mafias locales, con quienes se disputan negocios turbios y áreas de influencia.

El ministro del Interior, Manuel Valls, aseguró ayer en un comunicado que el Estado dirigirá con la más “firme resolución” el combate para poner fin a la violencia en Córcega. Desde el año 2005, las guerras de clanes han causado 70 muertos.

Les Echos se apunta a la web de pago

La costumbre de regalar la información gratis por internet conduce al abismo. A esta convicción ha llegado también, después de otros medios de comunicación de todo el mundo, el primer diario económico de Francia, Les Échos, que ha decidido seguir el ejemplo de The New York Times y Financial Times y hacer pagar por consultar sus artículos en la web. A partir de ahora, los internautas podrán leer gratuitamente sólo 15 artículos al mes y después tendrán que abonarse. Con este sistema, que busca crear el hábito en el lector, el NYT ha logrado más de 500.000 suscriptores.

El presidente del grupo Les Échos, Francis Morel, justificó este “cambio de modelo económico” en la necesidad de buscar ingresos alternativos ante la evidencia de que “los ingresos publicitarios en la web ya no crecen más”. Ahora bien, “si se quiere una información de calidad hay que invertir en los contenidos y, por tanto, buscar ingresos en otra parte”. Morel considera que los diarios siguen teniendo razón de ser –no en vano, subrayó, los sitios de información más visitados en internet son los de la prensa escrita– porque aportan “fiabilidad”.

El objetivo de Les Échos –que vende 121.000 ejemplares diarios y tiene tres millones de visitantes únicos en su web– es conseguir que la proporción de abonados a la edición digital pase del 15% actual –unos 11.000– al 30% o 40% del total.

A juicio del presidente de Les Échos, la emergencia de internet es “una oportunidad” para la prensa de papel. “Creo que ambos se refuerzan mutuamente”, opina. Al igual que otros editores y empresarios de la comunicación, Morel cree que la web no va a acabar, por el momento, con la prensa tradicional y que el papel tiene todavía vida por delante. “No sé lo que pasará dentro de veinte años, pero a corto y medio plazo no creo en absoluto en la desaparición de la prensa de papel”, afirma.

Recientemente, el presidente del grupo de internet y telefonía móvil Free, Xavier Niel –accionista asimismo de Le Monde–, expresó una opinión similar: “Esto puede parecer extraño en mi boca, pero pienso que el papel desaparecerá menos rápido de lo que pensamos. Las ventas de Le Monde en 2012 son superiores a las de 1967... Cuando se hacen artículos de calidad, cuando se sabe vender en el mercado un diario, se vende papel. Dentro de 15 a 25 años, otros soportes electrónicos flexibles quizá tomen su lugar. Pero estamos lejos, la tecnología no está a punto... Y además, poco importa el soporte: pienso que el lector estará siempre dispuesto a pagar para tener un análisis inteligente”, afirmó.

Primer ministro mareado por el cannabis

Vincent Peillon, ministro de Educación y uno de los hombres fuertes del Gobierno francés, se permitió ayer contradecir la línea oficial del Ejecutivo y proponer la despenalización del consumo de cannabis en Francia. Con su inesperada salida, Peillon consiguió una carambola redonda, pero en su contra: ofreció un flanco perfecto a la derecha para atacar al Gobierno y al presidente François Hollande –por el contenido de la propuesta y porque pone en evidencia una nueva contradicción en el seno del Gabinete– y debilitó un poco más la posicion del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, cuya autoridad está más que nunca en entredicho.

El jefe de Matignon se vio forzado a salir al paso para reafirmar su frágil autoridad, pero no está claro que lo consiguiera. “Los ministros deben defender la política de su ministerio y la del Gobierno, y nada más. No son comentaristas”, afirmó tajante. El problema es que no es la primera vez que Ayrault lanza una advertencia de este tipo, sin acabar de imponer la disciplina. Y, por si fuera poco, no es tampoco la primera vez que se ve obligado a recordar la posición contraria del Gobierno a la despenalización del canabis, ya defendida en su día por la ministra de la Vivienda, la ecologista Cécile Duflot. Llovía, pues, sobre mojado.

A Jean-Marc Ayrault sólo le faltó que trascendiera que había telefoneado a François Hollande al Elíseo para pedirle que pusiera firmes al ministro de Educación. Una revelación –sin duda filtrada por alguien que le quiere bien– que parece una confesión de impotencia. La polémica no podía caer en peor momento para el primer ministro francés, presentado por los medios de comunicación como un hombre carente de autoridad y determinación, desobedecido por sus ministros y marginalizado por el protagonismo del Elíseo.

“Irresponsabilidad”, “cacofonía”, “amateurismo”... la derecha no dejó pasar la oportunidad de descalificar al Gobierno de Jean-Marc Ayrault y pedir a coro –hasta quince diputados lo hicieron– la dimisión del ministro de Educación.

Vista desde España, la polémica puede parecer desproporcionada. A fin de cuentas, Vincent Peillon habló 

de “despenalización”, no de “legalización”, del cannabis. Francia es uno de los países más severos en esta materia, hasta el punto de que el mero consumo –si bien bastante tolerado en la práctica– está penado como delito con hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa.

¿Referéndum? Dos, mejor que uno

Quienes conservamos una cierta memoria histórica –un atributo que tiene menos que ver con el fósforo que con la edad- todavía nos acordamos de la formidable aportación que Adolfo Suárez hizo al acerbo de la prestidigitación política con el referéndum sobre la autonomía de Andalucía del 28 de febrero de 1980. Convocados para decidir si querían una autonomía rápida y de primera, o una lenta y de segunda, los andaluces tuvieron que responder a la siguiente pregunta: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. ¡Claro y diáfano¡ Por desgracia para el Gobierno de la UCD, que promovía la abstención, la maniobra fracasó.

Artur Mas no se dedicaba aún a la política en aquella época, pero parece poseer la misma maestría que Suárez para las fórmulas equívocas: “¿Usted desea que Catalunya se convierta en un nuevo Estado de la UE?”, es la pregunta que el presidente de la Generalitat querría someter a los catalanes en un futuro referéndum sobre la independencia. Hay que quitarse el sombrero ante la filigrana. No todo el mundo está dotado para esconder el verdadero objeto de la consulta –la independencia, esa palabra que parece a veces tan difícil de pronunciar-, introducir un elemento ajeno a lo que se discute –la adhesión a la Unión Europea- y hacer que tenga una apariencia aceptable. Dan ganas de gritar “¡olé!”, si no fuera porque los antitaurinos podrían ofenderse.

En contra de lo que pueda parecer, la pregunta de Artur Mas es muy pertinente. El único problema es que se quiere plantear a destiempo. Preguntar por la pertenencia a la UE tendría todo el sentido en un segundo referéndum –suponiendo que el sí a la independencia ganara el primero- para ratificar un eventual reingreso en Europa… Reingreso, en efecto, porque una Catalunya independiente y separada de España, quedaría automáticamente fuera de la UE desde el primer día de la independencia.

Quienes pretenden negar esta evidencia alegan que los tratados europeos no prevén –y, por tanto, no regulan- la eventualidad de que un territorio de uno de los Estados miembros se independice, y que en ese momento la voluntad política de Los 27 –que serán 28 cuando entre Croacia el 1 de julio del 2013- bastará para que Catalunya sea acogida con los brazos abiertos… Es una opinión basada en la fe.

Quienes venden ese magnífico futuro –con la misma convicción , por cierto, que quienes acaban de descubrir el valor de la lengua castellana en una Catalunya independiente y de los que dan por supuesto que ataremos los perros con longanizas- prefieren obviar el hecho de que la UE no es una unión de territorios, sino una unión de Estados. Con la independencia de Catalunya, España quedaría amputada, pero seguiría existiendo. Y el Reino de España se mantendría como miembro de pleno derecho de la UE (así como de la ONU y de todas las demás organizaciones internacionales). Catalunya, en cambio, sería un Estado totalmente nuevo, una entidad jurídico-política nueva que debería solicitar, negociar y ratificar su ingreso en todas estas organizaciones.

La Comisión Europea lo ha dejado bien claro: Catalunya causaría baja inmediata de la UE en el momento mismo de convertirse en un Estado independiente. Los tratados europeos no prevén qué hacer en un caso así, pero sí estipulan con meridiana claridad quiénes son los Estados miembros de la UE y Catalunya no aparece entre ellos. Reintroducirla en la Unión como socio número 29 obligaría a reformar los tratados, para lo cual sería necesaria una negociación y la unanimidad de todos los demás miembros.

La realidad de esta situación la ha advertido el vicepresidentes de la Comisión Europea Joaquín Almunia y la ha confirmado -como muy bien explica Beatriz Navarro en un artículo clarificador en La Vanguardia- el ex jefe del servicio jurídico del Consejo Europeo, Jean-Claude Piris. Quienes quieran seguir abundando en los argumentos jurídicos pueden buscar las opiniones del profesor Jordi Sellarès (Esade) o el trabajo redactado en el año 2000 por Andrés Ortega y José María de Areilza.

Llegado el momento, que el trámite para formalizar el reingreso en la UE fuera más breve o más largo, más fácil o más penoso, dependería mucho de la voluntad política de los socios europeos: entre ellos España – y ya se sabe el papel perverso que juega el despecho en muchos divorcios-, pero también Francia o el Reino Unido, poco interesados a priori en que el ejemplo cunda. Pero aún imaginando el escenario más favorable, la nueva Catalunya independiente necesitaría un tiempo para hacerse un hueco como sujeto internacional que ahora no tiene, incluido en la UE. Así son las cosas.

El periodo transitorio en el que Catalunya estaría fuera de la UE podría servir para hacer una nueva consulta a los catalanes. Esta vez sí, sobre la adhesión a la Unión Europea. A fin de cuentas, el reingreso supondría volver a ceder –esta vez, a Europa- una gran parte de la soberanía nacional recuperada, particularmente en materia económica, financiera y fiscal. O sea, dejar una parte sustancial de la independencia –ahí donde más duele- por el camino. ¿Por qué dar por supuesto que los soberanistas catalanes pueden estar interesados en que la nueva Catalunya independiente quede de nuevo sometida a los dictados de Bruselas, Berlín y París (más, en ciertos casos, Londres, Roma y Madrid)?

Una vez me pregunté en voz alta sobre la contradicción insoluble entre soberanismo y europeísmo. Un lector me dio esta respuesta: “Si alguna vez el pueblo catalán decide su independencia no me parece tan terrible salirse de Europa y del diktat del directorio, y como ejemplo le cito países como Noruega y Suiza, que les va muy bien sin pertenecer a la UE, y otro ejemplo más cercano, Andorra, que vive tan ricamente aplicando la política fiscal que le place y adoptando la moneda de los vecinos, con lo que no tienen ni que molestarse en tener Banco Central ni en imprimir billetes”. Sí… Artur Mas debería reflexionar seriamente sobre un segundo referéndum. La pregunta ya la tiene.

Enlaces:

http://t.co/SgziZOG; http://t.co/Nx7UksCt; http://t.co/YHCJncVt

http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/esade-opinion/viewelement/247842/1/demanar-lingres-a-la-ue-i-negociar

http://www.global-strategies.es/noticias/docs/ESCISION_PERMANENCIA_UE.pdf

La Primera Dama y el ex ministro

¿Cuántas veces cruzó Valérie Trierweiler la línea roja que separa –o debería separar– a periodistas y políticos? Sabido es que lo hizo una vez, razón por la cual es hoy Primera Dama. Pero podría no haber sido la única. Ésta es la tesis de una nueva biografía aparecida esta semana en Francia sobre la mujer del presidente francés, François Hollande. En su libro La Frondeuse (La revoltosa), los periodistas de televisión Christophe Jakubyszyn, jefe de la sección de política de TF1 y LCI, y Alix Bouilhaguet, gran reportera de France 2, sostienen que Valérie Trierweiler mantuvo una “relacion íntima” con el diputado y ex ministro de la UMP Patrick Devedejian –un hombre estrechamente vinculado años atrás a Nicolas Sarkozy–, a finales de los años noventa.

Los autores del libro aseguran que esta relación duró varios años y su final se solapó con el inicio de la relación con François Hollande. Durante todo ese tiempo, Trierweiler trabajaba como periodista política en Paris Match, semanario al que sigue hoy vinculada profesionalmente. En otro libro reciente sobre la Primera Dama y sus tumultuosas relaciones con la ex mujer de Hollande, Ségolène Royal, Entre deux feux (Entre dos fuegos), las periodistas Anna Cabana y Anne Rosencher aludían también a una relación amorosa entre Trierweiler y “un político de derechas” cuya identidad prefirieron guardar.

No es el caso de los otros dos autores. Por el contrario, tanto Jakubyszyn como Bouilhaguet han abundado generosamente en este tema en el transcurso de diversas entrevistas de promoción del libro. “En la época estaban los dos comprometidos [tanto Trierweiler como Devedjian estaban casados] y dudaron en dar el gran salto, en cambiar de vida”, afirmó el primero en el semanario Point de vue, donde explicó que las vacilaciones del político conservador acabaron echando a Trierweiler en brazos de Hollande, a la sazón primer secretario del Partido Socialista. “Devedjian sufrió mucho a causa de esta ruptura”, agregó el periodista.

Según el libro, el propio Nicolas Sarkozy habría intentado seducir a Trierweiler, cuya belleza parece haber llevado de cabeza a media clase política francesa. Según explicaba aún Jakubyszyn, el ex presidente comentó a veces: “¿Pero por quién se toma? ¿No soy suficientemente bueno para ella?”. Y cuando se enteró de su relación con Hollande habría dejado caer un comentario a medias entre la admiración y la incredulidad: “¿Cómo ha hecho para seducir a semejante cañón?”.

La publicación de la biografía y la multiplicación de declaraciones de sus autores desató ayer una nueva tormenta en el Elíseo. Encolerizada, Valérie Trierweiler anunció a través de su abogada, Frédérique Giffard, la presentación de una demanda judicial contra los dos periodistas por “difamación y atentado contra la vida privada”. “El carácter de las afirmaciones de los autores, adosadas a rumores no demostrados y malévolos que buscan manchar a su persona y a su familia, han llevado a Mme. Trierweiler a tomar esta decisión”, argumentó.

Patrick Devedjian, por su parte, tardó pocas horas en secundarle y anunciar a su vez la presentación de una segunda demanda también por difamación. En el momento de la supuesta relación, Devedjian era diputado y alcalde de Antony. Ministro de Libertades Locales y de Industria en los gobiernos de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005), asumió durante un tiempo la secretaría general de la UMP antes de regresar al Ejecutivo, de la mano de su amigo Sarkozy, como ministro para el Relanzamiento económico (2008-2010). Hoy preside el Consejo General de Altos de Sena.

La evocación de las relaciones sentimentales de Valérie Trierweiler en esta nueva biografía puso ayer de nuevo sobre el tapete la cuestión de la protección de la vida privada y hasta qué punto este tipo de informaciones son pertinentes o justificadas. Alix Bouilhaguet, coautora del libro, no tiene ninguna duda sobre el interés político de la relación entre la hoy Primera Dama y el ex ministro. Según ella, el hecho de haber amado a la misma mujer habría favorecido un mutuo respeto y estima entre Hollande y Devedjian, pese a militar en organizaciones políticas enfrentadas, que de otro modo sería inexplicable. “Era un poco como la historia de Jules y Jim”, bromeó Jakubyszyn, aludiendo al triángulo amoroso de la película de François Truffaut.

Valérie Trierweiler está determinada a mantener un pulso de hierro con sus compañeros de profesión y a no dejar pasar ni una (o casi). A principios de septiembre, la Primera Dama demandó a tres revistas del corazón –Closer, Public y Voici– por haber publicado fotos de ella en bikini este verano. Casualmente, perdonó a Paris Match –de la que sigue siendo asalariada– a pesar de que también publicó una de las imágenes. La revista VSD ya fue condenada a pagar 2.000 euros por lo mismo, más otros 2.000 de gastos de abogado.

La polémica desatada por La Frondeuse confirma las dificultades a las que se enfrenta la mujer de Hollande para mantenerse discretamente en un segundo plano. Ella misma abrió inconscientemente la puerta al difundir, el pasado mes de junio, su famoso tuit contra Ségolene Royal. Y ahora ya no puede cerrarla.

El penúltimo incidente, en el que ella no tuvo directamete nada que ver, se produjo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 26 de septiembre. Hollande, que participaba en la Asamblea General de la ONU, dio media vuelta en el vestíbulo al observar que su ex, Segolène Royal –vicepresidenta de la Internacional Socialista–, estaba allí rodeda de periodistas. Para evitarse una bronca con Trierweiler, se cubrió de ridículo. 

La yihad del converso

Siete de las doce detenidos en Francia el pasado sábado por su pertenencia a una presunta célula terrorista islámica pasaron ayer a disposición judicial acusados de asociación terrorista y tentativa de asesinato. De nacionalidad francesa y nacidos en Francia, la investigación ha revelado que todos menos uno ni siquiera son de origen musulmán, sino que se convirtieron al islam –al más radical, ya puestos– recientemente. El camino al extremismo pasó en algunos casos por la prisión.

Así pues, el que pasa ya por ser el grupo de terroristas islámicos más peligroso desmantelado por la policía en Francia desde los años noventa ha resultado ser una banda de jóvenes de banlieue, cristianos convertidos al islam, cuyo extremismo es inversamente proporcional a la profundidad de su formación religiosa.

Uno de los cabecillas del grupo, Jérémie-Louis Sidney, Anas, de 33 años, muerto por la policía el sábado cuando se resistió a tiros a su detención en Estrasburgo, se crió en Torcy (Sena y Marne) en el seno de una familia antillana católica de ocho vástagos, único chico frente a siete hermanas. De pequeño, acudió a clases de catecismo, pero no encontró lo que buscaba. Tras abandonar la escuela y ser puesto por el juez en una familia de acogida, acabó huyendo tres años después a Cannes, donde realizó diversos trabajos y se introdujo en el mundo de la droga. De este época data su conversión al islam. En el 2007 fue condenado a dos años de cárcel por tráfico de drogas. Y en la prisión se radicalizó.

Su compinche Jérémie Bailly, un “rubito” Abderramán, de 25 años, vecino de Torcy, podría acabar revelándose el líder del grupo. Convertido al islam hace tres años, la policía ha encontrado en su domicilio y en un trastero diversas armas, así como material para fabricar artefactos explosivos artesanales y una lista con las direcciones de asociaciones judías. Bailly y Sidney serían los autores materiales del atentado, con una granada, contra un colmado judío de Sarcelles el pasado 19 de septiembre.

Otros dos de los detenidos, Yann Nsaku, de 19 años y origen congolés, y Víctor Guevara, de 23, nacido en Cannes, son también convertidos. Ambos lo explicaron en sendos vídeos colgados en internet en diciembre del 2011 y enero del 2012 respectivamente. Guevara, que se hace llamar Jibril pero cuyo nombre es de origen español, explica en su vídeo haber estudiado en una escuela católica y haberse convertido al islam a mediados del año pasado, después de acercarse a la religión musulmana atraído por su “modo de vida”. “El islam ha sabido responder a mis preguntas sobre mi vida social y mi vida entera”, explicaba por su parte Nsaku.

El sociólogo Mohamed-Ali Adraoui, profesor en Sciences Po, que ayer publicó un artículo en Le Figaro sobre el posible perfil de estos islamistas radicales convertidos, vincula este proceso a la mundialización y la hostilidad de quienes se consideran sus víctimas a un poder global oculto. “Políticamente, es la violencia lo que fascina, motivada por la interiorización de un antagonismo con entidades fluctuantes –judíos, americanos–, esto es, los dominantes”, razona.

Eje París-Madrid

España y Francia acudirán al Consejo Europeo de la semana próxima –los días 18 y 19– con un mensaje tajante: todos los acuerdos adoptados en la crucial cumbre del pasado mes de junio para poner fin a la crisis financiera de la zona euro deben ser adoptados de acuerdo con lo previsto, y sin dilación, antes de fin año. El presidente del Gobierno español y el presidente de la República francesa, Mariano Rajoy y François Hollande, que se reunieron ayer en París en el marco de la XXI Cumbre franco-española, pusieron especialmente el acento en la urgencia de llevar adelante la unión bancaria y, sobre todo, poner en marcha la supervisión de los bancos de la zona euro por parte del Banco Central Europeo (BCE), condición indispensable para que los bancos españoles en dificultades –necesitados de entre 53.000 y 59.000 millones de euros– puedan ser recapitalizados directamente por el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Gobierno español confía en ello para rebajar la presión de los mercados financieros sobre la deuda española.

Rajoy y Hollande no abordaron, al menos formalmente, la cuestión de una posible petición de rescate por parte de España. Prudente, el presidente francés remarcó que la iniciativa debe venir de Madrid y le echó un capote al presidente del Gobierno español: “A España le corresponde decidir cuándo presenta su demanda, y a todos nos toca poner los mecanismos acordados a disposición de los países que lo necesiten, sin añadir otras condiciones que las ya puestas sobre la reducción del déficit”, dijo. Preguntado directamente por si había tomado ya una decisión sobre la petición de rescate, Rajoy respondió con un no implícito: “La respuesta es la que se imagina”.

Aunque ni Rajoy ni Hollande quisieron señalar a nadie, la presión conjunta de Madrid y París en favor de una rápida aplicación de los acuerdos relativos a la supervisión bancaria va dirigida a Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dado signos de no querer apresurarse, además de guardar un desacuerdo de fondo: mientras franceses y españoles apoyan la idea de la Comisión Europea de que el BCE controle a todos los bancos de la zona euro, los alemanes desearían dejar fuera a sus cajas de ahorros.

“En junio acordamos una cosa y, cuando uno es serio, mantiene lo acordado”, remarcó Rajoy, quien abrió la mano a aceptar de entrada un control parcial, instaurando “etapas”. Hollande aceptó tambié cierta flexibilidad, si bien subrayando que la lista de entidades financieras que controlar debe ser “suficientemente amplia como para no generar dudas”.

No se trata únicamente de la supervisión bancaria. Tanto España como Francia consideran que la totalidad de los acuerdos adoptados hace cuatro meses –que permitieron levantar el veto de Hollande al tratado de disciplina presupuestaria– deben ser aplicados, lo que incluye la puesta en marcha del MEDE –con el apoyo comprometido del BCE–, las medidas previstas en el Pacto por el Crecimiento y la implantación de la nueva tasa sobre las transacciones financieras. El presidente francés aseguró que nueve países se han mostrado de acuerdo para una cooperación reforzada, lo que permitiría empezar a aplicar la tasa en el 2013.

“El Consejo Europeo de junio tomó una serie de decisiones y lo que queremos es que se cumplan”, declaró con rotundidad Rajoy, quien añadió: “Es necesario dar una señal nítida y clara de que la UE continúa con determinación el proceso de integración europeo”. “Hemos de aplicar lo que hemos decidido”, remachó Hollande. El presidente francés subrayó la sintonía entre ambos países en este terreno: “España y Francia tenemos la misma concepcion de lo que hay que hacer en las próximas semanas”, dijo.

Ambos mandatarios mostraron asimismo su determinación de actuar conjuntamente en el seno de la UE para resolver el problema de Grecia dentro de la zona euro –“Su salida del euro sería un fracaso colectivo que no podemos permitirnos”, dijo el presidente español– y para defender, en la próxima discusión de las perspectivas económicas de la UE, el mantenimiento de la Política Agraria Común (PAC) y de los fondos de cohesión regionales.

Rajoy y Hollande expresaron asimismo una completa identidad de puntos de vista en materia de política internacional y particularmente en lo que atañe a las crisis en Siria y en Mali.

Tras tres años sin cumbres bilaterales –la última se celebró en el 2009–, el encuentro de ayer marcó un retorno a la normalidad. Al frente de una delegación integrada por cinco ministros –los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Magallo; Interior, Jorge Fernández-Dáz; Industria, José Manuel Soria; Agricultura, Miguel Arias Cañete, y Fomento, Ana Pastor–, el presidente del Gobierno español se mostró distendido y cómodo a la salida de la reunión en el Elíseo. “Nos sentimos bien tratados y a gusto”, afirmó con satisfacción.

Si las relaciones con el nuevo inquilino del Elíseo empezaron siendo correctas pero distantes, la complicidad –sobre todo en el ámbito europeo– ha ido imponiéndose entre Rajoy y Hollande, por encima de las divergencias ideológicas. El presidente español no lo dudó al asegurar que las relaciones entre España y Francia atraviesan “uno de los mejores momentos de la historia”.

Barcelona-Perpignan en TGV en abril del 2013

Mariano Rajoy aprovechó el marco de la XXI cumbre franco-española, celebrada ayer en París, para anunciar que el tramo pendiente del AVE entre Barcelona y Figueres entrará en servicio la próxima primavera. "Los primeros trenes circularán en abril del 2013", dijo en la conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, François Hollande, en el Elíseo. Ambos gobiernos acordaron acelerar la homologación y autorización del nuevo material rodante para que todo esté listo en esa fecha. En la declaración conjunta final, el Gobierno francés subraya que el tramo de alta velocidad entre Nîmes y Montpellier -cuyas obras ya han sido adjudicadas- está previsto que entre en servicio en el 2017. Pero no hay ni una palabra del tramo entre Montpellier y Perpiñán -el único que quedará pendiente de la línea entre Barcelona y París-, por el que actualmente el TGV circula por vía convencional. Este proyecto, previsto inicialmente para el 2020, podría retrasarse. El nuevo Gobierno francés ya ha anunciado que la totalidad del plan de extensión de la red del TGV aprobado por Nicolas Sarkozy no podrá ser llevado a cabo por falta de financiación. Una comisión evalúa en estos momentos qué obras serán realizadas y cuales aplazadas o anuladas.

Plan de acción contra el tráfico de drogas

Juntos contra el terrorismo, juntos contra el narcotráfico. Los ministros del Interior español y francés, Jorge Fernández-Díaz y Manuel Valls, firmaron un acuerdo para trasladar al terreno de la lucha contra el tráfico de drogas el exitoso modelo de cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo. El acuerdo prevé desarrollar un plan de acción trienal con el fin de intentar frenar en lo posible la entrada de droga procedente de norte y el oste de África, para lo que buscarán la colaboración de Portugal y Marruecos. Para el presidente francés, François Hollande, se trata de acuerdo más importante culminado en la cumbre franco-española que se celebró ayer en París.

España y Francia acordaron asimismo impulsar diversos proyectos en materia de interconexiones energéticas y de transportes. En el primer capítulo, ambos gobiernos decidieron impulsar una nueva interconexión eléctrica por la vertiente atlántica –complementaria de la que actualmente está en fase de construcción entre Baixas (Pirineos Orientales) y Santa Llogaia (Girona), que debe estar lista en el 2014– y hacerlo por el mar. Los estudios de viabildad deberían estar listos en el 2013 para tomar una decisión al año siguiente.

En materia de transportes, y a la vista del buen funcionamiento de la llamada Autopisra del Mar entre los puertos de Nantes-Saint Nazaire y Gijón (con barcos fletados para transportar camiones), se acordó crear una nueva línea entre Nantes y Vigo.

En materia ferroviaria, no hubo grandes decisiones, más allá de acelerar el proceso para que los trenes de alta velocidad puedan unir Barcelona y Perpiñán en abril del año que viene. Ambos gobiernos reiteraron asimismo su voluntad de desarrollar con Aquitania y Aragón los estudios para la reapertura de la línea de Canfranc.

A vueltas con Wert

Mariano Rajoy eludió ayer entrar en el fondo de la polémica, a la que respondió en un tono conciliador. "Yo lo que quiero es una buena convivencia, que todo el mundo se sienta orgulloso de ser catalán y español", respondió el presidente del Gobierno español tras ser preguntado por las afirmaciones de Wert durante la conferencia de prensa conjunta que realizó con el presidente francés, François Hollande, en el Elíseo. "Y a nivel educativo -añadió-, lo que quiero es tener una educación de más calidad. Eso es lo único que me preocupa". Momentos antes, hablando de la situación económica, había aludido veladamente a la tensión independentista en Catalunya al decir: "Me gustaría que trabajáramos todos juntos, colaborar y no crear más problemas de los necesarios".