Discutido
duramente por algunos líderes conservadores –con el primer ministro británico,
David Cameron, a la cabeza–, el candidato oficial de la derecha a presidir la
Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker recibió ayer el respaldo de
los dirigentes socialdemócratas de nueve países de la Unión Europea, quienes
consideran que debe respetarse el espíritu de las pasadas elecciones al
Parlamento de Estrasburgo, en las que venció el Partido Popular Europeo (PPE).
Ahora bien, en la balanza, los nueve líderes ponen también una flexibilización
de la actual política de austeridad y una apuesta decidida por el fomento del
crecimiento y el empleo.
Los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, François
Hollande; Italia, Matteo Renzi, Austria, Werner Faymann; Bélgica, Elio di
Rupio; Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt; Eslovaquia, Robert Fico; la República
Checa, Bohuslav Sobotka; Rumanía, Victor Viorel Ponta, y Malta, Joseph Muscat,
mantuvieron una reunión informal en el Elíseo para abordar la crucial cumbre de
Bruselas de los días 26 y 27, y proponer un frente común. Junto a ellos,
estaban también los socialdemócratas alemanes Sigmar Gabriel, vicecanciller y
ministro de Economía de Alemania, y Martin Schultz, presidente del grupo
socialista en el Parlamento Europeo; así como el primer ministro francés,
Manuel Valls. El encuentro vino a constituir la otra cara de la moneda de la
cumbre informal que el día 10 reunió a los líderes británico, sueco y holandés
en Suecia con la canciller alemana, Angela Merkel, a quien trataron de
convencer de que retirara su apoyo a Juncker bajo la amenaza de una posible
salida británica de la UE. Merkel se resistió, pero tampoco logró convencer a
sus interlocutores de que renunciaran a ejercer su oposición en Bruselas.
“Nosotros respetamos el espíritu que presidió las elecciones
europeas, esto es, que el partido que llegó en cabeza pueda proponer al
candidato que fue presentado, en este caso Juncker”, declaró François Hollande
a la salida de la reunión. El presidente francés dio a entender que los
socialistas y socialdemócratas europeos podrían apoyarle a cambio de obtener el
puesto de presidente del Consejo Europeo, que el belga Herman Van Rompuy, quien
está previsto que abandone el cargo el próximo mes de noviembre. Entre los nombres
que suenan como posibles sustitutos están dos ex primeros ministros: el italiano
Enrico Letta y el francés Jean-Marc Ayrault. En la negociación están también en
juego los puestos del Alto representante para la política exterior europea, que
actualmente ocupa la británica Catherine Ashton, y el del presidente del
Parlamento Europeo, que en la legislatira pasada ocupó Martin Schulz.
Para ser designado presidente de la Comisión Europea, en
sustitución de José Manuel Durao Barroso, Juncker debe conseguir el apoyo de la
mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la UE, así
como el voto de al menos 376 europarlamentarios. Una tarea ardua y difícil,
habida cuenta de la beligerancia británica –Merkel, poco proclive a reconocer
al Parlamento Europeo un papel tan relevante, quiere evitar una ruptura con
Londres–, pero que tras el pronunciamiento de ayer en París parece sin duda un
poco más cerca.
Los nueve líderes europeos, respaldados –lo que no es
baladí– por el vicecanciller alemán, pretenden asimismo plantear una inflexión
en la política de austeridad a ultranza aplicada hasta ahora por Bruselas bajo
la atenta vigilancia de Berlín. No se trata tanto de cuestionar la vigencia del
pacto de Estabilidad y de Crecimiento –que fija un límite del 3% del PIB al
déficit público y un 60% a la deuda–, como de aplicarlo con más flexibilidad,
de forma que la consecución de sus objetivos sea más dilatada en el tiempo. La
propuesta del italiano Renzi, apoyado por Hollande –“Entre Italia y Francia
compartimos los mismos objetivos de reorientación”, dijo el presidente
francés–, consiste en excluir de la contabilización del déficit el coste de
determinadas inversiones. Este planteamiento es también compartido por Sigmar
Gabriel, quien se pronunció días atrás en Toulouse por no contar en el déficit
el coste de las reformas estructurales. Pero en Berlín no todo el mundo piensa
lo mismo.
París, en segundo plano
Cuando fue elegido presidente de la República, en mayo del
2012, François Hollande se presentó como adalid de una reorientación de la
política económica de la UE y hasta amagó con bloquear la ratificación, por
parte de Francia, del tratado de Lisboa. Al final, todo quedó reducido a un
ruido de pirotecnia. Hollande consiguió introducir un cierto acento en favor
del crecimiento y el empleo –con medidas más bien modestas–, pero sin variar un
ápice la línea de austeridad a rajatabla impuesta por Alemania. Desde entonces,
Hollande ha sido más bien discreto. Tanto más cuanto que Francia ya necesitó –y
le fue concedido– un plazo suplementario de dos años, hasta el 2015, para
reducir el déficit al 3%, y no está claro que lo vaya a conseguir. El
presidente francés deja, pues, de buena gana que el italiano Matteo Renzi haga
el papel de ariete.
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