Ya lo dijo Jacques Chirac en el 2000 al referirse a las acusaciones de corrupción de que era objeto su gestión al frente de la alcaldía de París: “Todo esto va a hacer pitchsssss”. Después de una larga instrucción y una más larga espera, a causa de la inmunidad penal que protege al jefe del Estado durante el ejercicio de su cargo, el juicio al ex presidente francés por uno de esos casos –el de los llamados “empleos ficticios”– va camino de desinflarse.
La vista empezó ayer sin la presencia de Chirac, excusado debido a su edad –78 años– y su estado de salud de acudir a la primera jornada, destinada únicamente a los asuntos procedimentales. El ex presidente francés, que no tiene intención de acudir al tribunal antes del miércoles, podría no llegar a sentarse en el banquillo. Una cuestión prioritaria de constitucionalidad –sobre la prescripción del delito– presentada ayer por la defensa de uno de los 10 acusados podría acabar obligando a suspender sine die el proceso. El tribunal lo decidirá hoy.
Acusado de malversación de fondos públicos, Chirac será el primer presidente de la V República en ser juzgado. Una circunstancia que incomoda a numerosos políticos a derecha e izquierda –que creen que todo esto llega demasiado tarde–, pero no a los ciudadanos de a pie, el 71% de los cuales considera normal que el juicio se celebre. En caso de ser declarado culpable, Chirac se enfrenta a una posible pena de hasta 10 años de cárcel, 150.000 euros de multa e inhabilitación.
Chirac, sin embargo, no tendrá enfrente acusadores de peso. El fiscal jefe, Jean-Claude Marin, ha renunciado a la acusación, tras haber solicitado el archivo de la causa por entender que no había delito. El Ayuntamiento de París, que se presentaba como acusación particular, se ha retirado también después de que el alcalde, el socialista Bertrand Delanoë, firmara un acuerdo por el cual la UMP y el propio Chirac devolverán a las arcas municipales 2,2 millones de euros por el perjuicio sufrido. Sólo un grupo de asociaciones anticorrupción se ha presentado a última hora para cubrir este vacío, lo que la defensa de Chirac contesta.
El caso de los “empleos ficticios” de la alcaldía –que reúne en realidad dos casos idénticos instruidos originalmente por dos juzgados diferentes, en París y en Nanterre– alude al supuesto sistema de financiación ilegal organizado por el entonces principal partido de la derecha, el RPR –antecedente de la actual UMP –, consistente en contratar falsamente como empleados o comisionados del Ayuntamiento de París a personas del partido, que cobraban un sueldo municipal sin ejercer en realidad ninguna función. Los 28 casos de empleos ficticios incluidos en el sumario se produjeron mientras Chirac era alcalde de París (1977-1995) y a la vez presidente del RPR.
Cuando la justicia abrió el caso, en 1999, chocó con la inmunidad que protegía a Chirac en tanto que presidente de La República, por lo que su procesamiento tuvo que esperar a que, en 2007, abandonara el Elíseo. Nada protegió, sin embargo, al ex primer ministro y actual ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, quien en el momento de los hechos era teniente de alcalde de finanzas y secretario general del RPR, y que en 2004 fue condenado a 14 meses de prisión –con suspensión condicional de la pena– y un año de inelegibilidad. Juppé se retiró temporalmente de la política y dejó la presidencia de la recién nacida UMP, abriendo así el camino a la toma del poder del partido por Nicolas Sarkozy.
Junto a Chirac, se sientan en el banquillo otras nueve personas, presuntos cómplices o beneficiarios del sistema de los empleos ficticios. Entre ellos están dos antiguos directores de gabinete de Chirac, Michel Roussin y Rémy Chardon, así como un nieto del general De Gaulle, Jean de Gaulle, y François Debré, hermano del presidente del Consejo Constitucional, Jean-Louis Debré.
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