Del caso DSK al caso Tron

El terremoto provocado por el caso DSK ha empezado a tener violentas réplicas en Francia. La fiscalía de Evry, capital del departamento de Essone –al sur de París–, decidió ayer abrir una investigación preliminar sobre el secretario de Estado de la Función Pública, Georges Tron, acusado de un presunto delito de agresión sexual. Tron, que además de miembro del Gobierno es alcalde de Draveil –una ciudad de 28.000 habitantes de la región parisiense– por la UMP, ha sido denunciado por dos antiguas empleadas municipales, de 36 y 34 años, que aseguran haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales entre 2007 y 2010.

Las dos mujeres dicen haberse decidido a presentar una demanda tras el reciente arresto del entonces director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, en Nueva York, acusado del intento de violación de una empleada del hotel Sofitel de Manhattan. “Cuando veo a una modesta mujer de la limpieza que es capaz de enfrentarse a Strauss-Kahn, me digo que no tengo derecho a callar. Otras mujeres sufren, quizá, lo que yo sufrí. Tengo que ayudarlas. Hay que romper esta omertá”, ha declarado una de ellas –enmascarada bajo el falso nombre de Laura– al diario Le Parisien.

El abogado de las dos denunciantes, Gilbert Collard –un conocido penalista–, confirmó la presentación ayer mismo por sus dos representadas de una denuncia contra Tron por acoso sexual. La fiscalía, sin embargo, apuntó que si los hechos denunciados se revelan ciertos serían algo más que acoso y podrían recibir una calificación más grave: agresión sexual y violación. El abogado del secretario de Estado de la Función Pública, Olivier Schnerb, calificó por su parte las acusaciones de las dos ex empleadas de “pamplinas” y avanzó que Tron presentará a su vez una demanda contra las dos mujeres por denuncia calumniosa.

Según la acusación de las dos demandantes, Georges Tron las habría sometido a un permanente acoso sexual mientras estuvieron a su servicio en la alcaldía, así como a tocamientos sexuales intempestivos. De acuerdo con su relato, el secretario de Estado habría iniciado su acercamiento presionando a las dos mujeres para aceptar masajes en los pies –pretextando sus conocimientos en materia de reflexología–, una práctica que se convirtió en habitual y que acabó pasando a mayores. “El señor Tron me subió la falda y metió la mano en mis bragas. Yo no tenía ninguna reacción, paralizada por el hecho de que no me esperaba eso. Tenía dificultades para respirar”, explica una de las demandantes en la denuncia. Las dos mujeres dicen haber protagonizado sendas tentativas de suicidio por esta causa. Laura explica en Le Parisien que se dió a la bebida y a los anxiolíticos, debido a su estado de ansiedad, y que en abril de 2010 ingirió una sobredosis de medicamentos que la dejaron en coma.

El secretario de Estado de la Función Pública, que admitió la historia de los masajes en los pies –que inscribió, en declaraciones al mismo diario, en el marco de un “intercambio de conocimientos” en materia de reflexología–, negó totalmente todo acoso o agresión sexual, una acusación que consideró “delirante”. En su defensa, Tron acusó a las dos demandantes de actuar por “venganza personal”, tras haber sido despedidas, y se presentó como víctima de una oscura maquinación vinculada a la extrema derecha, pues el abogado de las demandantes, Gilbert Collard, es amigo de la presidenta del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen.

Georges Tron, de 53 años y abogado de formación, fue director de gabinete del ex primer ministro Édouard Balladur. Próximo a Dominique de Villepin, de quien era uno de sus más cercanos colaboradores, se alejó del ex jefe de Gobierno tras ser nombrado secretario de Estado, en noviembre pasado, por Nicolas Sarkozy, que lanzó una auténtica opa sobre el equipo político de su rival.

El juicio a Villepin, en la recta final

Los abogados defensores del ex primer ministro Dominique de Villepin, juzgado en segunda instancia por el caso Clearstream, pidieron ayer al tribunal que confirme la absolución de su defendido. La fiscalía, en cambio, ha pedido 15 meses de prisión –con suspensión condicional de la pena– por complicidad.