jueves, 5 de septiembre de 2013

Siria fractura al Parlamento francés

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, ya pudo ayer invocar las operaciones militares francesas en Libia y Mali, que no logró concitar la misma unanimidad en el Parlamento. Por el contrario, si la opinión pública francesa es mayoritariamente hostil a lanzar una operación punitiva contra el régimen de Damasco, su representación política está profundamente dividida, como demostró el debate –sin voto– organizado ayer en paralelo en la Asamblea Nacional y el Senado.

Una eventual votación en el Parlamento francés podría tener una salida tan incierta como en la Cámara de los Comunes británica o en el Congreso norteamericano, razón por la cual el presidente François Hollande, que no está constitucionalmente obligado a pedir la autorización de las cámaras para decidir una intervención militar en el exterior, muy probablemente eludirá este escollo.

Jean-Marc Ayrault en la Asamblea Nacional y el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, en el Senado –ambos literalmente con el mismo discurso–, trataron de convencer a los parlamentarios de lo bien fundado de una intervención militar punitiva y limitada contra el régimen de Bachar el Assad por la utilización de armas químicas contra su propia población. Tras presentar de nuevo las pruebas que han logrado reunir los servicios secretos franceses, ambos expusieron los dos principales argumentos que Francia pone sobre la mesa –tanto a nivel interior como exterior– para justificar la intervención: la necesidad de castigar el uso de armas químicas con el fin de disuadir de su utilización en el futuro y la de forzar a Assad a negociar una solución política a la guerra civil que sangra al país.

“La solución a la crisis siria será política y no militar. Pero miremos la realidad cara a cara, si no detenemos tales comportamientos del régimen no habrá solución política”, afirmó Ayrault, quien defendió la necesidad de que Assad abandone el poder pero recalcó que en ningún caso la intervención militar propuesta –limitada, subrayó– pretende derribar al dictador. “No proponemos la guerra”, subrayó.

El primer ministro no convenció más que a los ya convencidos: la mayoría del Partido Socialista (PS) –donde hay algunos disidentes– y de Europa Ecología-Los Verdes, entre cuyas filas hay también algunos opositores. La derecha y el centroderecha, desde la Unión por un Movimiento Popular (UMP) hasta la Unión de Demócratas e Independientes (UDI) pasando por el Movimiento Demócrata (MoDem), mostraron serias reticencias frente a una operación de este tipo y en cualquiera de los casos manifestaron su oposición a toda operación al margen de la legalidad de las Naciones Unidas. La extrema izquierda –el Frente de Izquierda, que reúne también a los comunistas– y la extrema derecha –el Frente Nacional– están frontalmente en contra de tal acción.

Ayrault trató también de convencer a los parlamentarios de que Francia no se encuentra aislada en este envite, sino que cuenta a priori con la alianza de Estados Unidos y el apoyo previsible de Europa y de los países de la Liga Árabe. La visión, muy optimista en el actual estado de cosas, no oculta el hecho de que la iniciativa francesa está fundamentalmente pendiente de lo que decida el Congreso norteamericano.

Hollande lo ha dejado explícitamente claro: si Estados Unidos, que debería ser la columna vertebral de la coalición internacional, no va, Francia tampoco lo hará. Sencillamente porque no puede. Y optará entonces por reforzar su apoyo militar a las fuerzas rebeldes. No deja de ser irónico que el presidente francés, que defiende las prerrogativas constitucionales que le otorga la V República para decidir en solitario se encuentre en realidad condicionado no por lo que decida el Parlamento francés, sino la Cámara de representantes de EE.UU.

A lo largo de esta semana, Hollande ha multiplicado sus gestiones para tratar de conseguir un apoyo político –ya que no militar– de los países de la Unión Europea, un asunto que acabará de tratarse en paralelo a la cumbre del G-20 en San Petersburgo. Por ahora, sin embargo, los apoyos explícitos son más bien magros: Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Rumanía... 


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