Christine
Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró ayer en
París durante casi 13 horas ante los tres jueces del Tribunal de Justicia de la
República –única instancia que puede juzgar en Francia a un ministro o
exministro por las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo– que
investigan el denominado caso Tapie. El interrogatorio de Lagarde, sospechosa
de favoritismo, seguirá hoy.
La exministra francesa de Economía podría ser imputada, por
complicidad en falsificación y malversación, por haber recurrido a un tribunal
de arbitraje para resolver el litigio entre el Estado y el empresario Bernard
Tapie por la venta de Adidas en 1993. El tribunal arbitral, algunos de cuyos
miembros son sospechosos de parcialidad, fijó en el 2008 la indemnización que
el Estado debía pagar al empresario en 285 millones de euros –45 millones de
los cuales, en concepto de perjuicio moral–, que con los intereses acumulados
se elevó a 403 millones. Una cantidad muy superior a la que se habría llegado
siguiendo la vía judicial ordinaria.
El caso Tapie se remonta a principios de los años noventa,
cuando el controvertido empresario, interesado en entrar en política –fue
ministro con François Mitterrand–, encargó al Crédit Lyonnais la venta de
Adidas. Tapie, que poco tiempo después acabaría en bancarrota, resultó
directamente perjudicado en la operación –el precio de la venta de la empresa
se reveló inferior a su valor real– y la justicia acabaría condenando al banco
en varias sentencias a indemnizarle. Si es el Estado francés el que ha pagado
es porque en la época el Crédit Lyonnais estaba nacionalizado.
Que el Estado francés tenía que indemnizar a Tapie era una
evidencia. Otra cosa es la cuantía. Lo que la justicia reprocha a Lagarde es
haber optado por la fórmula que se ha demostrado más beneficiosa para el
empresario y más perjudicial para el Estado. Y haber renunciado después
–desoyendo a los servicios de su ministerio– a presentar recurso contra la
decisión del tribunal arbitral. La gran incógnita política del caso es si
Lagarde decidió sola –como ella ha sostenido hasta ahora– o siguiendo las
instrucciones del presidente Nicolas Sarkozy, quien entre el 2007 y el 2010 se
reunió 18 veces con Tapie.
Sin esperar a la decisión de los jueces, el FMI reiteró ayer
de nuevo, por boca de su portavoz oficial, Gerry Rice, la confianza de este
organismo en “la capacidad de la directora general para asumir eficazmente sus
funciones”. Oficialmente, Lagarde cuenta también con la confianza del Elíseo,
satisfecho con la gestión de la exministra al frente del FMI –sobre todo desde
que critica abiertamente las políticas de austeridad europeas– y preocupado por
la mala imagen que representaría para Francia su dimisión, sobre todo después
de que su antecesor, el también exministro francés Dominique Strauss-Kahn,
tuviera que renunciar al cargo por un escándalo sexual.
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