Nada consigue apagar la
cólera de la Bretaña. Ni la decisión del Gobierno francés de suspender
la polémica ecotasa –nuevo impuesto que a partir del 1 de enero iba a gravar el
consumo de carburante por parte de los camiones de transporte de mercancías–,
ni la apertura de un proceso de negociación con todos los interlocutores
políticos, económicos y sociales para poner en pie un plan de futuro para la
región, han logrado superar el malestar y la desconfianza de los bretones,
determinados a proseguir su movilización. La revuelta de la Bretaña,
particularmente delicada para el presidente francés, François Hollande –por
tratarse de un feudo de los socialistas–, va camino de escapársele de las
manos.
La nutrida manifestación del sábado pasado en Quimper, con
la participación de entre 15.000 y 30.000 personas, ataviadas con gorros rojos
–símbolo que evoca la revuelta de 1675 contra los impuestos del rey Luis XIV–,
demostró ya que los primeros gestos conciliadores del primer ministro,
Jean-Marc Ayrault, habían caído en saco roto. Los numerosos incidentes
registrados desde entonces –enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
asaltos a prefecturas y subprefecturas, destrucción de una docena de pórticos y
bornes instalados en las autopistas para controlar a los camiones por la
ecotasa– lo han confirmado. Ayrault prometió ayer mano dura contra los autores
de actos de violencia, pero lo cierto es que hasta el momento no ha habido
ninguna detención.
El problema principal, para el Gobierno, no es la acción de
algunos grupúsculos más radicalizados, sino la pervivencia de una fuerte
contestación de fondo. Ayer, en medio de una fuerte tensión, la reunión que se
llevó a cabo en la Prefectura de Rennes para abordar el citado pacto por la
Bretaña fue boicoteada por dos de los principales dirigentes de la protesta: el
alcalde de Carhaix, Christian Troadec, un independiente de derechas y con un
discurso autonomista, líder del movimiento de los gorros
rojos, y Nadine Hourmant, delegada del sindicato Fuerza Obrera (FO)
en Doux –el principal grupo europeo de producción de pollo, actualmente
afectado por un plan de reducción de plantilla–. Ambos habían impuesto dos
ultimátums inaceptables para el Gobierno: retirar definitivamente la ecotasa y
suspender todos los despidos.
El perfil de ambos líderes refleja la diversidad y
multiplicidad de intereses que confluyen en este movimiento de contestación, al
frente del cual también figuran Thierry Merret, histórico dirigente de la
organización agrícola FDSEA; Pierre Balland, presidente de la rama regional de
la patronal Medef, y Marc Le Fur, diputado de la unión por un Movimiento
Popular (UMP). La crisis económica –en particular, de la potente industria
agroalimentaria–, la sucesión de planes sociales y de cierres de empresas, el
consecuente aumento del paro y el incremento de le presión fiscal han acentuado
entre los bretones –con un sentimiento peninsular muy arraigado de vivir en un
rincón de Europa– la sensación de haber sido olvidados por París y abandonados
a su suerte.
Poco audible todavía, entre las reivindicaciones cruzadas –y
a veces contradictorias– que los diferentes actores están poniendo sobre la
mesa está la de obtener una mayor poder competencial y presupuestario para la
región. El alcalde de Carhaix, que se mira en el espejo de las comunidades
autónomas españolas, es uno de sus principales impulsores. No es casual, pues,
que el lema de la manifestación de Quimper fuera “Para vivir, trabajar y
decidir en Bretaña”... Una especie de derecho a decidir a la bretona.
Un contrato bajo sospecha
La polémica sobre la ecotasa tiene otra vertiente escandalosa.
La fiscalía de Nanterre (región de París) decidió ayer reabrir la investigación
sobre el contrato firmado en su día por el Estado francés –en la época de
Nicolas Sarkozy– y la empresa Ecomouv’ para la gestión de la ecotasa, que había
sido archivada el mes pasado. Este cambio ha venido dado por la aparición de
nuevos elementos que podrían dar a entender que hubo trato de favor. El
contrato, firmado en el 2011, atribuye a la empresa –participada por la
italiana Autostrade y las francesas Thales, SNCF, SFR y Steria– una
remuneración de 250 millones al año por ocuparse de la gestión de la ecotasa,
lo que equivale al 20% de los ingresos previstos. El propio presidente de la
UMP, Jean-François Copé, lo ha juzgado “aberrante”.
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