Después de dos
días de interrogatorio judicial –casi 24 horas de declaración en total– por su
papel en el caso Tapie, la directora general del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, salió ayer del Tribunal de Justicia de la República
aliviada. Los tres jueces instructores del caso concluyeron que no hay por
ahora suficientes indicios “graves y concordantes” –como exige la ley– para
imputarla por un presunto delito de falsificación y malversación, y le
atribuyeron la condición de “testigo asistido”, lo que le permite tener acceso
al sumario y contar con la asistencia de un abogado. La amenaza de imputación,
sin embargo, no está definitivamente descartada.
A la salida del tribunal, Christine Lagarde subrayó que su
condición de “testigo asistido” no era para ella una sorpresa. “Mis
explicaciones han permitido aportar las respuestas a las dudas que se habían
suscitado sobre mis decisiones”, dijo en una breve declaración, en la que
insistió en que siempre actuó “en interés del Estado y conforme a la ley”.
La justicia sospecha que Christine Lagarde, en la época
ministra de Economía bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, favoreció al
empresario Bernard Tapie en la resolución de litigio que le enfrentaba al banco
Crédit Lyonnais –y por extensión al Estado francés, que gestiona el pasivo de
la entidad financiera de la época en que era de titularidad pública– por la
venta de la empresa Adidas, de su propiedad, en 1993.
Bernard Tapie considera –y en este punto la justicia le ha
dado la razón en varias ocasiones– que el Crédit Lyonnais le traicionó en la
operación de venta de Adidas, que él le había encargado. El banco, en lugar de
encontrar un comprador, adquirió la empresa a través de dos filiales y tiempo
después la revendió por un precio superior. Diversas sentencias han dado la
razón a Tapie, pero la fijación de la cuantía de la indemnización a la que
tenía derecho ha sido objeto de larga controversia.
Para poner fin al litigio, Lagarde autorizó en el 2007 una
fórmula –la constitución de un tribunal arbitral, usual entre empresas
privadas– que presumiblemente habría beneficiado a Tapie en detrimento del
Estado, lo que tanto Lagarde como el empresario contestan. El tribunal arbitral
decidió en el 2008 atribuir a Bernard Tapie una indemnización total –incluyendo
intereses, daños morales y otras cuentas pendientes– de 403 millones de euros.
Los servicios del Ministerio de Economía aconsejaron a Lagarde presentar un
recurso, pero la entonces ministra prefirió renunciar y dar por buena la resolución.
La directora del FMI sostiene que esta solución ahorró
dinero al Estado, mientras que los investigadores sospechan que fue más bien al
revés y que el tribunal pudo actuar con parcialidad. La relación de amistad de
Bernard Tapie con Nicolas Sarkozy –con quien se reunió en 18 ocasiones entre el
2007 y el 2010– añade elementos de incertidumbre.
En una entrevista concedida al diario Le Parisien, Bernard Tapie consideró totalmente inverosímil que la
decisión del tribunal arbitral pueda llegar a ser revocada y que se le pueda
exigir la devolución del dinero. El empresario añadió que, tras pagar sus
impuestos y sus deudas, le quedaron menos de 100 millones.
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