El pulso
planteado por una parte de los sindicatos franceses y la extrema izquierda a
François Hollande por la reforma de las pensiones, a priori la reforma
potencialmente más conflictiva de su mandato, no pudo empezar mejor para el
presidente francés. Los cuatro sindicatos convocantes de la jornada de protesta
de ayer, la primera de una campaña que en principio se presume larga –entre
ellos la CGT y Fuerza Obrera (FO)–, consiguieron una movilización más que
discreta.
Las 170 manifestaciones organizadas en todo el país sólo
reunieron a entre 155.000 y 360.000 personas –según los datos contradictorios
de la policía y los organizadores– y los paros previstos en el sector público,
gracias a los servicios mínimos pero también a una débil participación, apenas
tuvieron repercusión. “Los franceses están contra esta reforma, no hay que
engañarse, la movilización está en las cabezas”, se consoló el líder del Frente
de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Los sondeos, en efecto, señalan que el 56% de
los ciudadanos rechaza la reforma...
Las razones de este primer fracaso –que no presupone la
evolución de las protestas en el futuro– son diversas. De entrada, la reforma
ha sido pactada con una parte de los sindicatos, particularmente la CFDT, y el
Gobierno ha evitado los principales escollos que podrían haber generado una
protesta más activa: no toca la situación de los funcionarios ni tampoco los
regímenes especiales de las grandes corporaciones públicas. Por otro lado, los
franceses parecen bastante resignados después de la experiencia de hace tres
años: la reforma de las pensiones aprobada en el 2010 por Nicolas Sarkozy –que
elevó de 60 a
62 años la edad legal de jubilación– generó una potentísima movilización, con
una decena de jornadas de protesta que pusieron el país patas arriba, y sin
embargo acabó siendo aprobada.
En la reforma actual, los socialistas han evitado tocar la
edad legal de jubilación –de la que hicieron un caballo de batalla hace tres
años– y han introducido algunas mejoras caras a los sindicatos en materia de
reconocimiento de los empleos penosos y el trato que reciben los trabajadores
con contratos parciales, generalmente las mujeres, a la hora de calcular la
pensión de jubilación.
El Gobierno de Hollande ha optado, en cambio, por alargar el
periodo de cotización exigido para poder cobrar la pensión completa, que pasará
progresivamente de 41,5 años –cifra a la que se debe llegar en el 2020, según
la reforma de Sarkozy– a los 43 años en el 2035. Éste es el aspecto más
contestado y el que ha empujado a algunos sindicatos a oponerse a la reforma.
Pero sin una gran beligerancia. Así la CGT, no pide la retirada de la reforma y
sólo reclama algunas modificaciones.
Para ahorrarse una gran protesta social, la reforma de
Hollande se queda a medias. A través de un aumento moderado de las
cotizaciones, el Gobierno logrará cubrir el déficit previsto en el régimen
general –7.300 millones en el 2020–, pero eso sólo representa un tercio del
déficit total.
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