“Francia es absolutamente contraria a la independencia de
Catalunya, lo que por otra parte es normal. Es contra su modelo de Estado que
nosotros luchamos desde hace trescientos años”. Lúcido y sin paños calientes,
Jordi Pujol no se engañaba esta semana en París sobre la escasa simpatía
–cuando no beligerancia– que los objetivos secesionistas catalanes pueden
encontrar al otro lado de los Pirineos. El asunto es en Francia políticamente
tabú, un asunto interno de España en el que París no quiere entrar, ni oficial
ni oficiosamente. Aunque en privado y bajo juramento de respetar el anonimato
hay quien juzga que la disgregación y el debilitamiento de España, un aliado
incondicional de Francia en Europa, sería muy mala noticia.
“Los franceses observan lo que está pasando con asombro,
pero por su historia están espontáneamente del lado del Estado”, sostiene el
politólogo Stéphane Rozès, presidente de la sociedad Conseil, Analyse et
Perspective (CAP), como si quisiera dar la razón al ex presidente catalán. En opinión de Rozès, “la situación es muy complicada, mucho
más complicada de lo que parece,tanto para España como para Catalunya”. Y
vaticina que en caso de separación, ambas serían duramente atacadas por los
mercados financieros. El politólogo está convencido de que si se celebrara
ahora un referéndum, la opción de la independencia saldría triunfante y ello
conduciría al “desmantelamiento de España”. “El Gobierno español debería tratar de encontrar una
solución de compromiso razonable”, sostiene, con el fin de evitar la ruptura.
Pero no se manifiesta optimista: “La Historia demuestra que la razón no vence
siempre”, dice.
La negociación y el acuerdo parecen, a juicio de Guilaume
Tusseau, profesor de Derecho Público en Sciences po, la única vía para celebrer
una consulta en Catalunya, puesto que la Constitución española no lo reconoce.
“Haría falta una ley”, opina. Tusseau, quien recientemente participó en un seminario sobre
el derecho a decidir organizado por la delegación de la Generalitat en París,
considera que el principal argumento jurídico-político esgrimido por los
independentistas catalanes –esto es, el derecho democrático de los individuos
de un territorio a decidir su forma de gobierno– es un arma de doble filo: “Por
este mismo principio, dentro de Catalunya, los contrarios a la independencia
podrían reivindicar a su vez la independencia del nuevo Estado”.
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