jueves, 19 de junio de 2014

¿Nuclear? Menos, pero sin prisas

François Hollande no parece tener prisa en acelerar la reducción del peso de la energía nuclear en Francia en plena crisis económica, sobre todo ahora que Los Verdes ya no están en el Gobierno y su capacidad de presión ha disminuido. El presidente francés mantiene formalmente el objetivo de reducir la proporción de energía eléctrica de producción nuclear del 75% actual al 50% en el año 2050 –tal como constaba en su programa de gobierno–, pero el proyecto de ley de Transición energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros no adopta compromisos concretos en este sentido. En el texto no hay ni rastro de una programación de cierre de reactores nucleares, ni siquiera de los de la central alsaciana de Fesenheim –la más antigua de Francia, abierta en 1979–, pese a que Hollande prometió clausurarla en el 2016.

“No vamos a abandonar la energía nuclear, es un sector que garantiza 200.000 empleos”, subrayó ayer la ministra de Ecología, Ségolène Royal –la cuarta titular de la cartera desde el 2012– durante la presentación de las grandes líneas del proyecto de ley. “No opongamos unas energías a las otras”, había declarado previamente en una entrevista concedida a Le Monde, donde remachó diciendo: “Cerrar un reactor no es sólo pulsar un botón”.

A falta de conocer el texto concreto del proyecto de ley, los ecologistas reaccionaron con prudencia y prefirieron esperar a ver. “Se puede hacer mucho más en el tema nuclear”, aventuró no obstante la secretaria nacional de Los Verdes, Emmanuelle Cosse.

El proyecto de ley fija un límite a la producción eléctrica de origen nuclear –los 63,2 gigawatios actuales–, lo que implicará necesariamente compensar la próxima entrada en servicio del nuevo reactor EPR de Flamanville –prevista para el 2016, aunque la obra ha acumulado varios retrasos– con el cierre de otro. Pero la concreción de todo eso queda fuera de la ley, que al parecer tampoco otorga al Gobierno –contrariamente a lo que se había llegado a plantear– la potestad de decidir el cierre de una planta nuclear por decreto. Lo que le forzará a negociar los detalles del cierre con la eléctrica EDF, que no por ser estatal es menos refractaria al retroceso de la energía nuclear.

El problema fundamental al que se enfrenta el Gobierno francés es el enorme coste –social, pero también económico– que supondría desmantelar una veintena de reactores, y la dificultad de sustituirlos por otros medios de producción de energía. El proyecto de ley apuesta por las energías renovables y fija como objetivo que su peso ascienda al 32% en el horizonte del 2030. Pero una cosa son los objetivos y otra los medios para alcanzarlos. El marco legal no cambia esencialmente y el coste es enorme: los expertos calculan que la transición energética necesita una inversión suplementaria anual de entre 15.000 y 30.000 millones de euros.

Y la realidad es que en el actual momento de restricciones presupuestarias el Gobierno tiene un escaso margen de maniobra. Tanto más –subrayan los críticos– cuanto que ha renunciado a imponer una fiscalidad punitiva sobre quienes contaminan. El ejemplo más claro es el de la llamada ecotasa, que debía gravar el transporte en camión y que fue dejada en suspenso tras las fuertes protestas en Bretaña. Ségolène Royal anunció que el Gobierno anunciará la semana que viene nuevas decisiones al respecto, pero las alternativas estudiadas van –en todos los casos– en el sentido de una suavización.

El proyecto de ley de Transición energética, que contiene unos 80 artículos y ha tenido una quincena de versiones diferentes, pretende ser –en palabras de François Hollande– “uno de los más importantes del quinquenato”. Y a nivel de objetivos lo es: nada menos que reducir en un 30% el consumo de energías fósiles de aquí al 2030 y rebajar a la mitad el consumo energético total en el 2050 respecto al 2012.

Entre las nuevas medidas avanzadas ayer por la ministra Royal, destacan la instalación, de aquí al 2030, de siete millones de bornes de recarga para vehículos eléctricos, o la obligación para todos aquellos que hagan obras de reforma de fachadas y tejados en su vivienda de realizar a la vez trabajos de renovación energética.



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