Quien desee ver a Jacques Chirac en el banquillo tendrá que esperar. Tres meses al menos. Un día después de abierto el proceso, el tribunal que debe juzgar al ex presidente francés y a otros nueve acusados por el caso de los denominados “empleos ficticios” de la alcaldía de París decidió ayer suspender la vista al menos hasta el 20 de junio, a causa de la cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por el abogado de uno de los procesados.
La demanda deberá ser examinada ahora por el Tribunal de Casación –que dispone de tres meses para hacerlo– y, si considera que tiene fundamento, enviarla al Consejo Constitucional, que puede emplear otros tres meses en dictaminar. En tal caso, el Consejo deberá prescindir en sus debates de dos de sus más insignes miembros: el propio Jacques Chirac –que forma parte en su calidad de ex presidente de la República y que ha suspendido temporalmente su participación– y el presidente del organismo, Jean-Louis Debré, pues uno de los juzgados es su hermano François.
Este nuevo problema jurídico no debería impedir, sólo retrasar, el juicio a Chirac, salvo que de aquí a entonces surja algún nuevo obstáculo. Los abogados del ex presidente francés, de 78 años, no han utilizado hasta ahora esta carta, pero las recientes informaciones sobre sus problemas de salud podrían haber contribuido a preparar el terreno.
Formalmente, Chirac no sólo está dispuesto a responder ante el tribunal, sino que tiene “ganas” –según aseguró ayer uno de sus abogados, Georges Kiejman– de que el juicio se celebre. En la confianza, naturalmente, de ser absuelto. La ausencia de una acusación de peso juega a su favor.
La fiscalía, que pidió el archivo de la causa por juzgar que no había indicios de delito, ha renunciado a ejercer la acusación. Lo mismo que el Ayuntamiento de París, principal perjudicado y hasta el pasado agosto principal acusación particular, que decidió retirarse tras llegar a un acuerdo con la UMP y el propio Chirac por el cual percibirá 2,2 millones de euros como compensación por los perjuicios sufridos.
El caso de los “empleos ficticios” alude a un presunto sistema de financiación irregular del partido de Chirac –el RPR, antecedente de la UMP– durante su etapa como alcalde de París consistente en pagar sueldos municipales a personalidades del partido o familiares por funciones inexistentes. Un grupo de asociaciones anticorrupción se ha personado en la causa para cubrir el vacío dejado por el Ayuntamiento de París, pero los abogados de Chirac contestan su legitimidad.
El ex presidente francés no está detrás de la demanda que ha forzado la suspensión del juicio –como subrayó ayer el máximo responsable de su defensa, Jean Veil–, sino uno de sus antiguos directores de gabinete, Rémy Chardon. El origen del problema es la fusión, en la misma causa, de dos sumarios diferentes: uno instruido por un juzgado de París y el otro por un juzgado de Nanterre. El abogado de Chardon reivindica, en contra de la jurisprudencia vigente, que en el primero de los casos el delito ha prescrito. Y este es el asunto que deberá dilucidarse ahora. Ello no afecta sin embargo al caso de Nanterre, que ya fue juzgado –y por el que en 2004 fue condenado el actual ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé– y del que sólo queda como acusado Chirac. Su condición de presidente había impedido hasta ahora juzgarle.
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